La Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares el recorte de $300 millones del presupuesto que recibe la Universidad de Puerto Rico (UPR). En la actualidad, la institución recibe alrededor de $833 millones por parte del Fondo General por medio de la fórmula del 9.6%, establecida en la Ley 2 de 1966.
La propuesta forma parte de una serie de sugerencias que el organismo federal envió al primer mandatario por medio de una carta en la que se incluyeron “las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el Plan Fiscal de la nueva administración”.
“Las medidas enumeradas constituyen una propuesta ambiciosa pero viable […] Le damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con su administración en el desarrollo e implantación de las reformas necesarias y de los términos de la reestructuración de la deuda que permitan que Puerto Rico restablezca el balance fiscal y el acceso a los mercados financieros a tasas de interés razonables. La Junta le está proveyendo a usted los parámetros fiscales y, dentro de esos parámetros, confiamos que usted y su administración hagan las correspondientes determinaciones de política pública, consistentes con PROMESA”, lee la carta suscrita por el presidente de la JCF, José Carrión.
Además del recorte, el ente federal recomienda implantar en la UPR un costo de matrícula ajustado a los ingresos, reducir los costos de mantenimiento en la institución y redistribuir el personal docente y administrativo. Asimismo, las recomendaciones —presentadas como el cuarto punto de la misiva enviada a Rosselló y que se titula “Reducción de los gastos en educación superior”— sostiene la necesidad de que la UPR incremente el número de estudiantes internacionales y de estados continentales de Estados Unidos y el acceso a más fondos federales (“grants”).
Por la misma línea, la Junta delineó cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su Plan Fiscal para que de aquí al año fiscal 2019, el gobierno “logre generar ingresos adicionales y/o ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones”.
Las áreas incluyen: aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; ajustes, reducción y eficiencia en la estructura gubernamental; reducción en los gastos de salud; reducción en los gastos de educación superior; y reforma al sistema de pensiones, entre otras.
En la carta, Carrión reconoce que varias de las medidas tomadas por la nueva administración desde que juramentó a principios de enero van en la dirección correcta, pero aún se requiere mucho más.
“A partir de sus órdenes ejecutivas declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación de personal de confianza y otras reducciones de costos de nómina y el requerimiento a las agencias de que preparen presupuestos base cero, tal parece que su administración comparte esta prioridad [de lograr ahorros mediante reducciones en el tamaño del gobierno y aumento en su eficiencia]. Pero tenemos que ser sinceros y enfatizar que para lograr alcanzar el balance fiscal [que requiere PROMESA] va a hacer falta mucho más que las medidas hasta ahora adoptadas por su administración”, lee la misiva.
De igual manera, el ente federal comunicó a Rosselló que “está favorablemente dispuesta a extender hasta el 28 de febrero de 2017 la fecha límite para que este someta su Plan Fiscal a la Junta, de forma tal que la Junta pueda certificar el Plan Fiscal no más tarde del 15 de marzo de 2017”.
“La Junta considerará formalmente esta extensión en su próxima reunión pública a llevarse a cabo más tarde este mes, y estaría sujeta a que el gobierno cumpla y honre una serie de condiciones, incluyendo no tomar préstamos para proveer liquidez a corto plazo, desarrollar un plan de liquidez y proveer más información financiera, entre otras”, se indicó por medio de un parte de prensa.
Además, el organismo indicó estar en disposición de conceder la extensión en la fecha de vencimiento de la moratoria dispuesta en la Ley PROMESA, hasta el 1ro de mayo de 2017, sujeto a las mismas condiciones.
La Junta había establecido el 15 de enero como fecha para que la nueva administración sometiera su Plan Fiscal, toda vez que el plan fiscal sometido por la pasada administración no pudo ser certificado por no cumplir con los requerimientos de PROMESA. Además, dicha legislación federal establece una moratoria, entre otras cosas, ante cualquier litigio contra el Gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores hasta el 15 de febrero de este año.
“Entendemos que la nueva administración comparte con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en el esfuerzo de implantar las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Carrión.
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