Al fin y al cabo, fueron los ciudadanos del barrio Tallaboa Encarnación, junto a activistas a favor del ambiente y la salud, los que triunfaron en la polémica por las cenizas en Peñuelas.
“¡Hay júbilo en Peñuelas!”, le dijo a Diálogo durante la mañana de hoy, martes, el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Inc., Jose “Nolo” Díaz Pérez.
Ayer lunes, el Tribunal Supremo falló a favor del municipio de Peñuelas y la Ordenanza Municipal que prohíbe el uso y depósito de cenizas como material de relleno sobre terrenos del municipio.
“La decisión del Tribunal Supremo significa un triunfo gigante para la comunidad de Peñuelas y para los 78 alcaldes del país ya que valida la legislación municipal”, señaló el alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, ante la opinión emitida por el máximo foro judicial.
Mientras que Ecosystems Waste, Inc. alegaba que la Ordenanza Municipal iba en contra de la legislación estatal y federal, el tribunal determinó que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) autoriza a los estados a generar legislación ambiental más específica a las necesidades de la jurisdicción.
Además, estableció que en Puerto Rico la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autoriza a los municipios a generar legislación que aliente y promueva el bienestar general.
La opinión, que fue escrita por el juez asociado Ángel Colón Pérez y contó con el voto concurrente de las juezas Anabelle Rodríguez, Maité Oronoz Rodríguez y Mildred Pabón Charneco, validó la jurisdicción que los municipios tienen de establecer legislación sobre su jurisdicción territorial.
“Es una gran victoria para el pueblo de Peñuelas y para los 45 municipios que tienen ordenanzas aprobadas. Básicamente, la decisión del Tribunal Supremo lo que hace es decir lo mismo que llevamos diciendo los que estamos desde el 2014 defendiendo la ordenanza municipal de Peñuelas”, expresó por su parte Díaz Pérez.
“Hicimos lo que no hace la Junta de Calidad Ambiental”
Díaz Pérez, uno de los pilares durante los pasados años del Campamento contra las cenizas en Tallaboa narró cómo la comunidad recibió la noticia durante la noche del lunes.
“Primero, la acogimos con cierta suspicacia y ya esta madrugada tuvimos el documento completo, y pues ya estábamos seguros de que había sucedido” destacó Díaz Pérez.
“En 2014, nos tiramos a la calle porque estaban depositando cenizas de carbón en la faceta de construcción. El producto de esa intervención nuestra fue que el Municipio entablase una serie de pleitos versus Ecosystems”, una compañía que recordó fue incorporada por el exlegislador popular y actual líder del capítulo de Puerto Rico del Partido Demócrata, Roberto Prats, y que mantenía vínculos con el Partido Popular Democrático (PPD).
No obstante, Díaz Pérez indicó que “aquí hay un denominador común y es que la Junta de Calidad Ambiental, que es el organismo del Gobierno que se supone que bregue con esto, ha brillado por su ausencia”.
Más aun, “ha servido de facilitador para que violen las leyes ambientales del país en contra de las comunidades pobres”, dijo Díaz Pérez “y entonces Tallaboa tuvo que tirarse a la calle y hacer el trabajo de fiscalización que no hace la Junta de Calidad Ambiental”.
Asimismo, Díaz Pérez expresó que la decisión del Supremo “deja en un papel bochornoso, de marioneta a la Policía de Puerto Rico, que no intervino con camioneros que paralizaron la carretera #2, pero esa misma semana arrestaron a 62 manifestantes en Tallaboa por obstrucción al tránsito”.
¿A dónde irán las cenizas?
Al ratificarse la Ordenanza Municipal de Peñuelas, habrá que ver qué sucede con las cenizas de compañías como la Applied Energy Systems (AES) y Ecosystems Waste, Inc.
Solo 45 de 78 municipios tienen ordenanzas municipales que regulan y/o prohíben el depósito de cenizas producto de la incineración de basura. Díaz Pérez sostuvo que municipios como Ponce, Carolina y Fajardo están a la merced de recibir depósitos de cenizas en sus vertederos ya que carecen de ordenanzas municipales que regulen a estas empresas.
“Tenemos que estar en cautela a las próximas movidas de estas empresas que tienen un capital enorme y sacan cualquier as de la manga. Hay que seguir denunciando”, estipuló.
En el caso de Ponce, “por la presión de las comunidades, la Asamblea Municipal estableció una comisión para que investigue, pero el hecho de que estén en esta actitud” puede suponer “un subterfugio para encubrir su inacción”, agregó.
Díaz Pérez cree que lo más sensato debería ser que el gobernador Alejandro García Padilla y la legislatura actual incluyan atender el proyecto de ley 340 de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, que prohíbe el depósito de cenizas en todos los pueblos de la isla. Sino, le tocaría al gobierno entrante de Ricardo Rosselló, “y, por lo que he oído de los legisladores del área, muchos se oponen al depósito de las cenizas”.
“AES lo que tiene que hacer es transportar las cenizas y ese material dañino fuera de Puerto Rico. Ahora, tampoco se trata de echarlas en las comunidades pobres de República Dominicana o Estados Unidos. Hay vertederos adecuados en ese último país que pueden recibir este material”, resaltó Díaz Pérez.
La planta de carbón AES acaba su contrato en el año 2027, por lo que el activista recomendó que el Gobierno ya enfile sus cañones hacia cesar de “usar el combustible fósil más contaminante que existe, y descartar el carbón en ruta a la energía renovable, como hace el resto del planeta”.
60 años “a palo limpio” en Peñuelas
Este capítulo de lucha ambiental en Peñuelas resume lo que Díaz Pérez catalogó como “seis décadas a palo limpio” contra distintos peligros ambientales.
“Son ya 60 años a palo limpio contra vertederos industriales, una petroquímica, dos gasoductos, un incinerador [Modular Incinerator Systems], una refinería de derivados de petróleo y una planta de ácido [Puerto Rico Chemical] que depositaba azufre en nuestras costas. Ha sido una lucha constante e histórica de todo el pueblo de Peñuelas”, resaltó.
El caso de Ecosystem, recordó, fue uno de los más difíciles, pues “no tan solo violaban la ordenanza municipal que prohíbe que se deposite cenizas de carbón, sino que violaban sus propios permisos de construcción, pues en ningún sitio decían que iban a depositar rellenos. Ellos alegaban que era en construcción pero también lo hacían en los terraplenes”.
“De nuevo, eso sucedía a raíz de la falta de supervisión de la JCA y los malos manejos de esos suelos. En episodios de lluvia, habían casas que las correntías le dejaron hasta 18 pulgadas de cenizas de carbón en sus patios”, articuló Díaz Pérez.
Reaccionan Ecosystems y AES
Mientras tanto, la empresa Ecosystems reaccionó mediante comunicado de prensa al fallo del Tribunal Supremo.
“Ayer Ecosystems recibió la decisión del Tribunal Supremo la cual estipula que el municipio de Peñuelas tiene la facultad para prohibir el uso del agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón, mientras la Junta de Calidad Ambiental no establezca una política pública de parte del Estado”, comenzó su misiva mediática.
“Ecosystems analizará legalmente dicha orden y según lo hemos hecho continuamente desde nuestro establecimiento, se atenderán los asuntos legales dentro de los parámetros y procedimientos aplicables, cumpliendo con la ley de forma rigurosa”, prosiguió.
“Ecosystems continuará ofreciendo el servicio de disposición de desperdicios sólidos no peligrosos de forma responsable, respetando y protegiendo el medioambiente y los derechos de la sociedad civil. Cualquier controversia adicional relacionada a este tema, de existir alguna, será atendida en los foros correspondientes de forma diligente y responsable”, expresó el representante legal autorizado de Ecosystems, el licenciado Miguel Torres Torres.
De otra parte, AES indicó en una convocatoria para una conferencia de prensa que “acepta la decisión del Tribunal del 19 de diciembre pasado y concuerda con ella”. Convocaron a una conferencia de prensa este próximo jueves, en la planta AES de Guayama, donde participará el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata, el consultor legal y abogado Pedro Reyes y los gerentes de producción Elías Sostre, Ramiro Rivera y Carlos González.
