En la segunda vista relacionada con la petición del Título III de la ley Promesa para el Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias, la jueza federal Laura Taylor Swain determinó hoy que el Bank of New York Mellon (BNYM) —fiduciario de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina)– no tendrá que desembolsar el pago de $16.3 millones en intereses que debía hacer a sus acreedores el próximo jueves, 1 de junio.
Dicho de otro modo, sería la primera vez que los bonistas de Cofina, cuyos pagos están garantizados por un fondo que se nutre del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), no cobrarán.
La jueza Swain determinó igualmente que los subsiguientes pagos a los acreedores de Cofina, que vencen los primeros de cada mes, no se dispensarán hasta que se resuelvan las controversias que rodean a la corporación pública y sus múltiples bonistas.
Estas controversias, en síntesis, son qué acreedores tienen derecho a cobrar y en qué orden –si primero los garantizados (o Cofina seniors), y después los no garantizados (también llamados subordinados o Cofina juniors)–.
Con su proceder, la togada federal concedió la demanda de interpleader que presentó el BNYM hace más de una semana. Este tipo de acción busca resolver una disputa entre dos o más partes adversas, y usualmente inicia cuando quien la incoa tiene una propiedad o suma de dinero para una de las partes, pero no sabe a cuál de ellas transferirla.
Asimismo, Swain impuso una moratoria a las demandas que habían presentado en meses previos Whitebox Advisors, una firma acreedora de bonos senior de Cofina, y Ambac Assurance Corp, una aseguradora de dichos bonos, contra el banco.
Además, concedió como remedio al BNYM liberarlo de cualquier responsabilidad legal que pudiera enfrentar por recurrir a una demanda para resolver su disputa relacionada con Cofina.
La vista de hoy, en palabras de Martin Bienenstock, abogado que representa a la Junta de Control Fiscal (JCF), era un controversia entre “interacreedores” de Cofina.
Aparte de resolver a favor de BNYM, la togada rechazó una moción de intervención en el pleito del grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales (GOs), quienes alegan que los fondos de Cofina pertenecen en última instancia al Estado Libre Asociado y que, por lo tanto, se deben utilizar para pagar a los bonistas de GOs. Swain catalogó como “prematura” la posibilidad de la intervención.
Además, desestimó sin perjuicio otra demanda de interpleader que había presentado BNYM –en su capacidad de fiduciario de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR)– el viernes pasado para que la corte decidiera qué hacer con el pago de $19.3 millones a los acreedores de bonos de pensiones, lo que tiene como efecto que el desembolso se hará este jueves. Esto, luego que los representantes legales de BNYM y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se pusieran de acuerdo –antes de iniciar las argumentaciones– en que el gobierno no se opondría al pago.
Anteriormente, la Aafaf había rechazado el desembolso porque violaba la moratoria de pagos a acreedores que se impone una vez se inicia un proceso bajo el Título III de Promesa. La ASR se cobijó al dicha disposición el pasado 21 de mayo.
La audiencia se realizó en la sala C17 de la Corte del Distrito Sur para el Distrito de Nueva York y se transmitió en la sala de prensa de la Corte de Distrito de Puerto Rico en Hato Rey, San Juan.
La vista de hoy es la segunda que se celebra este mes con relación a la reestructuración de deuda pública de Puerto Rico, que asciende a $74 mil millones. El miércoles 3 de mayo, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que se acogía al Título III de Promesa –un proceso de quiebra sui generis legislado por el Congreso para los territorios estadounidenses– para reestructurar la deuda del gobierno central. El viernes 5 le siguió la deuda de Cofina. Entre ambas peticiones, la JCF –que asume la representación legal del gobierno– busca reestructurar cerca de la mitad de la deuda puertorriqueña. La primera vista se realizó el pasado 17 de mayo en San Juan.
En una nota de duelo, al inicio de la vista se informó que el abogado de la JCF en los procesos de Título III, Scott Rutsky, falleció el pasado 19 de mayo a los 50 años.
