La negativa de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a mostrar el lugar exacto en donde se estarán ubicando las cenizas que genere la quema de basura de la incineradora que la compañía Energy Answers instalaría proximamente en Arecibo, no solo tiene implicaciones ambientales y sociales, sino que atenta contra la libertad de expresión y de palabra, derecho fundamental contenido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Hay un derecho constitucional a los expedientes públicos como un corolario a la libertad de expresión bajo la teoría de que si no tienes información no te pues expresar, no puedes criticar la gestión pública y ese es un derecho que asiste a la ciudadanía y en el caso de la prensa es más crítico todavía porque la prensa tiene la función de informar”, puntualizó el abogado ambiental Pedro Sadee en entrevista con Diálogo.
La acción de la JCA no solo violenta los derechos de los ciudadanos y de la prensa, también va en contra de la propia Orden Ejecutiva que el gobernador Alejandro García Padilla firmara el 30 de enero de 2013, en la que recalca y establece que “en Puerto Rico existe un derecho constitucional fundamental al acceso a la información que está en poder del Estado. Cualquier intento de limitar su publicidad está sujeto al escrutinio estricto definido por el estado de Derecho vigente”.
La Orden indica, además, que el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el derecho de acceso a la información pública es un corolario necesario para el ejercicio de los derechos de libertad de prensa y palabra, según lo establece la Sección 4 del Artículo II de la Constitución.
Sin embargo, la regla 206 sobre la información disponible al público, según el Reglamento para el Control de los Desperdicios Sólidos Peligrosos de la JCA, la agencia considerará confidencial aquella información que substancialmente y adversamente afecte la posición competitiva de la persona que provee la información, en este caso la compañía Energy Answers. La Junta, no obstante, no ha explicado cómo es que la información sobre la ubicación de las cenizas producto de la incineradora en Arecibo afecta en términos competitivos a la compañía ni cuáles fueron los términos utilizados para determinar que divulgar esta información afecta substancial y adversamente a la compañía encargada de la incineradora.
El reglamento también dice que cualquier persona que someta información a la Junta podrá reclamar confidencialidad para toda o parte de la información sometida, mediante una declaración por escrito donde se expongan todas las razones específicas que ameriten la confidencialidad. Sin embargo, la declaración de Energy Answers tampoco ha sido mostrada a la prensa ni al público. Este reglamento fue revisado y enmendado por última vez el 10 de junio de 1998.
Según la licenciada Érika Fontánez, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), no es la primera vez que la JCA acoge como excepción a estos derechos fundamentales el mantener en secreto cierta información que se aduce es “secreto de negocios” o afectaría la “libre competencia”.
La licenciada Érika Fontánez, profesora de la Escuela de Derecho de la UPR, denunció la falta de transparencia e ilegalidad en la que incurre la JCA al prohibir a los ciudadanos el acceso a información pública y de relevancia social. (Ricardo Alcaraz)
“Resulta no solo ilegal e ilegítima tal abuso del derecho sino que además es perversa pues ni remotamente se compara el derecho de la ciudadanía en este caso de conocer el lugar, la cercanía, las implicaciones, de este negocio. Cualquier empresa o negocio que asuma como parte de su actividad empresarial una actividad como esta tiene la correspondiente responsabilidad social de divulgar la información que le compete a la sociedad y a la ciudadanía en la que opera”, recalcó la abogada.
La compañía Energy Answers comenzaría la construcción de la planta incineradora este año 2015 y al comienzo de sus operaciones utilizará 2,100 toneladas de desperdicios que, a su vez, generarán 399 toneladas de cenizas, cuyo destino final al momento es un misterio.“Las empresas operan en estados de derecho, en sociedades cuyos miembros tienen derechos, y se supone que la JCA se creó para velar por ellos. El uso de esta excepción es un escándalo más de la falta de transparencia de nuestras instituciones”, denunció Fontánez.
Precisamente el pasado lunes, 26 de enero, el propulsor de la iniciativa Basura Cero, Javier Biaggi, y los portavoces del grupo comunitario Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho y Wanda González, reiteraron la importancia y necesidad de que las comunidades que se afectarán por la incineradora de basura que Energy Answers planifica construir en Arecibo, conozcan el destino final de las cenizas que se producirán a partir de la quema de basura, no solo por cuestión de derecho, también por las implicaciones a la salud que podría tener este tipo de desperdicio sólido. Sadee explicó que es preciso tomar en consideración que el lugar donde se planifica construir la incineradora es cercano al centro urbano de Arecibo, un municipio cuya economía ha decaído en los últimos años.
En ese sentido, según el licenciado, los impactos ambientales y de salud afectarían más a los sectores pobres y de bajos recursos económicos, es decir, personas cuyos bajos recursos económicos reducen las oportunidades de escapar a la contaminación y atenderse en los hospitales o proveedores de servicios de salud.
El conocido abogado ambientalista no descartó que de este ser el caso con la incineradora de Energy Answers, Puerto Rico podría estar enfrentando un problema de justicia ambiental, un concepto legal que se acuñó para la década de 1980 para describir casos en los que se discriminó con ciertas comunidades de Estados Unicos mediante la ubicación de empresas o depósitos contaminantes en dichos vecindarios.
“La mejor manera de entender eso es imaginarse uno si este incinerador lo colocaran en Los Paseos, en Dorado Beach East o cerca de Sabanera, es decir, lugares de prestigio y altura económica, así que sí hay encerrado aquí un problema de justicia ambiental”, indicó el experto en asuntos legales ambientales.
