Sin manifestantes, pero con una marcada presencia policiaca, la Junta de Control Fiscal (JCF) comenzó su cuarta reunión, en la que —entre otras cosas— extendieron la fecha límite para que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y la Universidad de Puerto Rico (UPR) sometan sus respectivos planes fiscales.
Rosselló Nevares tiene hasta el 28 de febrero para entregar el primer borrador, puesto que la JCF se propone ratificarlo el 15 de marzo, conforme a su calendario de trabajo.
La UPR, por su parte, tiene hasta el 31 de marzo para hacer entrega de manera individual de la primera versión del plan.
Del mismo modo, la JCF extendió la fecha de vencimiento de la moratoria de litigios contra el Gobierno de Puerto Rico, según dispuesto por el Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (PROMESA), hasta el 1 de mayo.
“La Junta entendió que extender ambos plazos era prudente y razonable, siempre y cuando se cumpliera con unas condiciones específicas que habíamos compartido con el gobernador y con las que él estuvo de acuerdo”, expresó José Carrión III, presidente de la JCF, quien hacía alusión a una carta enviada a Roselló Nevares el pasado 18 de enero.
En la carta, la JCF condicionó la extensión del plazo al cuadre del presupuesto en dos años, entre otros pedidos.
“Esas condiciones incluían el compromiso de buscar una solución integral para alcanzar el balance fiscal sin tomar más préstamos, la implantación de un plan de liquidez y un protocolo de priorización de pagos, información regular sobre el flujo de efectivo, el establecimiento de un plan de trabajo colaborativo y un protocolo de intercambio de información, entre otras”, continuó Carrión.
Durante la reunión, la Junta presentó las metas, objetivos y parámetros fiscales que debe contener el Plan Fiscal a ser sometido por el Gobierno.
Con nuevo director ejecutivo interino
Entre tanto, a principios de la reunión, la JCF nombró al contador público autorizado, Ramón Ruiz-Comas, como director ejecutivo interino del grupo.
Hasta 2015, Ruiz-Comas fungía como principal oficial ejecutivo de Triple-S Management Corp. y llevaba más de 20 años en la compañía.
“Nos sentimos afortunados de poder contar con el CPA Ramón Ruiz-Comas, quien saliera de su retiro aunque fuera temporeramente, para dirigir las funciones de día a día de la Junta en lo que se formaliza el nombramiento de un director ejecutivo en propiedad”, declaró Carrión.
Entre las responsabilidades inmediatas de Ruiz-Comas se encuentran: establecer las oficinas de la Junta en Puerto Rico y Washington D.C., contratar al personal administrativo necesario para apoyar las operaciones de la Junta, hacer recomendaciones sobre remuneración de empleados y políticas y procedimientos operacionales de la Junta.
También, Ruiz-Comas deberá preparar un presupuesto para los próximos 12 meses y organizar las funciones financieras y de contabilidad de la Junta, así como asistir en el manejo de todos los consultores de la Junta, lo que incluye: la coordinación del trabajo, servir de enlace con el Gobierno de Puerto Rico bajo la dirección del Carrión, servir de portavoz, según sea necesario y asistir en la discusión, negociación y certificación del plan fiscal del gobierno, entre otras tareas.
Asimismo, el ente federal anunció la selección de Citigroup Capital Markets como Consultor Financiero.
Próximamente, según anunciaron, comunicarán qué firma de contabilidad será contratada para evaluar el puente fiscal entre los últimos estados financieros auditados del Gobierno, que datan del año fiscal 2014 hasta el presente.
Previo a ese punto en la agenda, los miembros del gremio federal expresaron la necesidad de recortar los servicios de salud de Puerto Rico a modo de alcanzar las metas propuestas del Plan Fiscal y estabilizar la economía del país.
La Junta aprobó, además, un Código de Ética y una enmienda a su propio reglamento para requerir el reclutamiento de un experto en ética que ayude a la Junta a asegurarse que cumple con todas las reglas de ética y de conflicto de intereses.
“Como hemos reiterado en varias ocasiones, la transparencia y el fiel cumplimiento con todos los requerimientos y exigencias éticas propios de la sana administración pública son principios rectores de esta Junta de Supervisión, por lo cual estamos bien orgullosos de haber adoptado estos procedimientos y este Código de Ética”, apuntó Carrión.
Fuera del Hotel Conquistador en Fajardo, lugar de la reunión, la Policía de Puerto Rico mantenía una barrera para controlar el acceso. No obstante, a diferencia de la reunión anterior, en esta ocasión no hubo presencia de manifestantes. Adentro, participaron cerca de 100 personas como público.
Poco después de las 11:00 a.m., la JCF aprobó una moción de cierre y luego se dirigieron a los miembros de la prensa.
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