Junta de Control Fiscal “falló” en procedimiento para impulsar proyectos críticos

La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración aseguró que Energy Answers no cuenta con los permisos necesarios para ser considerada como un proyecto crítico. (Archivo)

24 de enero de 2018 Por José Karlo Pagán Negrón Noticias Puerto Rico Resaltado

La Junta de Control Fiscal (JCF) erró en los procedimientos que establece la Ley Promesa para abrir a comentarios públicos los cuatro proyectos críticos que tiene ante su consideración y que se enfocan, en su mayoría, en el sistema eléctrico del País.

Así lo expresaron algunos miembros de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración tras salir hoy de una reunión con el coordinador de revitalización del ente federal, Noel Zamot.

Según el Título V de la Ley Promesa, para cada proyecto crítico presentado ante la Junta de Control Fiscal, el coordinador de revitalización –en consulta con el gobernador y otras agencias pertinentes– elaborarían un informe el cual se alega que no se realizó.

Entre los documentos requeridos para realizar ese informe se encuentra: una recomendación del gobernador sobre si el proyecto debe ser considerado como uno crítico; una determinación de la Junta de Planificación, si el proyecto afecta la implementación del Plan de Uso de Terrenos; una recomendación de la Comisión de Energía de Puerto Rico, si el proyecto energético fuera a conectarse con las instalaciones de transmisión y distribución; así como una recomendación del coordinador de revitalización.

“La Ley Promesa establece un procedimiento para evaluar y enviar a comentarios públicos los proyectos que van a estar ante la consideración de la Junta de Control Fiscal como proyectos críticos. Ninguna de esas cosas ha pasado. Sin embargo, vemos que abrieron un proceso de comentarios para los proyectos“, reprobó la planificadora Ela Cruz al denunciar que esta acción se realiza ahora sin haber tomado en cuenta lo que mandataba la ley.

El pasado 7 de enero, la JCF envió un comunicado de prensa en el cual anunciaron el comienzo “del período de 30 días de comentario público, conforme al Título V de Promesa, para cuatro de los proyectos presentados a través del Proceso de Proyectos Críticos (CPP, por sus siglas en inglés) y bajo la consideración del Coordinador de Revitalización (CR) de la Junta”.

Ante esto, la Coalición –que integra a más de 35 organizaciones– le envió la semana pasada una misiva a José Carrión III, presidente del ente impuesto por el Congreso de Estados Unidos, solicitando los documentos que presentaron los desarrolladores de los proyectos para justificarlos como críticos. Sin embargo, hasta el momento no se les han entregado estos documentos, que tampoco se encuentran en la página de la JCF.

“Ahí viene nuestro recelo en términos de a qué proyecto les vamos a comentar si no hay información disponible y si no han cumplido con los procedimientos que establece la misma Ley Promesa. No son procedimientos que nosotros estemos pidiendo de manera arbitraria, son procedimientos que establece la ley y es específica en cuanto a los pasos que tienen que seguir previo al proceso de comentarios públicos”, añadió la también vicepresidenta de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña.

Del mismo modo, la coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Myrna Conty, repudió el proceso que ha seguido la JCF con estos cuatro proyectos y adelantó que el organismo ya contempla otros ocho adicionales.

“Nosotros estamos muy alertas de la manera en que se someten los proyectos críticos ante la Junta de Control Fiscal y estos tienen que cumplir con unos pasos. Nada de esos procedimientos se ha hecho y ya los sometieron en la página para comentarios”, destacó Conty.

De acuerdo con los activistas, durante la reunión de hoy –solicitada por la Coalición y en la cual participaron más de 11 miembros–, Zamot les “aclaró” que el periodo de comentarios que ahora mismo se encuentra vigente será uno oficioso.

“El periodo oficial será cuando él [Zamot] someta sus informes, que es una de las cosas que tiene que hacer antes de llevarlos a comentarios y cuando cumplan con todos los procesos que dicta la Ley entonces –dijo de su boca– que el periodo de comentarios, de 30 días, se va a dar”, adelantó la coordinadora.

Promesa establece en su Sección 503, que para que un proyecto sea sometido bajo la categoría de ‘crítico’ deberá cumplir con los siguientes documentos: “el impacto que tendrá el proyecto en una emergencia; la disponibilidad inmediata de capital privado u otros fondos; el costo del proyecto y la cantidad de fondos del gobierno, si alguno, que se necesitan para completar y mantener el proyecto; los beneficios ambientales y económicos que provee el proyecto; y el estatus del proyecto si es existente o si está en curso”.

Asimismo, la ley establece que, luego de que se someta algún proyecto, el coordinador de revitalización tendrá solo 60 días para desarrollar su informe y seguir con todo el proceso que estipula la legislación. Estos cuatro proyectos, se estima, fueron sometidos hace más de 17 días, fecha en la que la JCF abrió el espacio para los comentarios de los puertorriqueños.

La incineradora de Arecibo “no tiene los permisos”

Uno de los proyectos críticos ante la consideración del organismo que funciona como un supragobierno es la controvertible incineradora de basura proyectada para edificarse en Arecibo. Sin embargo, la Coalición se mantiene firme en que Energy Answers (EA), compañía proponente del proyecto, no cuenta con los permisos que requiere la ley federal.

“Energy Answers establece que ellos van a utilizar financiamiento privado, que ellos no van a usar financiamiento estatal ni federal, pero hasta los otros días estaban pidiéndole un préstamo al Departamento de Agricultura federal y se lo denegaron”, recordó Cruz.

Por esta razón, los activistas le solicitaron a la JCF que mostraran los documentos que EA sometió para justificar el financiamiento privado del proyecto que ronda los $860 millones para su construcción. Los documentos tampoco se les han hecho disponibles.

“Al día de hoy no sabemos quién es ese inversionista. Yo no les creo. Este proyecto está siendo considerado sin haber cumplido con esos pasos del Título V de Promesa”, tronó Conty.

Además, aseguraron que Energy Answers no cuenta con los permisos de construcción.

“Para que le dieran el permiso de construcción, la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) le ha pedido que tienen que lograr enmendar los mapas para sacar ese proyecto de zonas inundables. Todo el predio donde ellos planean ubicarlo, se inundó con el huracán María hasta comunidades a más de una milla de distancia con agua de hasta siete pies en las casas”, sentenció la planificadora.

Asimismo, durante la reunión con Zamot, la Coalición le pidió al ente que controla las finanzas del país a que abra a vistas públicas estos proyectos que intentarán optimizar la generación de energía eléctrica.

El pasado lunes, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció que venderá los activos del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Zamot buscará “mayor transparencia”

Posteriormente, Zamot expresó mediante un comunicado de prensa que la JCF ofrecerá un periodo adicional de comentarios públicos para cada proyecto crítico en busca de obtener un mejor insumo de los puertorriqueños y una “mayor transparencia”. Este nuevo proceso no está contemplado en la Ley Promesa.

Las expresiones también fueron enviadas al congresista Luis Gutiérrez (D-IL), quien hace unos días estuvo en Puerto Rico expresando su repudio a los proyectos críticos.

“Los royectos críticos que están bajo consideración en la actualidad son los primeros en ser evaluados bajo el Título V de Promesa. Nuestro objetivo es buscar mayor insumo de aquellos interesados para que aporten con información para mi recomendación, y la evaluación de la Junta, sobre los candidatos bajo evaluación. Hemos tomado este paso adicional para lograr mayor transparencia y confiamos que [Gutiérrez] apoyará nuestros esfuerzos de atender las necesidades de infraestructura más críticas de Puerto Rico”, argumentó Zamot.

Ante estas declaraciones, Cruz no se mostró complacida hasta que la JCF haga públicos los documentos requeridos por ley.

“Para garantizar transparencia, la Junta debió comenzar por aclarar este nuevo proceso en su comunicado original sin tener que esperar a que las organizaciones hiciéramos el reclamo”, recalcó.

“No obstante, para que el mismo pueda ser útil en el análisis que realizará, es necesario que la comunidad cuente con la información completa para poder analizar y comentar. No es posible analizar un proyecto de este tipo meramente leyendo un formulario que no cuenta con documentos de respaldo, como lo es el caso del financiamiento [de EA] que alegan obtendrán de manera privada”, añadió.

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