A la vez que públicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) pide a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia.
La lucha porque la junta sea un ente al que le apliquen los mínimos parámetros de rendición de cuentas la está librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana –licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez– tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. García Gregory. Además, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entró como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito.
La controversia, en términos fundamentales, es la siguiente: ¿cuál estándar legal de transparencia y rendición de cuentas se le va a aplicar a la junta?
Las posturas expresadas desde la óptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la información de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del Gobierno de Puerto Rico porque la Ley Promesa crea a la junta como un ente del “gobierno territorial”, no del gobierno federal. Este derecho establece que la información gubernamental se presume pública y que la confidencialidad debe ser una excepción claramente justificada y limitada en ley.
Del lado de la junta, su postura es que es la misma junta la que va a definir qué hacer público y qué no, porque la Ley Promesa solo dice que sus reuniones pueden ser privadas. Valga anotar que para que sean privadas se necesita un voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la JCF después de conocerse cuáles son los asuntos a tratarse a puerta cerrada.
Pero, entendiendo las posturas básicas, abundemos en lo que se ha dicho en el tribunal porque es en los argumentos oficiales, en blanco y negro, que se magnifican las preocupaciones y que están los balances que los tribunales están obligados a hacer para evitar los abusos de poder y los excesos.
Ante los argumentos del CPI y del RCFP, la junta ha sometido una moción con reclamos descarnados de poder absoluto, muy similares a los que hicieron para defender su poder de designar a un oficial administrador para la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual la jueza Laura Taylor Swain rechazó en una vista el lunes.
“[N]o existe un indicio de que la intención del Congreso al aprobar Promesa era hacer a la junta una “abierta al público”, indica en ente federal en un escrito.
“Al contrario, si el Congreso estuviera primordialmente interesado en la transparencia, hubiera dejado clara su intención en el texto de la ley (Promesa). En vez, el Congreso expresamente limitó la información que la junta está requerida a divulgar al público. De otra manera, el Congreso dejó a la discreción de la junta determinar cuándo la transparencia adelantaría la meta expresa de la junta de ayudar a Puerto Rico a alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados capitales”, añaden.
La JCF también argumenta que no se les puede demandar en el Tribunal federal por asuntos de acceso a la información, porque las bases de ese reclamo son “inconsistentes” con la Ley Promesa y, como tal, dicen que no les aplica.
Es interesante que, en otro pleito en el que se reclama la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la junta, ese ente levanta la defensa de que ellos no son oficiales federales, que son oficiales “territoriales” y que leyes federales como la Freedom Of Information Act (FOIA, el estatuto federal de acceso a la información), no les aplica.
Si se unen los argumentos que la junta hace por separado: por un lado, que no le aplica el derecho de acceso a la información; y por otro, que no le aplica la ley federal de acceso a la información, tenemos a un ente que se considera inmune a cualquier reclamación, federal o estatal, que la ciudadanía pueda hacerle para rendir cuentas y ser transparentes. Sencillamente, y por lo menos en asuntos de transparencia, está claro que la junta entiende que no le tiene que responder a nadie.
Esto es importante verlo en el contexto de otro argumento que la junta hizo en su fallido intento por nombrar a un Oficial de Transformación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Allí le pidieron al tribunal que les reconociera el poder de administrar el día a día de cualquier entidad del Gobierno de Puerto Rico sometida al Título III de quiebras, como la AEE y el propio gobierno central. Añadieron que, si no han hecho nombramientos en otras dependencias para administrarlas, es porque no han querido y que el caso de la AEE es urgente.
Los tribunales y todos los ciudadanos preocupados por el país están obligados a hacer una pausa y pensar profundamente en lo que reflejan todos estos argumentos: un ente no electo por el pueblo entiende que puede administrar agencias y corporaciones públicas sin estar sometido a ningún mecanismo de rendición de cuentas estatal o federal.
Mientras más poder quiere la junta que se le reconozca bajo Promesa, más imperativo es que ese poder tenga contrapesos básicos como la rendición de cuentas y la transparencia.
Cualquier pantomima frágil de ejercicio democrático que le quede a la junta será totalmente eviscerado si esta entidad consigue ser, a la vez, la que más poder ejerce sobre el pueblo de Puerto Rico y la que menos tiene que responder por el uso, o abuso, de ese poder.
