Ante el impacto del huracán María en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) –impuesta por la ley Promesa– solicitó a todas las entidades del gobierno que reconfiguren sus planes fiscales. Ante este panorama, en su segunda “sesión de diálogo”, el 30 de noviembre, depuso la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), para establecer la importancia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y recalcar la naturaleza antidemocrática e injusta de la junta, desde su composición hasta sus acciones.
De acuerdo con el comunicado de la asociación, cuando se planteó que la JCF está desconectada de la realidad y que tiene un serio conflicto de intereses, la ponencia fue interrumpida y finalmente cortada, al apagar el micrófono del portavoz de la APRUM.
“Mientras entendíamos que la junta tendría diferencias con nuestros planteamientos, no pudimos predecir que con sus acciones durante la sesión de diálogo hicieran abierto despliegue del carácter antidemocrático e injusto en el que opera la junta. Quedó en evidencia que las actividades públicas de la junta son un mero ejercicio de propaganda y no un intento real de escuchar y dialogar”, comentó Marcel Castro Sitiriche quien representó a la APRUM.
El profesor Castro Sitiriche, quien además es miembro de PROTESTAmos, presentó, en su breve ponencia, estudios que demuestran el impacto de la universidad pública en la isla y distintos escenarios fiscales tomando en cuenta estimados de recaudos. Esta primera parte se enfocó en los recursos del pueblo para sostener la universidad que Puerto Rico necesita. Toda esta información – contenida en el Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR)– ya había sido enviada a la junta en mayo. El Plan SoS UPR también ha sido un documento crucial en la acción legal que la APRUM lleva a cabo en el Tribunal de quiebras del Título III de la ley Promesa que dirige la jueza Laura Taylor Swain.
“Luego del huracán María es imperativo que la UPR tenga los recursos necesarios para aportar de la manera más efectiva en la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico”, sostuvo Lissette Rolón Collazo, integrante del equipo coordinador del colectivo PROTESTAmos e integrante activa de la APRUM.
La APRUM y PROTESTAmos aseguró que continuarán denunciando de distintas maneras a la junta y sus procesos injustos, así como convocando al pueblo y para que su voz ante el Congreso, “que no tiene los mejores intereses de Puerto Rico en su agenda –como quedó evidenciado una vez más por la reciente decisión de considerar a Puerto Rico “jurisdicción foránea” para propósitos contributivos– y ante una junta antidemocrática que solo rinde cuentas a ese mismo Congreso y a los buitres de la deuda, pero nunca a nuestro país”, puntualizan en el parte de prensa.
