Tras evaluar el informe de la investigación sobre el otorgamiento de las becas presidenciales, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) votó a favor de la destitución del presidente, Uroyoán R. Walker Ramos, así como de otros funcionarios del Recinto de Río Piedras involucrados en el proceso. Asimismo, se nombró a Celeste Freytes como presidenta interina del primer centro docente del país.
Con resultado de ocho votos a favor y dos abstenciones, la junta le retiró la confianza a Walker Ramos, al rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, y al decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli.
Votaron a favor de retirarles la confianza el presidente interino del cuerpo, Carlos Pérez Díaz, Gloria Butrón, Juan Acosta Reboyras, Juan Aponte Vázquez, José Martínez Cruzado, Gilberto Domínguez Escalera, Pedro Rodríguez, y el recién nombrado miembro de la Junta, Frank Catalá Morales.
Por su parte, el secretario de educación, Rafael Román, y la doctora Ana María García Blanco emitieron votos explicativos de abstención.
En la reunión, se informó que la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho, y la decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, enviaron copia de sus cartas de renuncia a las posiciones de confianza. El subcomité que evaluó el informe -compuesto por el presidente, Carlos Pérez Díaz, la representante claustral Gloria Butrón y el representante estudiantil graduado, Gilberto Domínguez- recomendó que se le retirara la confianza a todos los funcionarios señalados en el informe, incluyendo a Camacho y a Ríos.
No obstante, la junta determinó que el retiro de los puestos de confianza no implica la destitución de los puestos de carrera que algunos de los profesores implicados tienen en sus facultades.
La Junta de Gobierno, asimismo, determinó enviar copia del informe de la investigación al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.
Antes de la determinación, Walker Ramos pidió audiencia en la reunión y solicitó una semana para que su abogado, José Andréu Fuentes, pudiera revisar el informe con todos sus anejos, ya que, a su entender, la evidencia que lo incrimina no se fundamenta en pruebas contundentes.
Cabe destacar que el representante estudiantil Domínguez se opuso a que se le concediera la audiencia al ahora destituido presidente, pues no solicitó reunirse con el subcomité previo a que este determinara la serie de recomendaciones que presentaría ante el pleno de la junta.
Interesantemente, salió a relucir que Walker Ramos tuvo acceso al informe –aunque sin las 8,000 páginas de anejos– sin la autorización de la Junta de Gobierno. El académico informó durante la audiencia que fue el propio Pérez Díaz quien le hizo llegar el documento con antelación.
Walker Ramos, igualmente, envió en un comunicado de prensa unas declaraciones escritas advirtiendo que no renunciaría al cargo, alegando que el informe de la investigación sobre las supuestas irregularidades en el otorgamiento de las becas “está plagado de errores e inconsistencias”.
En evaluación la anulación de las becas
Al presentar sus recomendaciones, el subcomité resaltó el “favoritismo” que se demostró durante el proceso de otorgamiento de becas presidenciales a la arquitecta Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del entonces presidente de la JG, Jorge Sánchez, quien renunció a su cargo el 28 de junio. Ese favoritismo, a juicio de Domínguez, representa “lo peor que puede pasar en una institución pública cuando no hay la supervisión adecuada”.
Como parte de la discusión, la junta determinó que se evaluará si los fondos que se le concedieron a los tres becarios en controversia serían devueltos.
Asimismo, el principal cuerpo rector del sistema UPR acordó delegar a la Junta Universitaria una revisión de todo el reglamento que rige el proceso de concesión de becas presidenciales, cuyas recomendaciones deben ser sometidas en diciembre de este año. El programa de becas presidenciales, al momento, se encuentra en moratoria por orden de la Junta de Gobierno.
A preguntas de la prensa luego de concluida la reunión extraordinaria, la secretaria ejecutiva de la junta, Sandra Espada, informó que aún no se ha determinado la fecha en que se comenzará el proceso de nominaciones para nombrar al próximo presidente en propiedad pero que, a base de “experiencias pasadas” tomaría entre seis y ocho meses, lo que supondría que se extendería hasta pasadas las elecciones generales del país en noviembre.
La próxima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno está programada para el 22 de agosto.
La designada presidenta interina, Celeste Freytes, ya ocupó la misma posición entre septiembre y noviembre de 2013, cuando el propio Walker Ramos fue seleccionado para el cargo.
Aquí, el informe completo:
Vea la expresiones del presidente saliente.