Ante varias solicitudes de personas particulares para que se conceda acceso al informe sometido por la comisión que investigó el proceso de otorgamiento de las becas presidenciales, la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la licenciada Sandra Espada, informó hoy que el documento está exceptuado de divulgación en esta etapa.
Así ha sido comunicado a los solicitantes, a quienes se les ha explicado que ese es el trámite vigente en la reglamentación universitaria para estos asuntos. En un comunicado de prensa, Espada señaló, no obstante, que las solicitudes que ha recibido la junta de parte de agencias gubernamentales y del Senado se atenderán conforme a la ley y los reglamentos aplicables.
“La Junta de Gobierno recibió varias peticiones de individuos para que se conceda acceso al informe sometido el 27 de junio por la comisión que investigó el proceso de otorgación de las becas presidenciales. Dichas solicitudes se amparan en el Articulo II, Sección 4, de la Constitución de Puerto Rico sobre libertad de expresión, y también en el vigente Reglamento sobre el Acceso a Documentos Oficiales en la Universidad de Puerto Rico, contenido en la Certificación 139 (1992-1993) del anterior Consejo de Educación Superior. Según dispone ese mismo reglamento, por tratarse sobre una investigación en curso que se encuentra en el proceso de ser considerado, el documento está exceptuado de divulgación en esta etapa”, explicó la abogada.
Aunque los investigadores entregaron su informe el lunes, el proceso de investigación no ha terminado pues un subcomité del Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento de la junta debe evaluarlo y someter sus recomendaciones. Ese subcomité tiene pautada una reunión para la próxima semana, cuando entren en funciones los nuevos representantes estudiantiles y claustrales.
“Debe quedar meridianamente claro que la Junta de Gobierno no tiene ninguna intención de ocultar información o de favorecer a ninguna persona que ha sido involucrada en este asunto. Pero tenemos la responsabilidad de actuar en conformidad con las exigencias de la ley. Al seguir el procedimiento formal establecido en los reglamentos, se busca mantener un balance entre el deber de la junta de realizar esta investigación y la garantía de debido proceso que se debe proveer a los funcionarios involucrados. Tomando esto en cuenta, en su momento, se tomarán las medidas que sean necesarias”, señaló el doctor Carlos Pérez Díaz, vicepresidente del máximo foro rector de la UPR.
En cuanto a las vacantes surgidas en el organismo tras las renuncias de cuatro de sus miembros, el vicepresidente informó que el gobernador Alejandro García Padilla ha sido informado sobre el particular y se le ha solicitado que efectúe nombramientos con prontitud, de manera que la junta pueda contar con el número de miembros que indica la Ley de la Universidad de Puerto Rico, que son 13.
La próxima reunión de la junta está señalada para el 22 de agosto del 2016.
