La Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó eliminar la fórmula actual de ingresos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que está compuesta en su mayoría por aportaciones del gobierno. En su lugar, proponen una matrícula ajustada a los ingresos.
“La sugerencia que le presentamos al gobernador electo en cuanto a la UPR es utilizar un needs-based fórmula para el tuition. Es decir, aquellos que estén en mejor condición económica, pueden pagar más para recibir educación en la UPR”, expresó el presidente de la Junta, José Carrión, mediante una conferencia de prensa efectuada telefónicamente.
Carrión contestó llamadas de la prensa junto a José Ramón González y Anna Matosantos, también miembros de la Junta, para abundar sobre una carta enviada ayer al gobernador saliente, Alejandro García Padilla, y al gobernador electo, Ricardo Rosselló.
“El tema de needs-based está basado en sistemas de las escuelas en el norte. Está basado en el ingreso de los familiares o de uno. Esa es la manera que el Estado le cobra. Es como las contribuciones sobre ingresos progresistas, que si uno gana más, pues uno paga más. El que pueda pagar un poco más, que así lo haga, y el que no pueda pues que no tenga que perjudicarse y pueda continuar recibiendo un subsidio para el estudio”, añadió Carrión.
Además de sugerir este modelo de financiación, la JCF expone en el documento que la educación superior de Puerto Rico debe buscar la forma de desprenderse de la fórmula de ingreso actual para su subsistencia, según la carta.
“For higher education, Puerto Rico should implement a means-tested tuition policy that aims to improve graduation rates and time to degree and supports the elimination of the current funding formula. Additionally, today there are exciting innovations in education that could reduce costs materially while improving education. Their applicability and benefits should be explored”, reza la página 8 de la misiva, que pueden ver abajo.
A preguntas de Diálogo sobre si la carta aludía a la fórmula general de ingresos de la UPR, en la que el gobierno aporta un 89.86% del dinero con el que opera la institución, Carrión explicó que ese tema está por discutirse con el nuevo gobierno.
“Nosotros no hablamos de la fórmula general, eso es tema de conversación sujeto a un diálogo con la [nueva] administración. Nosotros queremos lo mejor para la Universidad de Puerto Rico, sabemos que es el primer centro docente de nuestro pueblo y que es un sistema importante para el desarrollo económico y cultural de Puerto Rico”, aseguró el presidente de la JCF.
Actualmente, según datos provistos por la Oficina de Finanzas de la UPR, $906 millones del presupuesto de esta institución educativa provienen del gobierno. Esta cantidad se desglosa en:
– Ley 2 de 1966 (asignación fija por la Ley 66-2015) = $833,929,000
– Ley 36-2005 (Juegos al azar) = $62,000,000
– Becas legislativas = $10,000,000
Por otro lado, la UPR cuenta con $102 millones de ingresos propios, lo que representa un total de 10.14% de su presupuesto. Esto se divide en:
– Matrícula y cargos relacionados = $81,387,000
– Cuotas de mantenimiento = $5,005,658
– Programas académicos no tradicionales = $1,400,000
– Intereses inversiones = $400,000
– Reembolsos costos directos = $12,500,000
– Ingresos misceláneos = $1,557,288
Según la carta enviada por la JCF, Educación y Salud son las áreas con más gastos en el Gobierno de Puerto Rico.
“Aunque ambas son esenciales, la condición fiscal requiere que se reduzcan sustancialmente. Un ajuste similar se debe hacer con el sistema de corrección”, esboza la carta.
Precisamente el lunes, en la vista de transición en donde participó la UPR, el Comité de Transición del gobernador entrante inquirió sobre las finanzas de la institución educativa. Uno de los temas a los que dedicaron gran parte del tiempo fue a los costos de la matrícula y cuánto dinero genera para la universidad.
El comité solicitó a la presidenta interina un informe sobre el costo del crédito para puertorriqueños y estudiantes internacionales, así como cuánto de esa cantidad pagan los estudiantes de sus bolsillos y cuánto ayuda la Beca Pell.
Igualmente, se cuestionó la duplicidad de servicios que se ofrecen en el sistema de la UPR y se planteó la posibilidad de eliminarlos para ahorrar aún más dinero.
“Es un proceso que no se puede completar como uno lo quisiera de la noche a la mañana pero ciertamente es el sitio donde comenzar. Hay programas repetidos de un recinto a otro”, declaró la presidenta interina, Celeste Freytes, durante el último día de las vistas de transición.
Como parte del plan de gobierno de Rosselló, se encuentra la reforma al Departamento de Educación que incluye la incorporación de educación a distancia (en línea) como alternativa de aprendizaje. De la misma manera, también propone una universidad con más cursos nocturnos y fomenta su uso como fuente de desarrollo profesional para servidores públicos.
JCF envía carta a Rosselló y García Padilla con recomendaciones by Diálogo on Scribd
Déficit de la isla sobrepasa los $60 mil millones
En la misma carta enviada al gobernador saliente y al entrante, la JCF indicó que las nuevas proyecciones apuntan a que el gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de $67,500 millones en los próximos 10 años.
Esta cantidad se determinó bajo la ley actual, o sea, sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos y aumentar ingresos, implante reformas estructurales, y reestructure sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones). Asimismo, representa un aumento en $10 mil millones de dólares a lo presentado en el Plan Fiscal de García Padilla.
“Luego de un extenso estudio y análisis, queda meridianamente claro que el déficit que el gobierno de Puerto Rico asumirá en los próximos 10 años es mayor que el que se calculó originalmente. Esta realidad requiere que el gobierno asuma su responsabilidad y proponga las iniciativas y medidas necesarias para que oportunamente se pueda superar este abismal reto fiscal; y más aún, para que se pongan en marcha con celeridad las reformas que se requieren para lograr un crecimiento económico sostenible y potenciar un aumento sustancial en las oportunidades de empleo para todos los puertorriqueños”, expresó José Ramón González, miembro de la JCF.
El 23 de noviembre de 2016, la Junta de Supervisión le informó a García Padilla que el Plan Fiscal que sometió no cumplía con los requerimientos contenidos en la Ley PROMESA.
Por otra parte, la JCF y sus representantes aseguraron que empezarán a coordinar reuniones para conversar con los acreedores.
Mientras, Carrión reiteró que la junta está lista para trabajar conjuntamente con el gobierno electo de Rosselló a fines de desarrollar un plan fiscal certificable antes del 31 de enero de 2017.
“Confiamos en que la administración entrante comparta con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en este esfuerzo. La Junta de Supervisión Fiscal está lista para asistir al Gobierno de Puerto Rico a definir las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”, concluyó Carrión.
Entre las medidas que la Junta urgió al Gobierno de Puerto Rico que considerara, figuran:
–Reformas laborales y de asistencia social para acelerar la creación de empleos y asegurar que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral;
-Reforma energética para bajar el costo y aumentar la confiabilidad del sistema de energía eléctrica;
-Reforma tributaria para disminuir el peso contributivo sobre los individuos y los negocios, aumentar los recaudos, revisar los gastos e incentivos contributivos, y crear un Departamento de Hacienda de Puerto Rico efectivo y eficiente;
-Reforma regulatoria y de permisos, para maximizar la competitividad de la economía;
-Alianzas Público-Privadas para desarrollar nueva infraestructura y reparar y mejorar la existente;
-Reestructurar (al tamaño correcto) el Gobierno, para enfocarse en la calidad de los servicios básicos (como energía, salud y educación) mientras se eliminan servicios no-esenciales que el Gobierno simplemente no puede costear;
-Ajustar (a los niveles correctos) los precios de los servicios del Gobierno, acoplando lo que cobra por los servicios que ofrece con el verdadero costo de éstos, reduciendo o eliminando así los costosos subsidios que el Gobierno simplemente no puede costear;
-Privatizar los activos del gobierno para que puedan ser manejados de forma más efectiva por el sector privado o el tercer sector, a la vez que se genera capital adicional para que el Gobierno invierta en infraestructura;
-Reestructurar las obligaciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda y la reforma de los sistemas de pensiones;
-Reformar los sistemas de educación y salud.
