Pocas horas después de que se circulara una carta de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que rechazaba un resumen de borrador de presupuesto sometido por la Universidad de Puerto Rico (UPR) el 4 de junio, la administración del centro docente dio a conocer ayer la propuesta final que, de ser aprobada hoy por su Junta de Gobierno, estaría enviando al organismo federal.
Durante la reunión extraordinaria que sostuvo anoche la Junta Universitaria para evaluar el presupuesto, se aprobó con votación 17-13 una moción para recomendar a la Junta de Gobierno la certificación del documento. De acuerdo con el caucus de estudiantes de la Junta Universitaria, todos los representantes estudiantiles y claustrales que asistieron al encuentro se opusieron a la moción presentada por el rector interino de la UPR Humacao, Héctor Ríos Maury.
En un aparte con Diálogo posterior a la reunión, el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, indicó que considera que los ajustes realizados al borrador permiten al documento cumplir con las exigencias de la Junta de Control Fiscal.
Según la carta que publicó la JCF, el borrador que sometió la UPR el 4 de junio –en esencia, dos tablas que plasmaban superficialmente las fuentes de ingresos y las partidas de gastos proyectados para el año fiscal 2018-2019– no proveía la información suficiente para llevar a cabo un análisis preciso de cómo concordaría con el plan fiscal que certificó el organismo el pasado 20 de abril.
La misiva, además, planteaba que la UPR subestimaba los ingresos que recibiría con respecto a lo certificado en la hoja de ruta a cinco años.
“Este documento es mucho más completo por el factor tiempo. Lo que pedía la junta de supervisión fiscal en primer instancia eran unas tablas bien particulares y por tal razón atendían donde tenían que parear con el plan fiscal, tenía que tener el año histórico pasado, y esa no es la manera en que nosotros llevamos un presupuesto. Así que hubo que trabajar ambas cosas paralelamente, se presentó lo que teníamos completado de presupuesto el 4 de junio y sí, lo que [la JCF] notaron esencialmente es que [el borrador anterior] no estaba pareando en todos los aspectos con el plan fiscal certificado”, sostuvo Hillman.
A lo largo de los pasados meses, la administración universitaria ha tomado decisiones fundamentadas en el plan fiscal que aprobó la Junta de Gobierno en marzo, y no en el plan que certificó la JCF.
El borrador de presupuesto circulado ayer aumenta a $1,397 millones el presupuesto consolidado para el año fiscal que inicia el 1 de julio, con respecto a los $1,240 millones que se estimaban en el resumen del 4 de junio. Esta última cifra es también la que aparece en el presupuesto recomendado que está publicado en el portal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
En el año fiscal 2017-2018, la UPR tuvo gastos por $1,314 millones, según el borrador del 4 de junio.
A pesar del propuesto aumento en el gasto global, el documento más reciente contempla reducciones en las asignaciones a las 11 unidades académicas de la UPR, así como al resto de sus dependencias, con la excepción de Servicios y Actividades del Sistema Universitario (SASU), que vería un incremento de $44 millones a $55 millones.
Hillman atribuyó la aparente contradicción a que habrá un aumento considerable en los ingresos de fondos restrictos, es decir, partidas que deben utilizarse para fines específicos, como lo serían los fondos federales o subvenciones para investigaciones.
En el 2017-2018 la UPR ingresó $379 millones en fondos restrictos, mientras que para el año entrante proyecta allegar más de $500 millones. La principal diferencia dentro de esta categoría se encuentra en la partida de “ingresos propios”, donde se identifica un aumento de $82,000 a $105 millones, aunque no se provee un desglose de la procedencia de esos fondos.
Esta diferencia “se cuestionó bastante durante la reunión [de la Junta Universitaria] por parte de claustrales y estudiantes de dónde salía esa partida específicamente, y no supieron decir. Indicaron que eran varias cuentas que se tomaban, se unían y entonces daba el número total [que se presenta en el borrador]. La directora [interina] de presupuesto, Brunilda Pereira, se comprometió a hacer circular la información pero la experiencia que hemos tenido cuando se dice eso es que la información nunca llega. Sin embargo, eso fue lo que se dijo, y se cuestionó porque estamos hablando de una cantidad sustancial, no son cientos o miles de dólares, sino millones”, expresó a este medio la representante estudiantil del Recinto de Río Piedras, Wilmarí De Jesús, a su salida de la reunión extraordinaria.
El fondo general de la UPR –el dinero que puede gastarse a discreción de la administración–, en tanto, sufriría una reducción interanual de más de $22 millones, de $880 millones a $858 millones. En buena medida, esto se debe al recorte de la asignación gubernamental por fórmula, que desciende de $631 millones a poco menos de $590 millones para el 2018-2019.
Se mantienen las exenciones
Aunque el documento de presupuesto plasma $19 millones de “ajustes en exenciones”, tanto Hillman como De Jesús señalaron que se habían identificado los fondos para preservar intacto el modelo de exenciones de matrícula al menos durante el año académico 2018-2019.
“Esa es nuestra pretensión. Hoy recibí una serie de recomendaciones de la Junta Universitaria, pero es la Junta de Gobierno la que hace la votación final, donde yo tengo voz pero no tengo voto”, dijo el presidente interino.
“Nos tomamos la libertad de identificar un dinero que pudimos asignarlo para poder dar las exenciones tal y como estaban presentadas en los pasados años”, agregó Hillman.
El presupuesto recomendado también contiene un fondo de becas administrado por la universidad de $9 millones.
Una partida que no se incluyó en esta versión fue la asignación al ‘Project Management Office’ (PMO), dependencia que exige la JCF para velar por la implementación correcta del plan fiscal. En reuniones recientes del Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria se había mencionado que el PMO recibiría $10 millones.
Según De Jesús, el presidente interino indicó durante la reunión extraordinaria de anoche que la creación de la oficina sería el equivalente de agregar “un recinto nuevo” al sistema, por lo que se oponía a asignarle un presupuesto en este momento.
“No sabemos cuál va ser la reacción de la JCF al ver [la eliminación de] esa partida en particular”, reconoció la integrante del Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria, al agregar que se informó que el documento discutido se elaboró con la asistencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) del gobierno, pero que se desconoce si hubo algún intercambio de información con el ente federal.
De acuerdo con la carta que publicó ayer la JCF, este cuerpo deberá certificar el viernes tanto los presupuestos del gobierno central como los de las instrumentalidades cubiertas –como la UPR–. En caso de que la junta entienda que algún presupuesto incumple con las disposiciones de la Ley Promesa, esta elaborará y certificará su propia versión, tal como hizo en abril con los planes fiscales.
