En otro acto de corrupción y malversación de fondos públicos, el Departamento de Justicia anunció la radicación de 263 cargos contra diez funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) involucrados en un esquema de fraude a través del proyecto CRECE-21.
Entre los acusados se encuentran los exrectores Juan Ramírez Silva (UPR en Arecibo), Juan Varona Echeandía (UPR en Cayey) y la exrectora de la UPR en Utuado, Yanaira Vázquez Cruz, todos funcionarios entre 2011 y 2012.
La estafa se dio “mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros”, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Según Justicia, los gastos incluían “servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros”.
De esta manera, la entidad gubernamental estima que los acusados se apropiaron de $73 mil en fondos públicos, en hechos ocurridos entre junio de 2011 y noviembre de 2012.
El doctor Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo, enfrenta cargos por “fraude, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, utilización indebida en servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, señala el comunicado.
Al doctor Varona, por su parte, se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Según la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, Varona ha sido un donante fijo del Partido Nuevo Progresista desde el 2012.
Por otro lado, la doctora Vázquez Cruz, enfrenta cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Antes de asumir la rectoría de la UPR en Utuado el 26 de diciembre de 2011, Vázquez Cruz fue subdirectora de la Oficina del Gobernador para las Iniciativas de Fe y Base Comunitaria cuando era liderada por el pastor Aníbal Heredia. Más adelante, se desempeñaba como ayudante especial del entonces presidente de la UPR, el doctor Miguel Muñoz Muñoz, bajo quien se desarrolló el proyecto CRECE-21. Diálogo intentó comunicarse con Muñoz Muñoz, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Antes de abandonar su puesto como rectora, la Oficina del Contralor de Puerto Rico encontró que Vázquez Cruz intentaba realizar transacciones ilegales de personal en la universidad en violación a la veda electoral.
“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario del departamento, César Miranda.
De hecho, en el 2014 la Junta de Gobierno de la UPR hizo señalamientos sobre aparentes irregularidades en el año fiscal 2011-2012 y ordenó una investigación interna.
“La Junta de Gobierno de la UPR solicitó a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) en abril de 2014 que realizara una auditoría del programa CRECE-21 y además notificó la situación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Fiscal Federal y a la Oficina de Ética Gubernamental”, expresó el doctor Carlos Pérez Díaz, presidente de la Junta de Gobierno mediante un comunicado de prensa.
Los hallazgos de la investigación señalaban problemas en las áreas de contratación, recursos humanos, propiedad y compras, entre otras. Fue entonces que la investigación de la OAI se amplió a todo el sistema universitario de la UPR. A partir de ese momento, la UPR ha colaborado con el proceso.
“Nuestros esfuerzos en estos momentos van dirigidos a atender la agenda de futuro para la universidad. Estamos planificando para lidiar con los inminentes retos fiscales. Estas acusaciones son una penosa situación que se ventilará en los tribunales pero no podemos distraernos de nuestra misión principal con la universidad en estos momentos”, declaró la doctora Celeste Freytes, presidenta interina de la institución educativa.
CRECE-21 tenía como meta el adiestramiento de maestros en materias de difícil reclutamiento. Fue desarrollado por el Departamento de Educación (DE) en colaboración con la universidad del Estado en el 2011 y financiado con fondos federales. Justicia destacó que este proyecto no fue el único afectado en el esquema de fraude, pues los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos.
Desde el 2012, la comunidad universitaria ha cuestionado y denunciado la presencia de irregularidades en la administración de este proyecto. En el 2014, la Cámara de Representantes radicó la Resolución de la Cámara 951 con el fin de investigar la administración, operación y manejo de fondos del proyecto CRECE-21, el cual había recibido $49 millones por parte del Departamento de Educación Federal.
El último trámite legislativo ligado a esta resolución data del 16 de septiembre de 2016, en donde se le encomienda a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos la investigación del manejo de fondos del proyecto. Era trabajo de la comisión realizar un informe con los hallazgos y las recomendaciones dentro de 180 días de implementada la medida, sin embargo, ese informe aparenta no existir.
Según la directora de la comisión, la licenciada Lenabel Alvarado, la Resolución de la Cámara 951 no aparece que fuera referida a dicha comisión.
“No me aparece ni en mi listado personal ni el website de OSL [sistema legislativo]”, expresó Alvarado.
Entonces, ¿la investigación se quedó en el aire?, inquirió Diálogo.
“No me atrevo a designarlo tan categóricamente así, pero sí”, añadió Alvarado, incrédula ante la inexistencia del documento.
Corrupción en familia
Entre los otros siete acusados del esquema se encuentra Ada Liz López Hernández, excoordinadora de proyectos en la UPR en Arecibo, a quien se le presentaron un total de 100 cargos, entre los que se encuentran falsificación de documentos, servicios pagados con fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental.
En su núcleo familiar se encuentran otros dos imputados por apropiación ilegal agravada y fraude: su madre, Ada Hernández Santiago (cuatro cargos), quien a su vez es abuela de Jason Ortiz López (seis cargos), exempleado de la UPR en Bayamón.
De la misma manera, Nilda Vázquez Cruz, hermana de la exrectora de la UPR en Utuado, enfrenta dos cargos de apropiación ilegal agravada y fraude.
Finalmente, Jonathan Ramírez Pérez, hijo del exrector de la UPR en Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos. Ramírez Pérez es asistente administrativo de esa unidad universitaria.
Según Justicia, los gastos ilegales fueron posibles mediante el común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.
A raíz de esto, se radicaron 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. Adicional a eso, el coordinador de cuentas por cobrar del hotel, Marco Hernández Taforó fue acusado de 30 cargos.
“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso mediante un comunicado de prensa.
La continuación de la vista de causa para arresto será el 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan.
