El gobierno miente y lo sabe. El manejo irregular de los datos de los fallecidos tras el paso del huracán María persigue a la administración de Ricardo Rosselló. La magnitud del problema ha aumentado en el ojo público internacional como una bola de nieve, a consecuencia de la falta de transparencia deliberada que, en el caso de los muertos, inició a solo días del fenómeno atmosférico.
Tomó meses de cobertura noticiosa, tres demandas, análisis de múltiples expertos, un estudio de la Universidad de Harvard y que el gobernador Ricardo Rosselló fuera confrontado en la cadena de televisión estadounidense CNN sobre la falta de acceso a los datos de las muertes luego del huracán, para que el Registro Demográfico hiciera públicas unas tablas con las cifras globales de los decesos por mes hasta mayo de 2018. Esta información se queda corta ante el reclamo que desde el año pasado viene haciendo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para conocer todos los datos en poder del gobierno sobre los fallecimientos ocurridos en Puerto Rico y sus causas.
Faltan los detalles de en qué pueblo murieron y en qué instalación, de dónde era la persona, qué edad tenía, la causa de muerte certificada, entre otras variables que nos ayuden a entender qué pasó y cómo prepararnos para el futuro. Y, entre otros documentos, faltan los certificados de defunción, con los que se podrá contrastar la información que dé el gobierno e indagar en más detalles sobre las circunstancias en que fallecieron las personas.
El gobernador Rosselló y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, le faltan a la verdad al afirmar que los datos siempre han estado disponibles. Tan reciente como el 21 de mayo, la abogada del Registro Demográfico, Cristina M. Abella Díaz, explicó en corte que aunque inicialmente se hizo pública una lista de los nombres de los fallecidos y los municipios, posteriormente, la registradora ejerció su discreción para determinar que no se haría público el dato hasta tanto el Center for Disease Control (CDC) lo validara en noviembre de 2018. ¡A más de un año de la tragedia!
La afirmación de la abogada se dio en la vista judicial de la demanda presentada por el CPI en febrero, tras meses de gestiones fallidas para que el Registro Demográfico hiciera pública la información detallada de las defunciones en la isla luego del ciclón. Al pleito se unió la cadena de noticias estadounidense CNN, presentando su propia demanda, que fue consolidada con la del CPI.
“Esa es una información preliminar. Quien tabula y valida es el CDC. Hasta que eso no se haga, esos números no son finales ni concluyentes… Estará disponible en noviembre”, dijo la licenciada Abella Díaz, en referencia a la base de datos sobre las causas de las muertes en Puerto Rico luego de María.
El tema de las muertes relacionadas al paso del huracán María revivió la pasada semana, luego que la Universidad de Harvard hiciera público un estudio realizado mediante encuestas realizadas junto con académicos de la Universidad Carlos Albizu. El estudio estima que pudieran haber fallecido 4,645 personas en exceso entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre. La cifra oficial es de 64.
El gobierno también le negó los datos oficiales a los investigadores de Harvard, indicaron. La misma semana en que se hicieron públicos los hallazgos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico acudió a los tribunales para exigir que el Registro Demográfico compartiera los datos de los fallecidos.
Resulta absurdo que el gobierno pretenda insistir en que los datos siempre han estado disponibles si desde octubre del pasado año se han negado a entregarlos. Para un gobierno que tanto alardea de promover la transparencia, el manejo secreto de esos datos revela un patrón muy contrario a la hora de administrar la información pública.
A casi nueve meses del paso de la tormenta, el Gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales se encuentran en el ojo de otro ciclón, provocado por la disparidad de las cifras oficiales de muertes ante el estimado de fallecimientos que presenta el estudio publicado por la Universidad de Harvard.
La publicación ha reavivado la discusión en Estados Unidos sobre la pobre respuesta inmediata del gobierno federal tras la emergencia en Puerto Rico y la necesidad de establecer una comisión congresional que realice una investigación sobre el asunto.
El CPI publicó el 28 de septiembre “Son muchos más los muertos de María”, el primero de más de una decena de artículos que revelaban que el gobierno no estaba informando la cantidad real de decesos luego del huracán, ya que a días de María los cadáveres estaban acumulados en las morgues de los 69 hospitales de Puerto Rico.
En ese primer artículo, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, reconoció cándidamente que las morgues estaban repletas y que las defunciones relacionadas al huracán eran muchas más a las documentadas oficialmente. Incluso dijo saber de casos en que personas habían optado por enterrar a sus familiares en fosas comunes porque se encontraban en lugares donde no había acceso.
Esta fue la primera y última entrevista que ofreció el secretario de Salud sobre las muertes. Simplemente desapareció, o menor dicho, lo desaparecieron. A partir de ese momento, Rodríguez dijo que el oficial autorizado para emitir declaraciones sobre este tema sería el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
Aunque el equipo del CPI, encabezado en este tema por la periodista Omaya Sosa Pascual, se mantuvo dando seguimiento a la insólita cifra oficial de muertes que contrastaba con las versiones de familiares de víctimas fatales, Pesquera y los funcionarios del gobierno optaron por minimizar el asunto, decir que se trataba de teorías de conspiración, entre otros insultos.
Luego de más de un mes en que el CPI solicitó la información detallada de los decesos al Registro Demográfico, el gobierno hizo pública una cifra global de las muertes solo para los diez días después del huracán, y subió a 55 el total de muertes oficiales asociadas al fenómeno, en una conferencia de prensa encabezada por Pesquera.
Luego de recibir una carta de los abogados de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en representación del CPI, el gobierno también entregó finalmente la lista con los nombres de las personas muertas, según la cifra oficial de defunciones certificadas por causa del huracán, exceptuando los nombres de siete personas cuyos cuerpos no han sido identificados por sus familiares.
La revelación de estos datos se dio en noviembre y preliminarmente confirmaba las versiones de familiares de víctimas entrevistados por el CPI en el sentido de que las muertes ocurrieron debido a problemas con los servicios esenciales de salud y otras circunstancias causadas por la falta de electricidad en hogares y hospitales en todo el país.
Los últimos datos oficiales que ofreció el Registro Demográfico se remontaban a diciembre de 2017. Después de esta fecha la agencia ignoró las múltiples peticiones hechas por el CPI.
Irónicamente, el gobernador se mostró sorprendido la pasada semana al descubrir que su administración había negado a ofrecer la información relacionada a los decesos ocurridos en Puerto Rico luego María. Entonces, ¿nadie le había informado al gobernador que su gobierno está demandado en los tribunales por negar la información?
Peor aún, ¿nadie le informó al primer ejecutivo que apenas unos días atrás se celebró una vista judicial en la que los abogados de su gobierno defendieron la decisión de no hacer públicos los datos de las muertes tras el huracán?
No fue casualidad que al día siguiente de la entrevista al gobernador el Registro Demográfico hizo pública una parte mínima de la información que hasta ese momento se ha negado a entregar, en una clara búsqueda de ‘manejo de crisis’, como le llaman en las relaciones públicas.
¿Hubieran actuado igual si la pregunta, en vez de en CNN, hubiese sido en español en una estación local? Síndrome del colonizado 101.
La negativa del gobierno a entregar los datos vitales es solo una instancia de muchas en las que el gobierno actúa contrario a la tan cacareada transparencia que dice defender. Diariamente, los periodistas de medios locales se enfrentan a cortapisas y excusas para obtener información pública en las agencias y corporaciones.
Parece que el gobierno decidió hacer un amago de transparencia, motivado más por el reclamo de unos que de otros.
La autora es periodista del Centro de Periodismo Investigativo y presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
