La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazó hoy el recorte de $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recomendado el pasado mes por la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobierno de Ricardo Rosselló.
Representantes de dicha colectividad, que agrupa cerca de 1,000 profesores de la UPR, calificaron las acciones de la junta como una “agenda ideológica para destruir la educación pública superior del país”. La APPU convocó a toda la comunidad universitaria a unirse a un paro los próximos 23 y 24 de febrero, decretado por sus miembros en una asamblea extraordinaria el pasado 17 de este mes.
En representación de la APPU, los profesores Lida Orta, del Recinto de Ciencias Médicas y José Rivera, de la UPR en Carolina dijeron en una conferencia de prensa celebrada frente a la torre del Recinto de Río Piedras que su asociación “no cruza línea de piquete” y por tanto, se solidarizarán con los diferentes actos de protesta que la comunidad estudiantil ha decretado en sus distintas asambleas.
Asimismo, esa organización se opone al plan de la doctora Nivia Fernández, presidenta interina de la UPR, quien propone ajustes de $150 millones en el presupuesto del primer centro docente del país.
“Cualquier reducción adicional que se proponga pone en peligro la misión universitaria y no obedece a los mejores intereses de nuestra universidad. Las propuestas de la Administración Central corresponden a un temor de que se imponga un recorte de los $300 millones y están tratando de negociar [con la JCF]. Nosotros entendemos que la Junta de Control Fiscal ha dejado muy clara su intensión de no negociar y de hacer la reducción”, declaró Rivera.
Los profesores cuestionaron que sea la universidad la que reciba el golpe de la crisis fiscal del país e instaron a la administración del gobierno de turno a identificar otras fuentes para allegar fondos al erario, como podría ser la reducción del presupuesto de la Legislatura, los municipios y los contratos de asesoría y servicios profesionales de las agencias gubernamentales. También declararon que es necesario recortar el presupuesto de la Administración Central de la UPR.
“Hay una escuela que no gradúa a nadie, hay una escuela que no ofrece ningún tipo de servicio a nadie: Administración Central”, declaró la profesora Orta.
Según Rivera, en los pasados tres años la UPR ha sufrido un recorte de sobre $348 millones proveniente del Fondo General a consecuencia de la Ley 66 del 2014. A esto se le añade, de acuerdo con el profesor de francés de la UPR en Carolina, la reducción de más de $300 millones de dólares en salarios y beneficios a empleados. Añadió que el Estado Libre Asociado le debe a la universidad cerca de 400 millones por servicios prestados a diversas agencias como: los departamentos de la Familia, Corrección, Salud y Educación.
¿Cómo salir de la crisis?
Como propuestas para subsanar la crisis fiscal que atraviesa la UPR, la APPU destacó que se deben identificar opciones para allegar financiamiento a la institución a través de investigación, así como el ofrecimiento de servicios directos al gobierno, siempre y cuando estos sean repagados.
“En vez de darle los millones que se le han dado a Donahue en la AEE y los que se le están dando a la secretaria -o consultora de Educación porque ya no sabemos lo que es-vamos a dárselos a la universidad. Aquí hay una Facultad de Educación, aquí hay una Escuela de Administración Pública, tenemos un recinto que se especializa en tecnología e ingeniería…”, sentenció Orta.
Sobre la matrícula ajustada a los ingresos, propuesta también por la Junta de Control Fiscal al gobernador Rosselló, el profesor Rivera declaró que esto no es una “receta mágica” que resolverá la crisis económica de la institución. Implementarla, de acuerdo con el claustral, será un reto para el gobierno, más aun en Puerto Rico, jurisdicción que su parecer tiene una alta taza de evasión contributiva.
“¿Cómo se va a garantizar, con qué mecanismos se va a asegurar de que paguen los más que tienen?”, cuestionó el profesor.
Por su parte, Orta destacó que en el Recinto de Ciencias Médicas, donde ella imparte clases, un 44% del estudiantado paga la matrícula con préstamos estudiantiles. Esto es una situación que a su parecer debe ser considerada cuando se busca implementar medidas como la matrícula ajustada a los ingresos.
Ambos profesores comunicaron que la APPU se estará reuniendo próximamente para delinear propuestas y estrategias de cara a un posible recorte. De igual forma, insistieron en que la comunicación debe ser abierta por parte de la oficina de la nueva presidenta, pues todos los planes preparados por la Administración Central se han dado en “cuartos oscuros”.
