Argentina pasó de las promesas de que el crecimiento económico aguardaba a la vuelta de la esquina a un llamado a la austeridad que derrumbó en pocas semanas el ánimo colectivo y afectó las esperanzas que una parte significativa de la sociedad puso en el presidente Mauricio Macri.
El gobierno anunció su compromiso de realizar un drástico recorte del gasto público, en el contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo de 50,000 millones de dólares, hecho público el 7 de este mes.
Es el final de una negociación que arrancó a comienzos de mayo, luego de que una devaluación de la moneda nacional, el peso, de 25 por ciento en 30 días y una masiva salida de dólares del país sacudieran la economía y decidieran al gobierno a recurrir a un remedio particularmente amargo para los argentinos.
La sola mención del FMI altera los nervios de casi todos los habitantes de este país sudamericano, que vivió una fenomenal crisis económica y social que barrió al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, cuando la institución financiera multilateral se negó a conceder un rescate, después, que había impuesto su receta de ajuste y endeudamiento durante los dos años anteriores.
El resultado más inmediato de este nuevo acuerdo con el FMI, aun en la visión de economistas que respaldan al gobierno, será un aumento de la pobreza y el desempleo y una reducción en general de la actividad económica en una nación que a principios del Siglo XX era una de los más ricas del mundo y en las últimas décadas ha vivido innumerables crisis económicas.
La propia directora gerente del FMI, Christine Lagarde, admitió en un comunicado la posibilidad de que las condiciones sociales en Argentina empeoren y aseguró que en ese caso está previsto un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a ese fin.
“La corrección del déficit fiscal será muy dolorosa. La devaluación del peso y la inflación van a ser más altas que los aumentos de salarios, por lo que todos perderemos calidad de vida y la situación social será muy complicada en el corto plazo”, dijo a Inter Pres Service (IPS) el analista financiero Claudio Zuchovicki.
La que es la tercera economía latinoamericana se comprometió a reducir su déficit fiscal a un ritmo anual de 1.4 por ciento de su producto interno bruto (PIB), hasta llevar las cuentas públicas al equilibrio en 2020.
Cada punto del PIB representa 8,000 millones de dólares y, aunque no se dieron precisiones sobre cómo se logrará el objetivo, se dejó trascender que habrá un drástico recorte de la obra pública.
Zuchovicki, gerente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no cuestionó el acuerdo con el FMI porque considera que en la actualidad el país ya no tiene otras fuentes que le permitan financiarse a tasas razonables para sostener su deficitaria economía.
“Había que elegir entre cosas malas. Pero si aguantamos lo que se viene, podremos después salir adelante, como hicieron otros países. A veces tocar fondo te hace reaccionar y hacer los cambios que nunca te animaste a hacer”, agregó.
La situación social ya es delicada en Argentina, donde más de un cuarto de su población de 44 millones de personas es pobre.
El presidente Macri, de centroderecha y en el cargo desde diciembre de 2015, anunció en marzo, en lo que presentó como un éxito de su política económica, que la pobreza había descendido en 2017 a 25.7 por ciento de la población contra un 30.3 del año anterior.
Uno de los datos más delicados es que la pobreza es mucho mayor entre los menores de 14 años: cayó del 45.8 al 39.7 entre un año y otro.
Aun con ese escenario de avances módicos, aquel momento mostraba a un Macri todavía con la imagen de fortaleza que le había dejado su triunfo en las elecciones legislativas de medio término, en octubre anterior.
De hecho, también en marzo dijo en su mensaje anual al Congreso Nacional que “lo peor ya pasó” y anunció que a partir de ese momento Argentina ingresaba en un sendero de descenso de la inflación (con una tasa de 25 por ciento en 2017) y crecimiento.
Sin embargo, en los últimos meses todo empeoró.
La inflación siguió castigando a las clases media y baja, empujada por desmedidos aumentos de las tarifas de electricidad, gas y agua, que habían estado congeladas durante el gobierno de Cristina Fernández (2015-2017), de centroizquierda.
En los dos años y medio de gestión de Macri, los incrementos en los servicios públicos superaron en algunos casos 500 por ciento.
El descontento popular hizo que el Congreso, con mayoría opositora, sancionara en mayo una ley que retrotrajo las tarifas a noviembre y vinculó los futuros aumentos al índice de variación salarial.
Macri acusó a la oposición de “irresponsable” y vetó la ley en menos de 24 horas.
“Yo lo voté a este gobierno en 2015 y en 2017, pero ya no lo voy a votar más. Entiendo que las tarifas tenían que aumentar, pero de manera razonable”, dijo a IPS Miguel Silva, de 48 años casado y con tres hijos, a quien, como a tantos otros, las cosas se le pusieron más difíciles en los últimos meses.
Silva trabaja desde hace nueve años como camarero, durante ocho horas diarias, en un bar del barrio de Almagro, a dos cuadras de la tradicional avenida Corrientes de Buenos Aires.
Desde el mes pasado comenzó a laborar también los viernes, sábados y domingos en un garaje para el aparcamiento de vehículos cercano al bar, para reforzar sus ingresos y los de su esposa, quien trabaja en una oficina donde le acaban de recudir su horario de ocho a seis horas.
“Los dueños del garaje vienen siempre a tomar café y ya hace tiempo les había dicho que me avisaran si necesitaban a alguien. Cuando me ofrecieron la oportunidad no pude decir que no, aunque ya no puedo descansar los fines de semana. Ya el año pasado tuve que vender mi auto”, explicó.
Con la devaluación del peso, se espera una mayor aceleración de la inflación, que estudios privados proyectan para este año cercana a 30 por ciento, lo que deja en ridículo la previsión oficial que se había hecho de 12 por ciento.
Se trata de un golpe al corazón de las promesas electorales de Macri, quien había anunciado que terminaría con las altas tasas de inflación y ahora atraviesa su peor momento en cuanto a popularidad, según muestran las encuestas.
En un promedio de los últimos estudios de opinión pública, la imagen positiva del presidente cayó a alrededor de 35 por ciento y la desaprobación de la gestión supera por primera vez 50 por ciento.
Pero tal vez lo más significativo que reflejan los sondeos es que, a diferencia de lo que pasaba durante la primera etapa del gobierno de Macri, hoy la mayoría no cree que la situación vaya a mejorar en el futuro.
“Estimamos que en los últimos dos años cerraron en la Argentinas unas 7,500 pequeñas y medianas empresas (pymes)”, dijo a IPS Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME, una cámara empresaria que reúne a unas 2,000 compañías de este tipo.
Moreira agregó: “La situación es muy difícil. Hoy muchos trabajadores en la Argentina ganan 15,000 pesos (algo más de 550 dólares), cuando los propios números oficiales indican que una familia necesita 17,000 pesos para no ser pobre”.
“Ese es el mayor drama: que incluso muchos que tienen trabajo son pobres”, sentenció.
