Aunque provee agua a una cuarta parte de la población de Puerto Rico; es la principal fuente de agua para la industria farmacéutica del norte de la Isla y constituye un depósito fundamental de agua potable para aproximadamente el 80 por ciento de las vaquerías, las zonas de Karso están en peligro, pues según ha trascendido desde Fortaleza se cabildea para derogar la Ley del Karso, legislación que defiende estas áreas de importante valor para la vida del País.
Los cambios a la Ley del Karso son impulsados desde la oficina del primer mandatario con el fin de permitir la extensión del Expreso PR-22 como una nueva autopista a través de fincas ganaderas y áreas de mogotes y sumideros entre Hatillo y Aguadilla, asi como para la construcción de un gasoducto entre el norte y sur de la Isla, aún cuando estos proyectos no han sido evaluados o aprobados por una sola de las agencias reguladoras concernientes.
Aquí le explicamos el contexto de dicha polémica.
¿Amigos de la corte o enemigos del Karso?
En febrero de este año la Federación de Alcaldes de Puerto Rico- gremio que aglutina a los ejecutivos municipales de los ayuntamientos novoprogresistas- presentó una solicitud para ser considerados como “amigos de la corte” en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en respuesta a un recurso de mandammus radicado en el 2002 por la organización conservacionista Ciudadanos del Karso (CDK). El reclamo de CDK solicitaba hacer cumplir la Ley Número 292 del 21 de agosto de 1999, en cuanto a la necesidad de realizar el Estudio del Karso, según lo ordenó dicha legislación. Los representes legales de los demandantes son miembros de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La Federación pretende que se impugne la vigencia del Estudio del Karso que realizó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el 2008, en el cual la agencia recomienda asignarle prioridad a la conservación de un 35 por ciento de la totalidad de la zona del Karso en la Isla, para garantizar su integridad y servicios ecológicos.
Diálogo intentó comunicarse con el director ejecutivo de la Federación, Reynaldo Paniagua, sin embargo, las promesas de devolver la llamada no fueron cumplidas.
No obstante, según varios de nuestros entrevistados, uno de los argumentos de la Federación es que lo establecido en el Estudio del Karso podría afectar la autonomía regional, designada en la Ley de Municipios Autónomos del 30 de agosto de 1991.
“Podríamos tener 78 visiones distintas en Puerto Rico, pero una cuenca hidrográfica no respeta los lindes políticos de los municipios”, señaló Abel Vale, presidente de CDK.
De hecho, los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios Autónomos, algunos en áreas de gran captación de una cuenca hidrográfica, no toman en cuenta los cuerpos de agua que recorren la zona. El activista ambiental declaró que probablemente la ausencia de una política pública firme, como lo hubiese sido la aprobación del Plan de Uso de Terrenos, permite que estas polémicas perduren.
Vale Nieves también mostró preocupación por la posición asumida por el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) y las farmacéuticas Abbott Laboratorios, Pfizer y Merck Sharp & Dohme, ya que éstas forman parte, junto a varios municipios del norte del consorcio público-privado Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR), el cual también solicitó la derogación del Estudio del Karso. A ellos se suman dueños de canteras, que incluso han cabildeado en la Legislatura para que se deje sin efecto este estudio hasta que se celebre un nuevo proceso de vistas públicas.
La postura de INTENOR devela grandes contradicciones, arguyó el presidente de la organización conservacionista, pues es contraria a sus propios intereses, al ellos beneficiarse directamente del recurso agua que obtienen de la zona.
“Sorprende sobremanera la participación de SUAGM en este pleito, ya que son inconsistencias con estudios que han publicado en el ámbito ambiental y en los cuales se desprende la necesidad de conservar el karso como medida indispensable para lograr el desarrollo sostenible de Puerto Rico”, sentenció el presidente de CDK en un comunicado de prensa enviado el 15 de febrero de 2010.
En esta misma comunicación pública, Vale Nieves expresó que las posturas de la Federación no guardan relación con las realizadas por el ex gobernador Carlos Romero Barceló (1996-2000) y el gobernador Luis Fortuño (2004-2008), cuando fueron Comisionado Residente. Ambos funcionarios presentaron sendos proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos para convertir en política pública federal la protección del karso.
Estudio con mandato de ley
Según información provista por CDK, en septiembre de 2008 el DRNA finalizó un estudio que identifica aquellas áreas de la región del Karso que por su importancia ecológica, hidrológica y geológica, debían ser conservadas. Este trabajo, con el nombre de Estudio del Karso, se llevó acabo para cumplir con las disposiciones de la Ley 292. En el Estudio se identifican y delimitan unas 219,804 cuerdas (aproximadamente 35 por ciento de las 624,888 cuerdas que conforman la región kárstica) como Área del Karso con Prioriodad de Conservación.
La Ley 292 establece que estas tierras no podrán ser deforestadas para actividades comerciales. Asimismo prohíbe la extracción, excavación y remoción de piedra caliza con propósitos comerciales sin la autorización del DRNA. Tampoco permite la fragmentación de la zona.
En estas 219,804 cuerdas que el Estudio del Karso recomienda conservar están cobijados terrenos previamente designados como áreas naturales protegidas o propuestas como tal por el DRNA o por diversas organizaciones conservacionistas y comunitarias, de acuerdo con el documento “El Karso, valores y servicios para el desarrollo de Puerto Rico”, editado por la organización Ciudadanos del Karso.
Ya forman parte de estas tierras protegidas los bosques estatales de Río Abajo, Cambalache, Guajataca y Guánica; las reservas naturales de la Laguna Tortuguero, Cuevas del Convento, Cuevas de Aguas Buenas, los terrenos del Parque Nacional del Karso del Río Tanamá y el Bosque San Patricio. También incluye los acantilados en Isabela, Quebradillas y Camuy; el sistema de cavernas del Río Encantado en Florida, el cerro Las Cuevas en Juana Díaz, Punta Ventana en Guayanilla, los mogotes de la urbanización El Plantío en Toa Baja y los de Tintillo en Bayamón.
Las recetas para el desastre perfecto
Las presiones sobre la región kárstica son enormes. El desparramiento urbano y la ubicación de canteras para la extracción de materiales para la industria de la construcción amenazan cada vez más la integridad de la zona.
Se construye incluso en áreas que por las características del suelo no son aptas para la edificación de estructuras. Al no existir una guía clara sobre cuáles son los espacios idóneos para erigir viviendas, en muchas ocasiones se edifica sobre pendientes y sumideros con las consabidas consecuencias de deslizamientos, caídas de rocas o colapsos de residencias. Este ha sido el caso del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Corozal, las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí, el complejo residencial Estancias de la Fuente en Toa Alta, la urbanización Cerca del Cielo en Ponce y el sector Los Molinas en Lares, entre otros casos, según detalla el documento del CDK citado anteriormente.
De acuerdo con los abogados de los propietarios perjudicados, los problemas de deslizamiento, derrumbe y colapso, provocados por la construcción de complejos residenciales -y otras edificaciones levantadas sobre terrenos no aptos- son signos de las irregularidades mediante las que se consiguieron sus permisos. Entre algunas de las coincidencias de estos casos figuran: la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental, de estudios geológicos escrupulosos y de un análisis minucioso de la hidrología del Karso; tampoco hubo vistas públicas ni se le notificó a las comunidades aledañas que se afectarían con las descargas de los pozos sépticos a los cuerpos de agua.
Para la licenciada Jéssica Rodríguez -que representa a varias familias que residían en la urbanización Monte Verde y cuyas casas forman parte de las ocho viviendas colapsadas por estar construidas sobre sumideros- muchos desarrolladores edifican sus proyectos “aún cuando las señales de riesgo son visibles”.
Añade la también catedrática de Derecho de la Universidad Interamericana que a estas personas “les destruyeron la vida. Es un daño económico brutal. Ellos siguen pagando hipotecas de casas que no pueden vivir” para evitar que su historial crediticio se afecte.
La pugna por el destino de estas tierras continúa y aunque el conflicto no cuenta con una solución inmediata, las alternativas a largo plazo parecen apuntar en dos direcciones: que el País adopte como política pública las recomendaciones del Estudio del Karso y que cada individuo cobre conciencia sobre estos asuntos, de modo que pondere sus decisiones para evitar que sus sueños de hogar propio terminen convirtiéndose en amarga pesadilla y transformando, de paso, en mero polvo una paradisiaca y sobre todo productiva reserva natural.
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