El sol candente de las 11 de la mañana en la Milla de Oro en Hato Rey no fue impedimento para que Carmen Quiñones, de 96 años, se manifestara en repudio a la Junta de Control Fiscal y a las medidas de austeridad que se implementarán en el país.
Junto a Carmen, cientos de ciudadanos y trabajadores de distintos sectores de Puerto Rico gritaron “¡Basta ya, basta ya, de atropellos, basta ya!”.
A sus 96 años, pareciera una edad justa para estar sentado en un sillón de la casa viendo la televisión, leyendo el periódico o conversando con los vecinos. Esta no es una opción para Carmen. Sentada en una silla de playa observaba a los manifestantes paralizar la avenida Juan Ponce de León en el tramo que queda frente al Banco Popular y el Banco Santander.
“Están abusando de los puertorriqueños”, dijo con voz pausada, a sabiendas de las exigencias que ha impuesto el ente federal y que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha acatado sin mucho cuestionamiento.
Así, mientras Carmen contaba que vivía –o sobrevivía- del seguro social, la junta aprobaba desde Nueva York, y por unanimidad, el plan fiscal, con enmiendas, que sometió la administración de Rosselló. Plan en el que se contempla una posible reducción de entre $300 y $450 millones a la Universidad de Puerto Rico, la eliminación de bonos navideños para empleados del gobierno, reducción en la nómina de pensiones y una disminución de hasta un 20% en la jornada laboral.
Aunque Carmen vivió en Nueva York por 70 años, hace seis que se mudó a la isla, al barrio Caimito de la ciudad capitalina. Cuenta, desde su memoria, que el pueblo de Puerto Rico ha vivido en los pasados años de rodillas, sin levantarse. Pero siente orgullo de que ahora está viendo a los boricuas moverse y luchar por el bienestar del país.
Carmen Quiñones, de 96 años, estuvo presente en la manifestación. (Luis De Jesús / Diálogo)
Junto a ella, su hija Gloria Quiñones afirma las palabras de su progenitora.
“Esta junta hay que sacarla. No podemos permitir vender los servicios esenciales del pueblo para pagarle a unos pillos como Santander”, sentenció Gloria mientras aseguraba que esta lucha en contra de la junta es “igual de importante como fue sacar a la Marina de Vieques”.
Con igual entusiasmo marcha Ana Marí Jimenez. A su lado está su hijo. Con una sonrisa de orgullo dice que hizo acto de presencia –desde Ciales– por el futuro de su retoño. “Esto es injusto para el país. Estamos retrocediendo cada vez más”, opinó.
“Hay que crear una crisis política”
Allí, rodeados de monstruos de concreto que sirven de sede de bancos locales e internacionales, compañías financieras y de servicios privados como UBS, Banco Santander, Banco Popular, First Medical y MCS, el reclamo era unísono: no más atropellos a la clase laborista.
“Ese plan fiscal va a ser la destrucción de la espina dorsal de la sociedad de Puerto Rico: los trabajadores”, le aseguró a Diálogo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, David Muñoz, quien convocó la manifestación.
Sin embargo, su mayor reclamo es con la Universidad de Puerto Rico, que sufrirá una reducción en su presupuesto de hasta $450 millones, lo que equivale a más de la mitad de los fondos que recibe del gobierno que asciende a $833 millones.
Muñoz fue enfático en el papel que ha jugado la presidenta interina del primer centro docente del país, Nivia Fernández, quien a su entender ha jugado a favor del gobierno y la junta.
“Ella tiene que decidir cuánto cuesta la silla de la presidencia de la UPR, si $300 millones o $450 millones. Y tiene que decidir si está con nosotros o con las presiones detrás de su silla porque la UPR es para los puertorriqueños y no para otros sectores”, dijo con ímpetu el presidente del sindicato.
Manifestantes en repudio a la Junta de Control Fiscal (Luis De Jesús / Diálogo)
Otro de los presentes era José Rivera Santana, portavoz de la Concentración en contra de la Junta de Control Fiscal, quien puntualizó que es más eficiente para la economía aumentar los ingresos, y no la reducción del gasto público. Por ejemplo, eliminando las leyes de cabotaje, Puerto Rico se ahorraría $700 millones anuales.
“El plan que se aprobó fue el de la Junta de Control Fiscal y trae una sentencia de muerte”, sentenció con fuerza Rivera Santana.
Según el portavoz, habrá despidos de empleados públicos bajo el plan fiscal que recién aprobó el impuesto ente federal.
Entonces, “la gente sin empleo no podrá atender sus necesidades y van a pasar por sufrimientos, desasosiego. Todo porque la junta quiere pagarle a los bonistas”, enfatizó.
En la junta hay dos miembros que fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento y ejecutivos del Banco Santander: Carlos García y José Ramón González. Ahora son miembros del ente encargado de tomar decisiones sobre el pago de bonos que ellos ayudaron a tramitar.
“Hay que crear una crisis política”, aseguró Rivera Santana.
La manifestación en el Wall Street del Caribe estuvo plagada de consignas y pancartas en contra de las relaciones que guarda el ente regidor de las finanzas del país. “Fuego a la juntilla de la Junta dictatorial”, era uno de ellos.
“La Junta de Control Fiscal ya sacó sus garras de afectar al pueblo de Puerto Rico, a los trabajadores, los servicios. Y eso, no lo vamos a permitir”, pronunció desde el micrófono Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos.
Asimismo, para Rafael Bernabe –excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador– “en Puerto Rico estamos en guerra” por las “políticas destructivas” que próximamente se implementarán en el país.
Esto, debido a que la junta desea pagar una deuda no auditada, que ronda los $70 mil millones, “a costa de la salud y la vida de los puertorriqueños”, expuso. Seguido, resaltó las recomendaciones de economistas locales e internacionales que han asegurado que con medidas de austeridad en medio de una crisis fiscal, la situación se agrava.
José Rivera Santana, portavoz.
“El pueblo salva al pueblo”
Ante un panorama en el cual la JCF tiene como misión la estabilidad financiera del país –para poder pagarles a los bonistas– y una administración en turno que trata de acatar las recomendaciones del ente, varias colectividades coincidieron en que el pueblo tiene que reclamar el poder.
“El pueblo salva al pueblo. Tenemos que tomar las calles”, enfatizó Jocelyn Velázquez, de la Jornada Se Acabaron las Promesas.
Para Velázquez, el plan fiscal de Rosselló no es una sorpresa porque asegura que desde la campaña electoral él había estipulado que su gobierno beneficiaría al sector privado. Entonces, “los que no pertenecemos a ese sector, nos queda salir a las calles y manifestarnos”.
Y eso harán. Los próximos pasos a tomar se decidirán el 18 de marzo en la sede de la Unión General de Trabajadores en Río Piedras. Allí, trazarán la ruta de esta lucha que se perfila como una de país.
