El pronóstico planteado por expertos sobre la inevitabilidad de que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico –ascendente a $70 mil millones– terminaría en la corte federal se materializó hoy, cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) activó el Título III de la ley Promesa en la Corte de Distrito en San Juan.
Además de una nueva moratoria –que sustituye la que venció el lunes por virtud de Promesa, y que no podrá ser retada en 120 días por los acreedores–, el que Puerto Rico se haya acogido al Título III significa que, desde hoy, la JCF representará al gobierno puertorriqueño en los tribunales federales en un proceso sui generis de negociación y reestructuración de deuda, donde un juez tendrá en sus manos el manejo de la quiebra municipal más grande en la historia estadounidense. El juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, será quien nombre al togado que verá los casos de reestructuración de la deuda bajo el Título III.
La entrada en vigor del Título III también significa que el poder del gobierno puertorriqueño se limitará a desarrollar la política pública y ejecutar el plan fiscal certificado en marzo por el ente federal; que el tribunal podrá determinar –en lo que sería básicamente una auditoría con peso judicial– si emisiones de bono que engrosaron la deuda pública fueron ilegales, así como la cantidad que pagará el gobierno a cada acreedor y en cuánto tiempo; y que el gobierno, en esos 120 días, podrá continuar las negociaciones con los acreedores bajo la supervisión última de la JCF.
Horas antes, en conferencia de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ofreció detalles de cuáles serían las entidades cuyas deudas estarían cobijadas bajo el Título III. No obstante, José Carrión III, presidente de la JCF, adelantó que la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) sería una de las que se verían en el foro judicial federal. Según el Título III, no solo podrán someterse las deudas de las corporaciones públicas y los municipios, sino también las del gobierno central, algo que no pueden hacer los estados bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebra federal. Estas entidades, aunque podrán operar, estarán bajo la jurisdicción de la corte.
Rosselló Nevares indicó que, “ante la realidad de calendario”, “la eliminación de la moratoria” por vía de Promesa, y las demandas instadas en los pasados días, “tomé la decisión [ayer] de solicitarle a la junta que Puerto Rico se acogiera a la protección del Título III para entonces trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal”.
Dicho plan separa $800 millones anuales para el pago de los bonistas, un recorte de 80% en el servicio de la deuda. Esta medida ha sido repudiada por los acreedores, quienes han entablado acciones de cobro donde buscan, entre otros remedios, que se invalide el plan fiscal y se le impida al gobierno negociar con ellos utilizando ese documento como guía.
“Los acreedores”, criticó el gobernador, “han objetado el plan fiscal, y continuarán objetándolo, con un solo objetivo: poder aumentar el dinero que está disponible para ellos y, por lo tanto, poder reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico, su operación gubernamental y los servicios esenciales”.
“Ya habíamos recibido unas cuantas demandas que incluían el pedido de todos los fondos del [Departamento de] Hacienda para pagar unos créditos, y responsablemente no podíamos permitir que este tipo de acción, que obviamente tendría un efecto devastador en nuestro pueblo, pudiera transcurrir”, adujo Rosselló Nevares.
Entre los requisitos que disponía Promesa para que el gobierno pudiese acogerse al Título III estaban la certificación de un plan fiscal y la renegociación –en buena fe– de los términos y condiciones de repago con los acreedores. Por esta razón no se había iniciado antes el trámite del Título III, explicó Elías Sánchez, representante del gobierno ante la JCF, quien cuestionó la “buena fe” de grupos de acreedores que, aún negociando con el gobierno, lo demandaron.
En declaraciones escritas, Carrión III indicó que el organismo que preside acogió la solicitud de Rosselló Nevares en torno al Título III “únicamente para cumplir con [el] propósito, según dispuesto en Promesa, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”.
Al igual que Rosselló Nevares, sostuvo que el plan fiscal certificado por la JCF ya contiene “sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda”, y que la activación del Título III no precluye las negociaciones y potenciales acuerdos con los acreedores.
La JCF “sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, afirmó Carrión III.
