En días recientes ha resurgido el tema de la Ley de Música Autóctona. Las enmiendas aprobadas por la Legislatura reducen de un 30 a un 10% el total de gastos requerido a las entidades públicas para la contratación de agrupaciones musicales que representen las distintas variantes de nuestra música tradicional. Los proponentes argumentan que el 30% nunca se cumplió, y que al reducir el por ciento, pero sobre el total de gastos por año, y no por actividad, realmente se beneficiarán los sectores involucrados. Nadie en su sano juicio entiende esta lógica, y ya de inmediato han comenzado manifestaciones de repudio por parte de la comunidad artística.
Este tipo de proyecto provoca grandes simpatías porque contribuye a garantizar el desarrollo de ciertas manifestaciones culturales. La lógica detrás de esto, es que las industrias culturales tienen beneficios que van más allá de su valor económico, por lo que no pueden dejarse simplemente a las dinámicas del libre mercado. Entre esos beneficios se encuentra la construcción de una identidad nacional, el prestigio y orgullo que provocan y, sobre todo, un elemento de sostenibilidad que garantice que futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de estas manifestaciones. Para asegurar esto, el gobierno tiene la opción de estimular su demanda y oferta a través de medidas como esta. Pero cuando la misión va más allá del factor económico, es preciso establecer otras medidas como estimular la demanda a través de los consumidores, cuyos gustos, según se ha probado, se definen a través de la educación desde muy temprana edad.
Las leyes deben ser mecanismos que sirvan para promover políticas públicas establecidas como resultado de la investigación y el análisis. Sin embargo, este no ha sido el caso. Desde que se aprobó la ley, eran evidentes sus deficiencias. No le precedía una política cultural que tan siquiera estableciera definiciones; no proveía mecanismos de control reales y eficientes; y parecía más bien una oportunidad de negocios para que los productores aumentarán su beneficio inflando facturas. Después de todo, siempre me pareció que la oferta cultural de música tradicional en nuestras plazas nunca aumentó después de la Ley.
Lo que sí ha logrado la Ley 223 es ser un dolor de cabeza para la comunidad artística, que más allá de aumentar su exposición, han tenido que dedicar sendos esfuerzos para proteger una Ley que les ha beneficiado muy poco o nada.
“La causa es justa y necesaria, pero el proyecto no sirve…aunque es mejor algo que nada…”. Acaso no es este el círculo vicioso al que nos tienen acostumbrados los políticos de turno. Si la cultura es una “prioridad personal” del gobernador Luis Fortuño, como dijo en su último mensaje, entonces es el momento de exigir, no la eliminación de las enmiendas, si no la elaboración de un plan para promover nuestra música autóctona en todas sus vertientes. Un plan que podría surgir de la propia comunidad de músicos, y que incluya áreas como incentivos a la producción y el consumo, el fomento de la educación en etapas primarias y medidas económicas como el enlace con proyectos de turismo cultural y la exportación de bienes y servicios culturales. No olvidemos que estamos hablando de géneros populares, precisamente porque tienen cierto arraigo en el pueblo. En ese sentido, el apoyo del estado no debe ser la finalidad si no un complemento para la iniciativa y la autogestión cultural.
Para acceder al texto original puede visitar el portal de Emprendimiento Cultural.
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