La educación universitaria como derecho en tiempos de la junta

Huelga estudiantil en el Recinto de Río Piedras, en abril de 2010. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

23 de noviembre de 2016 Por Especial para Diálogo Opinión

Por: Aníbal Y. López Correa

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

La Junta de Control Fiscal (JCF) enfiló el viernes pasado sus cañones hacia un aumento en el costo de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico (UPR) según el ingreso familiar de los estudiantes. Aunque esta acción pudiera responder a los reclamos de algunos sectores universitarios y políticos, no deja de ser la forma tradicional que han usado los partidos para atender el tema de la UPR.

Las acciones desarrolladas por años por ambos partidos políticos y sus administraciones universitarias parten del supuesto de que el principal problema en la UPR son sus recaudos. Así, las administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) se han enfocado en aumentar de forma escalonada el costo de matrícula, mientras que las del Partido Nuevo Progresista (PNP) se han concentrado en establecer cuotas y reducir la cantidad de estudiantes que admiten. El propósito, al final, es aumentar los ingresos. No obstante, esta visión deja fuera otros asuntos importantes que deben tratarse dentro de la agenda universitaria, como las garantías por el mejor uso de los recursos públicos, la atención a los sectores desventajados socioeconómicamente, y el apoyo a los estudiantes en ser exitosos y en que puedan brindarles servicios a todos los sectores del país.

Los intereses que se articulan para que no se gesten los cambios necesarios en la UPR son varios. Algunos responden a que las diversas administraciones universitarias se niegan a atender su nómina de confianza o nómina política como un problema, a pesar de que tanto la comunidad universitaria como consultores externos lo presentan como asunto que debe atenderse. En este tema es importante destacar que la nómina de confianza representó $58 millones para el año fiscal 2014-2015. ¿Es ese el mejor uso de los recursos públicos destinados a la UPR? ¿Por qué no se usaron esos fondos para ingresar y atender a más estudiantes en la UPR o para mejorar los servicios que se brindan?

El ataque inmediato a la UPR, según vimos en la primera reunión de la JCF en la isla, está siendo levantado por los economistas Joaquín Villamil y Anne Krueger, quienes cuestionan el subsidio que se le brinda a la UPR porque no beneficia necesariamente a los estudiantes con menos recursos económicos. Este tema ha sido resistido por diversos sectores de la comunidad universitaria, quienes defienden el Índice General de Solicitud (IGS) como mecanismo de ingreso a la UPR, a pesar de que su aplicación suele poner en desventaja a los sectores con menos recursos económicos. O sea, que no tan solo se deja de atender al sector con más desventaja socioeconómica, sino que lo que se propone es que se establezca un ajuste a la matrícula por ingresos familiares para que esa población siga sin entrar a la UPR.

Una de las respuestas inmediatas para defender el IGS tiene que ver con las competencias que tienen los estudiantes para tener éxito en su vida universitaria. Este argumento ha sido cuestionando por diversos estudios que fundamentan –con la experiencia de miles de estudiantes– que el IGS no es un predictor de éxito. Aun así, la comodidad de unos sectores académicos y el elitismo de otros lleva a que el mito prevalezca a la hora de tomar decisiones.

Desde esa misma UPR se propone que el éxito de un curso depende solamente del estudiantado. La presunción, sin embargo, omite el cuestionamiento de cuán preparado está el profesorado en temas de enseñanza. Muchos tienen doctorado en sus áreas, pero ¿saben enseñar? ¿Cuántos profesores conocen de desarrollar instrumentos de evaluación que midan los objetivos del curso? ¿Cuánta apertura tiene la UPR para educar a la población con diversidad funcional?

Estas preguntas, claramente, generan roces, mismos que han sido evitados por distintas administraciones bajo el argumento de que eso cae en la libertad de cátedra. De igual forma, los sectores docentes han dejado a un lado esa discusión porque es una problemática para los sectores que deben representar. No obstante, esos cuestionamientos deben resurgir en momentos donde nos preparamos para “defender” a la UPR del ataque de la JCF. Ese cuestionamiento no debe confundirse con una validación a la intervención de dicho organismo federal. Por el contrario, la oposición a la junta debe estar presente desde todos los frentes posibles. Las acciones que va mostrando el ente federal no sugieren resolver los problemas de la universidad pública, sino agravarlos.

Es por ello que debemos cuestionarnos cuál universidad pública vamos a defender. ¿Se va a defender una universidad pública que articule la educación universitaria como un derecho de todas y todos, o se va a defender una universidad pública que utilice su financiamiento para puestos de confianza, becas presidenciales y negarle la entrada a las poblaciones más vulnerables? Les invito a que nos unamos en una defensa férrea de nuestras instituciones universitarias públicas, sin dejar de ser críticos con la universidad actual.