¿Habrán sido 55, casi 100 o casi 500? Más allá de la relevancia científica del número, este es un asunto que se reviste con importancia política y que requiere sensibilidad humana y moral. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), mediante investigaciones realizadas en apenas siete municipios, identificó 47 muertes adicionales vinculadas a las consecuencias del huracán María, que no formaban parte de los informes oficiales. La diferencia entre las cifras no ha pasado desapercibida y se ha convertido en un asunto de escrutinio periodístico que ha trascendido nuestras costas.
La cadena CNN, con una serie de colaboradores locales, luego de consultar a 112 funerarias en la Isla, aseguró que el saldo de muertos tras el paso del fenómeno atmosférico asciende a 499.
Ambos reportajes levantan serias interrogantes sobre la política pública implantada para contabilizar las muertes en casos de desastres y huracanes que mantiene la cifra oficial del gobierno en 55 defunciones. La controversia que ha generado el mal manejo de las estadísticas de muertes asociadas con María es, tal vez, el caso más reciente de la improvisación, la falta de transparencia y la imposición de barreras al acceso a la información que caracteriza a las agencias gubernamentales en Puerto Rico.
El problema de acceso a información en la Isla tiene una larga trayectoria y se evidencia en las rutinarias actitudes autoritarias de funcionarios gubernamentales que ejemplifican nuestra falta de democracia en el desprecio a rendir cuentas a la ciudadanía. En este contexto, el país no cuenta ni siquiera con legislación efectiva que operacionalice las garantías constitucionales del derecho a la información. El resultado es claro: un proceso de litigio continuo, costoso y agobiante.
El Índice global de apertura de datos (2016) publicado por Open Knowledge International, confirma el pésimo acceso a la información que existe en Puerto Rico ubicándolo en la posición 38 entre 94 países, ya que la Isla tiene apenas 13% de bases de datos totalmente abiertas al público y 0% de apertura en el área de gasto gubernamental.
Una de las agencias gubernamentales que ha adoptado una cultura de falta de acceso a la información es el Departamento de Salud. Según la epidemióloga Cruz María Nazario, en 1997 profesores de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM), solicitaron los casos de cáncer reportados en Vieques, cuando se presumía que la contaminación de la Marina estadounidense estaba asociada con esta enfermedad, y el Departamento de Salud se negó a entregar la información.
Además, el CPI tuvo que acudir a los tribunales en 2009 para requerir los datos de las causas de muerte en Puerto Rico. De manera similar, el catedrático de la UPR-RCM, Luis Bonilla, tuvo que someter una solicitud bajo el Freedom of Information Act al Center for Disease Control federal en 2016 requiriendo los datos sobre zika en la Isla, porque la entonces epidemióloga del Estado, Brenda Rivera, le negó el acceso. La agencia federal tampoco suministró los datos solicitados y, en su defecto, ofreció información general. Es importante señalar que los datos que se requieren para hacer investigación epidemiológica son más específicos que los publicados en el portal de internet del Departamento de Salud. Estos son apenas tres ejemplos que evidencian la violación del gobierno ante un derecho constitucional.
La gravedad de este asunto aumenta cuando la limitación de acceso a información interfiere con otros derechos como la libertad de expresión y prensa, y el derecho a la salud. Precisamente en el área de salud, la falta de información podría implicar enfermedades evitables y muertes prematuras. La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud reconoció en su informe oficial desde 2008 que la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Y recomendó que para reducir las desigualdades en salud es necesario crear sistemas de datos y mecanismos para que estos sean interpretados y utilizados en la elaboración de intervenciones y políticas públicas, así como hacerlos disponibles a la ciudadanía.
Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ha obstaculizado colaboraciones con expertos para producir conocimiento científico que oriente la política pública en salud -los ejemplos antes mencionados son muestra de ello- y ha legislado ignorando la evidencia disponible. Con el zika, por ejemplo, el gobierno se empeñaba en controlar al vector del virus utilizando Naled, un insecticida neurotóxico cuyos riesgos para la salud humana y ambiental, e ineficiencia para matar los mosquitos han sido probados científicamente. De hecho, la Unión Europea prohibió su uso en 2012.
Al menos en esta ocasión, las comunidades se organizaron efectivamente para luchar contra el atropello que representaba la fumigación aérea con Naled, y lograron evitarlo. Pero la suerte no ha sido igual con otras políticas públicas que, aunque a simple vista parecerían no guardar vínculos con la salud, tienen un impacto directo en ella.
Tal es el caso de las políticas de austeridad a las que Puerto Rico ha apostado para afrontar su crisis económica. Existe abundante evidencia científica de que estas políticas constituyen una causa fundamental de enfermedad y muertes prevenibles, y que no contribuyen a la restauración económica. El caso más reciente es el de Grecia, donde se documentaron los estragos en salud que ocasionaron las medidas de austeridad implantadas por su gobierno para atajar la crisis1.
Las tasas de mortalidad por suicidio, homicidio y enfermedades infecciosas aumentaron a partir del 2007, así como los trastornos mentales y el abuso de sustancias, toda vez que se redujo el acceso a servicios de salud. El libro The Body Economic: Why Austerity Kills (2013)2 amplía esta tesis con experiencias en Estados Unidos, Europa y Asia. En la Isla, el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Ricardo Fuentes, encontró un cambio de tendencia en la tasa de mortalidad general desde 2006 que implicaría 3,000 muertes prevenibles para el 2020, si el gobierno continúa con los recortes presupuestarios en las áreas de educación y salud.
Una evaluación crítica de los datos sobre las causas de muerte puede proveer mucha información sobre cómo vivimos, o visto de otro modo, sobre cómo debemos modificar nuestras políticas públicas para que respondan directamente a nuestras necesidades y contexto, y logren reducir las desigualdades en salud.
Por ejemplo, al realizar gráficas de tendencia para varias causas de muerte en Puerto Rico asociadas con crisis económicas, utilizando los datos que el CPI obtuvo del Departamento de Salud vía el litigio en 2009, y actualizándolos, se observa un aumento en las tasas de homicidios en hombres de 2007 a 2014, respecto al periodo anterior a la crisis económica.
Otros dos indicadores relacionados con la crisis se ven que presentan una desaceleración en la tendencia a baja de las tasas de mortalidad en hombres por VIH y accidentes no intencionales. Ambos cambios en patrones representan un aumento en muertes potencialmente prevenibles que podría relacionarse con las políticas de austeridad implantadas, como por ejemplo los despidos masivos de empleados públicos, la imposición de nuevos impuestos y los recortes presupuestarios en el área de salud.
Es una cadena: la falta de información cuesta vidas cuando impide llevar a cabo investigación que informe la política pública. Resulta inaceptable que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales a reclamar información generada con fondos públicos. Pero más inaudito es que la agencia a cargo de mejorar la salud sea el principal obstáculo para la salud pública. Ya sea por irresponsabilidad o por ocultar la mala gestión gubernamental, la limitación de información disminuye las oportunidades de las personas de estar saludables. Por lo tanto, es necesario cuestionar y retar a los funcionarios que promulgan la opacidad en la gestión pública y a la vez legislar mecanismos que viabilicen el pleno ejercicio de este derecho para todas las personas. El Proyecto de la Cámara 1095 propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló crearía la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; fue presentado desde mayo pero no se ha evaluado por la asamblea legislativa, y podría ser un paso en esta dirección.
1 Kondilis, E., Giannakopoulos, S., Gavana, M., Ierodiakonou, I., Waitzkin, H., & Benos, A. (2013). Economic Crisis, Restrictive Policies, and the Population’s Health and Health Care: The Greek Case. American Journal of Public Health, 103(6), 973-980.
2 Stuckler, D. & Sanjay, B. (2013). The body economic: why austerity kills. New York: Basic Books.
*El autor es estudiante del Programa Doctoral en Salud Pública con Especialidad en Determinantes Sociales de la Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, y realizó su práctica doctoral en el Centro de Periodismo Investigativo. En este comentario colaboró el profesor Luis Alberto Avilés.
