La versión más reciente del Plan Fiscal del gobierno central, que debería determinar el futuro de Puerto Rico y dar algún grado de certeza a los ciudadanos, negocios e inversionistas para que apuesten a la moribunda economía de la Isla, está construido sobre proyecciones económicas totalmente incompatibles con la experiencia histórica de los lugares que han sido destruidos por huracanes en Estados Unidos y el mundo.
El plan también es incompatible con lo que ha sido la trayectoria económica de Puerto Rico, que, según expertos, en los pasados 30 años nunca ha tenido un crecimiento anual como el estimado para el año fiscal 2019 por el equipo económico del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El grupo es capitaneado por un dúo de funcionarios inexperto en finanzas públicas: Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), principal asesor económico del primer ejecutivo y presidente del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf); y Gerardo Portela, director ejecutivo de Aafaf, y por virtud de su posición, miembro de las juntas de directores de todas las corporaciones públicas. Ninguno de los dos tiene estudios o experiencia en finanzas públicas, ni en el gobierno.
Esta es la novena versión de un plan fiscal y de crecimiento económico que el gobierno de Puerto Rico realiza en los últimos dos años y medio. Las primeras tres versiones fueron preparadas por la administración del exgobernador Alejandro García Padilla y las restantes seis por la de Rosselló Nevares. Aunque el costo total de este ejercicio de planes fiscales no ha sido informado por el ejecutivo, los contratos de los asesores que trabajan para producir el plan al presente ascienden a más de $90 millones, según una búsqueda realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Una petición de información a la Aafaf sobre el gasto en consultores que trabajan el plan fiscal y cuánto está presupuestado no fue atendida.
Pese a toda la inversión de tiempo y fondos públicos, todos los planes coinciden a rasgos generales en las medidas basadas en proyecciones de crecimiento de la economía de Puerto Rico no sustentadas, que demuestran el alto nivel de incertidumbre que permea el proceso. A manera de ejemplo, en diciembre de 2016, la Junta de Control Fiscal proyectaba un -17.10% para el año fiscal 2018, sin el escenario del huracán María. Luego, la proyección fue revisada por el gobierno a -2.8%, y finalmente, tras el huracán, se sitúa en -11%.
Ninguno de los planes ha mostrado el detalle técnico y metodológico de cómo llegó a los números que plantea. Los principales acreedores de la deuda pública se han opuesto a todas las versiones.
Los planes comparten un problema esencial: ninguno refleja realmente el futuro de Puerto Rico ya que será el Tribunal Federal y el proceso de reestructuración de la deuda lo que al final del día decida cuánto dinero habrá disponible para la operación del gobierno y cuánto irá destinado al pago la deuda pública. Esto da al traste con buena parte de lo propuesto en los documentos.
Esto fue lo que encontró el CPI tras revisar las distintas versiones del plan fiscal del gobierno central, al igual que varios análisis y estudios independientes sobre el impacto de huracanes alrededor del mundo acerca de las proyecciones que hace tanto la Junta de Control Fiscal (JCF) así como el gobierno.
Entre estos, uno de los más contundentes es el estudio El efecto causal de catástrofes ambientales en el crecimiento a largo plazo de la economía: evidencia de 6,700 ciclones de los economistas Solomon M. Hsiang y Amir S. Jina, para el National Bureau of Economic Research de Cambridge, Massachusetts (NBER). El NBER es una organización apolítica, sin fines de lucro, dedicada a la investigación de asuntos económicos.
Y el gobierno y la junta conocen los hallazgos de este estudio. Amir Jina fue uno de los ponentes invitados por la entidad creada por el gobierno federal a una poco concurrida sesión pública en noviembre. Durante su presentación, Jina afirmó que existe un claro patrón después de un huracán a que haya una tendencia negativa en crecimiento económico hasta por lo menos 15 años después del evento atmosférico. El estudio demuestra además que la gran mayoría de las economías impactadas no recuperan el nivel que tenían previo al huracán hasta por lo menos 20 años después, y en algunos casos hasta 30 años.
Estos resultados que Jina y su grupo han obtenido se corroboran independientemente de los fondos de recuperación que le sean inyectados, de las políticas públicas que implanten, del tamaño del país o jurisdicción, o si es rico o pobre.
Aún economías que llevaban un crecimiento positivo, continuarían en positivo, pero por debajo del ritmo de crecimiento que llevaban.
“Quizás hay supuestos bien fuertes que implican que Puerto Rico regresará a crecimiento positivo, pero a base de nuestra investigación general y lo que hemos encontrado mirando todo huracán ocurrido [entre 1950-2008], vemos que si Puerto Rico hubiera permanecido con una trayectoria de crecimiento ‘flat’ como se anticipaba, [el huracán María] implicaría que la economía iría a negativo”, explicó el economista en entrevista con el CPI.
En contraste, el gobierno proyecta en el Plan Fiscal enviado a la junta que la economía crecerá todos los años con excepción del presente, con alzas en el Producto Nacional Bruto (PNB) que van desde 8.4% en el fiscal 2019 a 2.1% en el 2023.
El estudio, que analiza el impacto económico de todos los ciclones ocurridos en el planeta desde 1950 hasta el 2008, ha sido replicado por el Fondo Monetario Internacional, la Universidad de Heidelberg, Alemania, y la Universidad de Arizona con los mismos resultados, sostuvo Jina.
El economista advirtió que es difícil emitir un dictamen absoluto sobre las proyecciones presentadas por el Gobierno de Puerto Rico en el plan fiscal, pero indicó que, interesado en el caso de la Isla después del huracán María, ha elaborado junto a otros colegas proyecciones sobre cómo se comportaría la economía de la Isla.
Resaltó que en los eventos que han estudiado, son pocos los lugares que han sufrido de altos niveles de endeudamiento junto a una tendencia negativa en el crecimiento económico previo al impacto de un huracán.
Aunque Jina admitió que es difícil proyectar cómo se comportará la economía de Puerto Rico en los primeros dos a tres años, sus proyecciones a largo plazo coinciden con la tendencia negativa de crecimiento económico de su estudio global. Las proyecciones para la Isla que han trabajado hasta el momento este grupo de expertos señalan una caída de alrededor de 21% en los niveles del producto doméstico bruto durante los próximos 15 años, en contraste con un escenario en donde el huracán María no hubiera impactado a Puerto Rico de la manera en que lo hizo, añadió.
“Gestores de política pública y científicos políticos tendrán sus opiniones, pero en lo que concierne a los datos históricos de todo huracán que haya tocado tierra, habría una proyección de caída económica para Puerto Rico durante las próximas décadas a menos que un cambio dramático ocurra”, resaltó Jina.
El plan fiscal más reciente plantea un alza en el PNB real de 19.4 puntos porcentuales entre el año fiscal que termina este 30 de junio y el año fiscal 2019. Esta sería una proyección de crecimiento sin paralelo en la economía mundial, según varios economistas entrevistados por el CPI.
La administración Rosselló atribuye el crecimiento que ha proyectado principalmente a una inyección de fondos federales para la reconstrucción tras María que al momento sobrepasa los $50,000 millones. Esto último parte de los $16,000 millones aprobados en febrero por el Congreso que también contemplan $4,800 millones destinados específicamente a cubrir el déficit presupuestario del plan médico público Mi Salud. En menor grado, Rosselló apunta a las medidas que propone para “balancear el presupuesto y detener el deterioro de la economía” como factores que ayudarán en el repunte de la economía local.
Tanto Jina como economistas del patio destacaron por separado que el gobierno local no puede asegurar que esos dineros federales para la reconstrucción de Puerto Rico se queden en la isla pues la mayoría de los contratos otorgados han sido a compañías estadounidenses y parte de los fondos no terminaría en la economía local.
“Muchos de los fondos de reconstrucción y compañías vienen de Estados Unidos, de modo que los salarios van a parar a [Estados Unidos] y no a los puertorriqueños. ¿Qué por ciento permanece en Puerto Rico? Eso es una gran pregunta y bien difícil de contestar”, opinó Jina.
Economistas como Antonio Fernós Sagebien, catedrático de la Universidad Interamericana, y el catedrático de la Universidad de Columbia Martín Guzmán han cuestionado abiertamente la poca transparencia en la metodología usada tanto por el gobierno como por la junta, y las proyecciones económicas que han generado en las distintas versiones de los planes fiscales. Guzmán estudió en profundidad junto a los reconocidos economistas Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y Pablo Gluzmann, director de la Base de Datos Laborales para América Latina, las proyecciones del plan fiscal certificado en 2017, como parte del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de Puerto Rico que le fue comisionado por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos. En septiembre, Guzmán ofreció la metodología utilizada por el grupo gratuitamente al gobierno a través de una carta a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko. Nunca recibió respuesta.
“En cuanto al análisis del Plan Fiscal aprobado en marzo de 2017, la conclusión es inequívoca: es un plan basado en supuestos irreales e inadecuados que llevan a una subestimación de las consecuencias negativas que su implementación hubiese tenido para la sociedad puertorriqueña”, sostuvo Guzmán en enero durante una visita a Puerto Rico, anticipando que la versión sucesiva del plan tendría los mismos problemas porque estaría basado en los mismos preceptos. Guzmán hará el análisis nuevamente con la versión del plan que finalmente sea certificada por la JCF, confirmó al CPI.
Fernós Sagebien sentenció que las dos versiones del plan que han seguido al huracán María metodológicamente “están igual de mal” porque usaron deflaciones del índice de precios al consumidor y, al considerar los fondos federales que anticipan para Puerto Rico, no factorizan la realidad de estos dineros que frecuentemente se usan y se han estado utilizando para contratar compañías de Estados Unidos, como señaló Jina. Además señala la incompatibilidad entre los pronósticos de crecimiento del PNB y los recaudos con los datos contenidos en el propio plan, específicamente el impacto negativo que tendrán la migración y la baja en las tasas contributivas propuestas como parte de la reforma contributiva.
“Eso no tiene sentido. Me tienen que decir producto de qué anticipan esos aumentos en recaudos. Si hay menos gente, y menos gente trabajando, va a haber menos contribuciones”, sostuvo. Agregó que toda la ecuación ni siquiera contempla el impacto seguro que tendrán en las finanzas públicas y en la economía los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y es que a pesar de que el plan proyecta una emigración masiva de casi el 20% de la población para el año fiscal 2023 —y con ello la eliminación de parte de la base contributiva del Gobierno— la administración Rosselló Nevares sigue apostando a que sus recaudos aumentarán en un 3% al llegar ese año.
Por su parte, el economista Francisco Catalá destacó que Puerto Rico lleva 12 años de contracción económica y la versión más reciente del plan de Rosselló Nevares, aunque muestra una contracción después del huracán María, hace proyecciones agresivas de crecimiento del Producto Nacional Bruto.
“Aquí ha habido crecimiento de más de 7% en pocas ocasiones. En algunos años de la década del 50 y 60. Claro, está suponiendo un gran influjo de fondos federales”, puntualizó Catalá al señalar que el plan presume un aumento en los recaudos por impuestos a corporaciones e individuos que choca con la migración, los cierres de empresas y la bajas en tasas que contempla la propuesta reforma contributiva.
Matt Fabian, analista y socio en la firma Municipal Market Analytics, opinó que Puerto Rico necesita ser más autosustentable y no apostar a que recibirá en un futuro más fondos de parte del Tío Sam. “Hay una línea en el plan fiscal que habla sobre usar al gobierno federal como compañero o depender en ellos y eso es una locura. Es una locura apostar al gobierno federal, a ‘este’ gobierno federal, para ayuda incremental durante los próximos cinco a diez años. [Puerto Rico] tiene que pensar sustentablemente en qué puede hacer por sí solo”, dijo Fabian.
Cuando se le preguntó a Portela, el jefe de Aafaf, cómo el gobierno llega a sus números, dijo en entrevista con el CPI que las proyecciones macroeconómicas son “holísticas” y fueron un “gran trabajo” del consultor del gobierno DevTech, y de los consultores de la JCF usando el insumo de las sesiones de la propia JCF. El gobierno se ha negado a revelar públicamente la metodología usada por DevTech en los planes, aduciendo a que es material confidencial.
No obstante, reconoció que han “certificado planes con poca o limitada información financiera”.
Se le preguntó a Portela específicamente si tomaron en consideración el estudio y presentación de Jina, y dijo que no recordaba.
¿Cómo se determinaron las prioridades sociales que van a sostener en el plan después del huracán María?
“Las prioridades sociales siempre han sido proteger al empleado público, proteger las pensiones —y eso siempre se ha quedado entre todos los planes, eso nunca ha cambiado”, respondió. Pero desde el plan fiscal que presentó Rosselló Nevares el 28 de febrero de 2017, se contempla una reducción en las pensiones y reducción a los beneficios de empleados públicos.
En el caso de Sobrino, este admitió que el plan fiscal anterior contemplaba un recorte en las pensiones, aunque menor a lo requerido por la JCF. “En este no podemos porque dada la situación demográfica de Puerto Rico, entendemos que eso sería un impacto demasiado fuerte en un sector de la población”, manifestó el funcionario. Igualmente, reconoció que existen elementos en el nuevo plan que dependen de escenarios inciertos, pero defendió gran parte de los supuestos como “muy bien razonados”.
“Lo que se está evitando es caer en el espiral que lleva a insostenibilidad como jurisdicción. Queremos llegar a hacer las reformas y tomar las decisiones que se tienen que tomar para que Puerto Rico sea sostenible y tenga un crecimiento económico positivo, sea el que sea, a largo plazo. Eso cumple con Promesa”, añadió.
Sobrino, de 33 años y quien preside el Grupo de Trabajo Fiscal y Económico del gobernador a cargo del plan, posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y un bachillerato en inglés de Boston College. Previo a sus múltiples puestos concurrentes en el gobierno, trabajó como director de ética y complimiento para la empresa AbbVie en Puerto Rico y en los bufetes de abogados Pietrantoni Méndez y Álvarez, y O’Neill y Borges. Portela, de 40 años, y quien previo a entrar al gobierno laboraba como corredor de inversiones en Santander Securities, tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de Virginia y un bachillerato en finanzas de la UPR.
“Yo estoy convencido de que Ricardo Rosselló tiene las mejores intenciones, pero está pasando el peor momento de la vida del país y está rodeado de personas que no tienen suficiente experiencia, ni la formación para trabajar esta situación con la seriedad que amerita”, dijo al CPI Fernós Sagebien, tras evaluar la última versión del plan.
El gobernador no concedió al CPI una petición de entrevista hecha desde enero.
Medidas con pobres resultados
La mayoría de las medidas en el Plan Fiscal más reciente para cortar gastos e impulsar la economía, son propuestas que estuvieron en los otros planes y que incluso han sido impulsadas por administraciones de gobierno anteriores con poco o ningún éxito, como consolidación de agencias, traslados de empleados públicos y ventanas de retiro, reducción de subsidios, mayor fiscalización a los evasores contributivos, reformas a la antigua reforma de salud, hoy Mi Salud, y una nueva reforma contributiva.
El plan más reciente, al igual que la versión de enero, propone además un crédito por ingreso devengado por trabajo (Earned Income Tax Credit, en inglés), para fomentar la participación laboral en la isla. Según el Plan Fiscal, las medidas que generarán mayores ahorros son el llamado “Nuevo modelo de gobierno”, que consolidará agencias sin despedir personal, y la “Nueva Reforma de Salud”, que realmente depende del resultado de la licitación que comenzó este mes. Las que impulsarán los recaudos, son denominadas genéricamente como “Medidas de Ingresos” y que se refieren a “mejorar la eficiencia” del gobierno en recolectar las contribuciones. El documento no detalla cómo se generarán dichos ahorros y nuevos ingresos al fisco, ni desglosa las partidas como solicitó la junta.
Sobrino indicó al CPI que existe consenso general con la junta en las proyecciones macroeconómicas. No obstante, opinó que “donde va a haber más debate próximamente y es una cuestión de criterio, es en las áreas de implementación de ciertas medidas, los pronósticos de recaudos en algunos renglones”.
El CPI solicitó entrevistas desde noviembre de 2017 a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, y al presidente de la junta, José Carrión, pero las mismas no fueron concedidas.
Al cierre de esta edición y luego de reuniones la semana pasada entre el gobernador y los miembros de la JCF en Nueva York, el ente movió la fecha en que espera certificar un nuevo Plan Fiscal, del 23 de febrero al 30 de marzo. Luego de entregar un nuevo borrador del plan el 12 de febrero, se desconoce si la JCF dará una nueva oportunidad a la administración Rosselló Nevares para que entregue una versión nuevamente enmendada del documento.
Uno de los pilares de presunto ahorro del Plan Fiscal y de los puntos más fuertes de presión de la JCF al gobierno es el recorte en el gasto de la nómina pública. La administración Rosselló niega rotundamente que el Plan -que incluye la reducción de 8,000 empleos de gobierno en 105 agencias- conlleve cesantías o reducción de jornada. En vez sostiene que los ahorros de $319 millones para el año fiscal 2023 incluidos en este renglón se lograrán con dos de sus programas punta de lanza, el Empleador Único y el Programa de Transición Voluntaria, unido al retiro natural de empleados, o atrición.
El Empleador Único implica la movilización de empleados entre agencias y su readiestramiento, y Transición Voluntaria la absorción de trabajadores del sector público al privado mediante la concesión de un incentivo económico.
Al 6 de febrero, unos 2,250 empleados han solicitado acogerse al denominado Programa de Transición Voluntaria que empezó el pasado 15 de noviembre. Unas 1,185 solicitudes han sido concedidas y 18 rechazadas. No se brindó el estatus de las restantes 1,065. “Una vez culmine el Programa de Transición Voluntaria en marzo de 2018, se podrá ofrecer un número certero de lo que será el ahorro para el año fiscal 2019”, indicó por escrito la Aafaf.
En el caso del Empleador Único, uno de los programas bandera del gobernador y que se convirtió en su octava ley firmada hace un año, solo 100 empleados en el Departamento de Hacienda fueron trasladados. Aunque este es uno de los principales mecanismos para alegadamente evitar el despido de empleados dentro de la consolidación del gobierno, el CPI descubrió que aún no existe el programa requerido de readiestramiento para poder preparar a los empleados para nuevas funciones. La iniciativa continúa mayormente en papel.
Según el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, la administración Rosselló espera tener listos para finales de este mes “planes de movilidad”—unas “carpetas” con la información de cada empleado de cada agencia, sus destrezas y preparación, y las necesidades de la agencia.
“Una vez tengamos esos planes de movilidad que exige la ley [de Empleador Único], ahora es que podemos entrar a ver las necesidades específicas de cada agencia y discutir cómo se van a arreglar”, admitió. “Durante este año” se comenzará la ejecución del Empleador Único, mientras manifestó que aún no cuenta con una proyección de empleados que serían impactados por el programa porque aún se desconoce “dónde están las necesidades” de personal en el gobierno.
A pesar de que ambas iniciativas forman parte de las medidas de ahorro en el plan fiscal, tanto la Aafaf como Trabajo admitieron que no cuentan al momento con proyecciones concretas para ambos programas hasta tanto no avance su implementación. Esto deja en entredicho las proyecciones de ahorro contenidas en el nuevo plan fiscal y que permanecen básicamente englobadas junto a otras medidas.
Entretanto, dos fuentes de gobierno aseguraron que aún después de María, la JCF recomienda la salida inmediata de miles de empleados públicos.
Desde la perspectiva del empleado público, la incertidumbre arropa.
“No se ha hecho nada. No hemos recibido información”, manifestó un empleado público que pidió anonimato. “Hay empleados que han buscado información pero hay bien poca. Somos muchos los que no sabemos qué realmente va a pasar”, añadió.
Por su parte, la junta apunta desde la entrega de la primera versión del plan fiscal hasta la más reciente que no está conforme con los esfuerzos del gobierno en el renglón de los recortes. Según planteó en una carta a Rosselló Nevares, entiende que el Plan Fiscal sobreestima el impacto económico de las medidas dirigidas a reducir la nómina gubernamental y no llevarán a un gobierno “con el tamaño correcto” compatible con la reducción poblacional que ha sufrido Puerto Rico la pasada década. La JCF concluyó que necesitan incluir reducciones a las pensiones, junto a más recortes en gastos de personal y servicios, para lograr un gobierno más pequeño. También pidió al ejecutivo que ofreciera más detalles de los ahorros proyectados en este renglón.
El nuevo Plan Fiscal de Rosselló Nevares revisó a la baja algunos de los estimados de ahorros de varias de sus medidas, pero no varía su postura en cuanto a dejar fuera un recorte a las pensiones ni provee todo el desglose que le solicitó la JCF. La versión más reciente propone $200 millones más en ahorros durante el próximo año fiscal, pero en vez de mayores recortes en el gasto, la administración Rosselló Nevares revisará la contribución alternativa mínima y reducirá el gasto en los créditos e incentivos económicos que otorga Hacienda.
En el Departamento de Educación, la reducción en el tamaño del sistema de instrucción pública —junto a una merma de 34,600 estudiantes para el próximo año escolar— generará ciertos ahorros en el presupuesto de la agencia, incluyendo nómina. El documento anticipa ahorros de $71.1 millones durante el próximo año fiscal, y $305.3 millones para el año fiscal 2023. No obstante, la “reforma educativa” de Rosselló Nevares, que propone vales educativos y escuelas “charter”, ya enfrenta una férrea oposición del magisterio y de algunos miembros de su propio partido, lo cual levanta dudas sobre las posibilidades de implantar los cambios propuestos y, con ello, alcanzar los supuestos ahorros.
En el caso del Departamento de Corrección, el plan proyecta un ahorro de $45.8 millones para el año fiscal que comienza el próximo verano y $136 millones para el año fiscal 2023, mientras que para el Departamento de Salud, la expectativa es $51.4 millones y $91.9 millones, respectivamente. No se ha explicado cómo estos ahorros estimados se reflejarán en los servicios públicos.
Todas las reformas a la vez
El grueso de los ahorros del “Nuevo Gobierno” de Rosselló Nevares vendrían a través de lo que el plan denomina como la “transformación del resto de las agencias”, que consolida unas 105 agencias de la Rama Ejecutiva. Mediante el retiro natural de empleados, el programa de retiro voluntario y la reducción en beneficios de salud, el gobierno proyecta ahorros de $121.8 millones para el año fiscal 2019, y logrando hasta $379.3 millones para el 2023.
La consolidación de estas 105 agencias a 35 entidades alegadamente conllevaría una reducción en el número de empleados de de 48,100 a 40,500 y ahorros totales de $619.8 millones para el año fiscal 2023.
Hasta el momento, la experiencia de la administración en reestructurar el aparato gubernamental refleja la complejidad en ejecutar las medidas según planteadas. Ejemplo de esto son los “planes de reorganización” que el gobierno ha presentado hasta el momento para los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y Trabajo, el Bosque Modelo, el Consejo de Educación y la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP). Tres de estos planes —el de DDEC, el Consejo de Educación y la JRSP— fueron retirados tras enfrentar diversos escollos.
Aunque el primer plan fiscal que presentó Rosselló en febrero del año pasado contemplaba la consolidación de varios servicios y agencias durante el año fiscal corriente, incluyendo Desarrollo Económico, Familia, Educación y Seguridad Pública, solamente se ha logrado la consolidación de siete agencias en el nuevo Departamento de Seguridad Pública (DSP). Aunque la ley que crea el DSP fue firmada en abril de 2017, se desconoce el nivel de ahorro logrado bajo esta reestructuración.
El plan real
Al margen de lo que pueda establecer tanto la JCF como el gobierno en los planes fiscales, será otro “plan” el que dictará en gran medida la distribución de recursos a través del gobierno y el futuro fiscal de la Isla.
Un elemento característico de todo proceso de quiebra, el “plan de ajuste” que ausculta el Título III de Promesa establecerá cuánto el gobierno pagará por concepto de deuda, cuándo lo hará, a quiénes les pagará y el orden de preferencia entre los distintos grupos de acreedores.
La junta tiene el poder exclusivo de presentar este “plan de ajuste” para toda entidad del gobierno que acuda a Título III, mientras que el tribunal federal tendría la última palabra sobre la aprobación del documento, que conlleva un proceso de votación por distintas clases de acreedores.
A falta de un “plan de ajuste” en medio de las disputas legales sobre distintas fuentes de ingreso del gobierno, la administración Rosselló Nevares cataloga como “agnóstico” o “neutral” su plan fiscal en cuanto al trato que recibirán los acreedores de Puerto Rico. Cualquier decisión sobre qué recursos estarán disponibles y cuáles son restrictos —tal y como dispondría el plan de ajuste— cambiarían significativamente los supuestos de cualquier plan fiscal que se certifique.
En el mejor de los casos, la quiebra del ELA no verá un plan de ajuste hasta finales de año, mientras que su confirmación judicial podría tardar varios meses luego de presentado, a juicio del abogado Rolando Emmanuelli.
“Vienen los ‘claims’ hasta el 21 de mayo, va a haber litigación sobre los claims, y viene el escrito de divulgación, que hay que aprobarlo, y el escrito de divulgación también se litiga; si es suficiente, si permite a los acreedores ejercer su derecho al voto de manera razonable. Y una vez se apruebe, es que viene el plan (de ajuste). A veces se hace junto. Y entonces después viene votación, oposición, confirmación”, explicó el abogado sobre el proceso en corte.
Por su parte, el abogado John Mudd está de acuerdo con que la “verdadera revisión” del plan fiscal no es la que ocurre en estos momentos, ni la que pueda ocurrir en un futuro inmediato, “sino que se va a dar dentro del proceso del plan de ajuste”. El licenciado explicó que aunque Promesa no permite que el tribunal pueda revisar el plan fiscal, sí puede tomar decisiones como parte del proceso de quiebra que inevitablemente alterarían el contenido del plan.
“El tribunal puede cambiar en gran medida el plan fiscal si decide, por ejemplo, que hay que pagar Cofina”, dijo el abogado. Actualmente, más de una decena de pleitos paralelos al caso de quiebra de Puerto Rico giran en torno a distintas fuentes de ingreso que habían sido previamente pignoradas al pago de deuda. Mientras el gobierno y la junta intentan probar que pueden disponer de estos ingresos según entiendan, varios grupos de acreedores argumentan que están fuera del alcance del Estado.
El nuevo borrador incluye un superávit, pero no dispone cantidad para el pago de la deuda, al mismo tiempo que agrupa toda fuente de ingreso —incluyendo, por ejemplo, el dinero del IVU que permanece bajo disputa en el tribunal. De igual forma, la junta ha advertido que el gobierno no tendría capacidad de pagar deuda durante los próximos cinco años.
“Lo que pasa es que el orden de pago [en el plan de ajuste] va a determinar cuánto les va a tocar a los que son ‘no asegurados’, que son los últimos en la lista. Yo sospecho que si ahora no hay chavos para abonar a la deuda en cinco años, se van a ir en cero. Todo el que el gobierno les debe chavos, que no sean acreedores asegurados o prioritarios, se van a ir en cero”, dijo Emmanuelli.
