Si hay un negocio que tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la alimentación. Se puede prescindir de todos los objetos que nos rodean y que supuestamente nos hacen la vida mejor, sin embargo, llenar el estómago siempre será una obligación. Así lo han entendido esas pocas multinacionales que controlan el comercio de alimentos y los inversionistas que han volcado su dinero en los mercados agrícolas.
Pero en la búsqueda frenética de oportunidades dentro del agronegocio, se ha extendido el “acaparamiento de tierras”, en el que inversores, empresarios, estados, etc. están adquiriendo millones de hectáreas en diferentes países, sobre todo en los africanos, desde los subsaharianos hasta los mediterráneos. Algunos buscan especular con las tierras, otros sembrar agrocombustibles para los países ricos, y otros aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego exportarlos a sus naciones.
Sea como sea, algunos cálculos ya establecen que en África se han tramitado proyectos por una extensión total de 67 millones de hectáreas (la superficie conjunta de Italia y Alemania). Los atropellos se han sucedido sin parar y aquellos maravillosos beneficios que gozarían los pueblos que se amoldarían a la nueva inversión agrícola, se han quedado en papel mojado. De esta forma, las personas desalojadas de sus tierras se cuentan por decenas de miles. Además se han reportado expulsiones violentas, encarcelamientos, procesos judiciales contra campesinos, precariedad laboral en los nuevos proyectos agrícolas, acaparamiento de otros recursos naturales como el agua, deforestación de bosques, alteración de cauces en ríos, etc.
Los muchos discursos de la FAO
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) como buena hija de Naciones Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy contradictorias que puedan ser entre ellas. Por ejemplo, ante la reciente crisis alimentaria en Sudán del Sur, el responsable de este organismo en el país africano manifestaba que “Hay que lograr que las familias tengan en primer lugar acceso rápido a alimentos inocuos y nutritivos, así como a otras necesidades básicas (…) Podemos hacerlo ayudando a la gente a retomar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las que basan sus medios de subsistencia”.
La realidad es que si se quiere ayudar a la gente a retomar sus actividades agrícolas, habrá que garantizar las tierras, las aguas y los recursos económicos. Por eso este escenario propuesto por el responsable de la FAO en Sudán del Sur, choca de frente con el masivo acaparamiento de tierras en el continente, que está ayudando a la gente a abandonar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las que basan sus medios de subsistencia.
Sin embargo y a pesar de la gravedad de los hechos, la FAO también apoya sin titubeos el acaparamiento de tierras. Junto al Banco Mundial o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, trabaja en los “Principios para una inversión agrícola responsable”. Como se desprende del propio título, para estos organismos el acaparamiento de tierras es una inversión que para las naciones empobrecidas deparará, supuestamente, ciertos beneficios como puestos de trabajo, transferencia tecnológica, infraestructuras rurales, seguridad alimentaria, etc. En general, el brazo filantrópico y propagandístico de la nueva inversión agrícola, no ofrece nada que no se haya escuchado mil veces para justificar la inversión extranjera en general, y nada que no se escuchará por ejemplo hace un siglo, cuando ciertas transnacionales fruteras transformaron estados independientes centroamericanos en “repúblicas bananeras”. A día de hoy y como se decía antes, los atropellos y las expulsiones se imponen a las benevolencias.
Y hablando de benevolencias, dejen que les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas en Sierra Leona para cultivar caña de azúcar y generar bioetanol. Se ha denunciado que las comunidades no fueron consultadas para ver si accedían a arrendar sus tierras y el acuerdo fue secreto entre la compañía y el consejo de la aldea. Las cosechas de algunos campesinos fueron destruidas y la indemnización recibida fue tres veces inferior al precio real. Los agricultores han revelado que ahora tienen que recorrer varios kilómetros hasta llegar a las nuevas tierras que les asignaron y se ha constatado que la empresa no está cumpliendo sus compromisos sociales (empleo, mejora agricultura local, etc.). Estos datos fueron recabados por miembros del Consejo de Iglesias de Sierra Leona y por un activista de derechos humanos, que además estuvieron acompañados en el terreno por una ONG local. El Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición tomó estas reseñas y las incluyó en un informe sobre acaparamiento de tierras que publicó en 2010.
Se explica esto porque en marzo, la FAO hizo públicas una serie de noticias sobre el “Proyecto sobre la bioenergía y criterios e indicadores para la seguridad alimentaria” (BEFSCI, por sus siglas en inglés). Este proyecto es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, y según la información contenida en la web de la FAO, pretende desarrollar “… una serie de criterios, indicadores, buenas prácticas y opciones políticas sobre el desarrollo de la bioenergía moderna que promueve el desarrollo rural y la seguridad alimentaria…”.
Huelga decir que este proyecto es un espaldarazo claro al desarrollo de los agrocombustibles y al acaparamiento de tierras. Demagógicamente relaciona el cultivo energético con la seguridad alimentaria, obviando la tragedia de un continente, África, que debe importar decenas de millones de toneladas de alimentos básicos. Sin ir más lejos Sierra Leona, el país donde desarrolla sus actividades Addax Bioenergy, ha llegado a destinar el 24% de su PIB para importar comida.
La cuestión es que en uno de los materiales de BEFSCI, titulado “Buenas prácticas socio-económicas en la producción moderna de bioenergía”, se menciona el caso de Addax Bioenergy como un ejemplo de nitidez, participación ciudadana, solidaridad, etc. Las benevolencias de la compañía suiza que se mencionan en este manual fueron aportadas por productores locales, aunque sin ser contrastadas por la FAO. No hay duda de que algunos lugareños se han podido beneficiar de los proyectos de Addax Bioenergy, pero no se entiende que una organización de Naciones Unidas se olvide de la otra cara de la moneda, de los otros testimonios y de las injusticias. No se entiende que un proyecto de la FAO utilice este controvertido ejemplo como un modelo a seguir, sin comprobar los hechos. Incluso llegó a utilizar en sus informes una fotografía que aparece en la web de Addax Bioenergy, en la que se ve a acaparados y acaparadores dándose la mano amigablemente. Este hecho no tendría la menor importancia si se hubiera indicado el origen de la instantánea. Pero no hacerlo y además reconocer que no se contrastó la información, permite pensar que los datos fueron recopilados de una sola fuente, sin valorar las graves irregularidades que algunas organizaciones han desvelado.
Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (CSA) fue reformado en 2009 para proporcionarle más versatilidad, peso específico y capacidad de decisión para la creación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria. El logro más importante de esta reforma fue el espacio de participación que se proporcionó a las partes interesadas, especialmente a las que se ven más afectadas por la inseguridad alimentaria.
Desde hace tres años, se vienen discutiendo y consensuando en el seno del nuevo CSA, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra. Estas directrices pretenden salvaguardar el acceso a la tierra y a otros recursos naturales para los sectores de la sociedad más vulnerables, y ayudarán a que los estados que se ven afectados por el acaparamiento de tierras puedan legislar para garantizar estos derechos.
El pasado 11 de mayo y tras muchas reuniones, las directrices fueron aprobadas por los estados, el sector privado y los colectivos sociales que habían participado en su elaboración dentro del CSA. Las primeras reacciones de las organizaciones sociales involucradas -que representaban en algunos casos a millones de campesinos y agricultores- han sido positivas porque por una parte se han aprobado unas pautas que pueden ayudar a frenar la impunidad reinante hasta el momento, y por otra, consolida el CSA reformado como un espacio de participación y toma de decisiones.
No obstante, algunos colectivos sociales también han manifestado que las directrices se quedan cortas en muchos aspectos, siguen legitimando el acaparamiento de tierras y pueden entenderse de manera desigual dependiendo de los actores. Todo, porque la acción de ciertos estados y sobre todo del sector privado, obligó a consensuar ciertas posiciones ambiguas y muy generales, y por eso al final, tuvieron el mismo peso los intereses de aquellos que se juegan el poder comer y trabajar, que los intereses de aquellos que si no invierten en agrocombustibles en África lo harán en factorías chinas de alpargatas y bolígrafos. Muy democrático sí, pero muy asimétrico también.
El autor es investigador asociado de la Cátedra “Tierra Ciudadana”- Fondation Charles Léopold Mayer, de la Universidad Politécnica de Valencia.
