La exigencia del movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reúna con ese sector para discutir el recorte de $450 millones al presupuesto universitario– volvió a quedar desatendida hoy, dejando en el aire la posición del primer ejecutivo con respecto al conflicto que atraviesa el primer centro docente del País.
Tras una hora de espera frente a La Fortaleza –luego de realizar un piquete en el Capitolio y marchar desde ahí hasta la Mansión Ejecutiva– se notificó a los líderes estudiantiles Verónica Figueroa y Gabriel Díaz que no se coordinaría una reunión por ninguno pertenecer a “organismos oficiales” electos por el alumnado.
Figueroa es miembro del Comité Negociador Nacional (CNN), y Díaz pertenece al Comité de Negociación del Recinto de Río Piedras. Ambos cuerpos fueron creados durante el proceso de huelga para llegar a una resolución del conflicto que ha paralizado varios recintos de la UPR por casi dos meses.
“Es una falta de respeto que ya José Carrión III haya atendido a los 26 representantes estudiantiles [del CNN], que Ana Matosantos y Natalie Jaresko hayan cogido un avión para escuchar a los estudiantes, y el gobernador todavía no se atreve a sentarse cara a cara con los estudiantes para atender las propuestas y tener un diálogo para resolver los problemas de la Universidad”, planteó Figueroa.
“A nosotros nos parece descabellado que el gobernador simplemente decida pichar, y si es así él debe dimitir”, agregó Díaz.
La reunión con Rosselló Nevares fue solicitada mientras este se encontraba en Washington DC, en reuniones con funcionarios del Departamento de Salud federal.
En cualquier caso, Figueroa detalló que la búsqueda de reunirse con el mandatario tiene tres propósitos: recabar su apoyo para la aprobación de los cinco proyectos de ley que el estudiantado presentó a la Asamblea Legislativa y que allegarían sobre $500 millones a la UPR, validar la universidad pública como un servicio esencial, y lograr que no se impongan recortes al presupuesto universitario.
En términos de las personas que tienen inherencia sobre el futuro de la UPR, Rosselló Nevares es el único que no se ha reunido con los estudiantes. La administración central de la institución y sus distintos organismos –la Junta de Gobierno y el Comité de Diálogo Multisectorial– mantienen reuniones periódicas con el estudiantado.
Asimismo, el miércoles la Junta de Control Fiscal (JCF) sostuvo una reunión con el CNN, en la que el ente federal reafirmó su exigencia del recorte de $450 millones en la aportación del Estado a las arcas universitarias, y le pasó el batón a Rosselló Nevares en cuanto a ese ajuste.
Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera, dependencia adscrita a la Rama Ejecutiva, elevan la cifra del recorte a $512 para el 2026.
Responde La Fortaleza: diálogo debe ser con “con organismos oficiales”
El principal asesor legal de Rosselló Nevares, Alfonso Orona, expresó que la actual administración mantiene su compromiso de diálogo con los distintos sectores del País, pero que estos deben darse con los “organismos oficiales”.
Detalló que al momento no han recibido una comunicación de un “organismo oficial”, aunque no aclaró cuál sería ese cuerpo en el caso del estudiantado de la UPR. Estos podrían ser la Confederación Estudiantil Nacional o los consejos de estudiantes de cada unidad, cuyos miembros son electos.
“Si vienen a presentar propuestas, estamos dispuestos a escucharlos. Hemos visto los preacuerdos y entendemos que cualquier petición tiene que cumplir con [los requisitos] del plan fiscal”, expuso Orona.
“Vamos a continuar el diálogo pero no con grupos que fomentan la violencia. Invitamos a continuar el diálogo responsable tomando en cuenta la crisis”, dijo Orona, quien señaló directamente a Figueroa como una de las estudiantes que enfrenta un proceso judicial por irrumpir en la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR a finales de abril e, indirectamente, una de las razones por las que rechazó coordinar la reunión.
