“Presidente, en su país no hay libertad de expresión”. Así, sin mayor protocolo, el primer relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diagnosticó la situación al entonces presidente peruano Alberto Fujimori, en noviembre de 1998.
Se trataba del abogado argentino Santiago Cantón, en la primera visita del representante de la Relatoría a un país, desde su creación en noviembre del año anterior. Le acompañaba el presidente de la CIDH de entonces, el venezolano Carlos Ayala. Lo hicieron a invitación de Fujimori (1990-2000).
Seis años antes, en abril de 1992, Fujimori había disuelto el Congreso y tomado el control del Poder Judicial y los medios de comunicación. En el marco de lo que se definió como un “autogolpe”, también suspendió la investigación del Senado sobre sus violaciones a los derechos humanos.
Fueron dos masacres en 1991 y 1992 perpetradas por el Ejército peruano, por las que fue condenado en 2007 a 25 años de prisión, que aún cumple en una prisión cerca de Lima y que se sumaron a otras penas por corrupción.
Cantón y Ayala rememoraron ese pasaje de la historia de la CIDH durante el homenaje a la Relatoría Especial en Bogotá, al cumplir 20 años, con la asistencia también de los relatores Eduardo Bertoni (2002-2005), Ignacio Álvarez (2006-2008), Catalina Botero (2008-2014) y quien ejerce el mandato actualmente, Edison Lanza.
El encuentro en la capital colombiana convocó a representantes de organizaciones periodísticas de defensa de la libertad de expresión de América Latina.
Al principio, “no había oficina, no había escritorios, no había un programa de trabajo y a lo largo de los años se creó institucionalidad”, recordó Cantón que atribuye a la Cumbre de las Américas como el órgano hemisférico que aprobó e impulsó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele).
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dos órganos autónomos que operan en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los mandatarios de sus 35 países miembros en la trienal Cumbre de las Américas.
Aquella primera visita de la CIDH y la Rele a Lima, en las postrimerías de un régimen que devino de demócrata en autoritario, también marcaría el destino final de Fujimori.
La extradición, desde Santiago de Chile, el 22 de septiembre de 2007, fue posible “con base en la decisión del sistema interamericano, eso no existe en otro lugar del mundo”, recordó Cantón al rememorar el episodio seis años después para el diario La República.
Cuando la CIDH visitó Perú, “encontró al gobierno de Fujimori preparándose para una nueva reelección y para continuar en el poder hasta 2005”, recordó el periodista peruano y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Tenía bajo su control el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, y contaba con el respaldo de los más importantes medios de comunicación que apoyaban su candidatura. No era gratis”, añadió el jefe de la unidad de investigación de La República.
“Fujimori perseguía, espiaba y amedrentaba a la prensa y a los periodistas que se oponían a la reelección, o se dedicaban a investigar el terrorismo de Estado y la corrupción del régimen. Se ganó el título de uno de los peores enemigos de la libertad de prensa, como lo calificó la organización Reporteros sin Fronteras”, agregó.
Por las tareas realizadas en dos décadas, el abogado y jurista uruguayo, Edison Lanza, al frente de la Rele desde 2014, consideró que la institución “es un dique de contención ante los gobiernos autoritarios”, y califica a América Latina como una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo.
“Consterna el asesinato de periodistas que son la clave para el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información”, expresó Lanza en la sesión en que se recordó a los 11 reporteros asesinados en México, durante 2017, y a otros que fueron víctimas de la violencia en América Central y el resto de la región.
Para la colombiana Catalina Botero, la única mujer relatora especial en los 20 años de la institución, “no estamos en situación de celebrar la libertad de expresión, sino por los resultados que se alcanzaron”.
Queda pendiente, comentó, “que la sociedad civil y la Relatoría puedan trabajar en una agenda” de actividades.
“Detrás de cada asesinato de un periodista, se calla no solo una voz, sino se busca la autocensura de una comunidad a la que el reportero informaba”, dijo en tono de reflexión el exrelator Álvarez. “Esperamos que el trabajo de la Relatoría contribuya a salvar la vida de muchos periodistas”, añadió este abogado venezolano.
“Sigo amenazada, sigo con escolta y hago periodismo custodiada y cuando uno encuentra esa puerta (de la Rele) debemos seguir apoyando la libertad de expresión”, afirmó la periodista colombiana Jineth Bedoya.
Ella fue víctima hace 17 años de secuestro, tortura y agresión sexual a manos de paramilitares de extrema derecha de su país, mientras realizaba un reportaje sobre tráfico de armas, desapariciones y homicidios.
“No se puede hablar de justicia cuando se silencia a periodistas y el sistema de justicia no defiende a periodistas”, dijo en un llamado de atención para los comunicadores afectados por la violencia en Colombia.
Con voz entrecortada, la representante de la organización Artículo 19, la mexicana Ana Ruelas, leyó los nombres de los 11 periodistas asesinados en su país durante 2017, y a continuación lamentó la impunidad que rodea a cada uno de los casos denunciados.
“No existe democracia mientras se tenga a los periodistas contra la pared”, sentenció la integrante de una organización dedicada a defender el derecho a la información y la libertad de expresión y cuyo nombre hace referencia a ese artículo de la declaración universal de los derechos humanos.
Cantón recordó que la creación de la Relatoría Especial fue propuesta por el presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) al mandatario argentino Carlos Menem (1989-1999), con las atribuciones de independencia y autonomía, cualidades que no tuvieron un respaldo inicial de algunos estados y que aún hoy son objeto de tensiones con algunos gobiernos.
“La sociedad civil no apoyaba, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, de los grandes editores del continente) estaba cautelosa”, evocó el jurista argentino.
“Contar con una Relatoría que se ocupe del derecho fundamental de la libertad de expresión ha sido un paso fundamental para la defensa de la democracia en la región”, comentó el director ejecutivo de la organización ecuatoriana Fundamedios, César Ricaurte.
El trabajo de la relatora Botero, por ejemplo, colaboró en la “visibilización” de las restricciones a la libertad de expresión del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa (2007-2017), recordó.
“Ello ayudó a que la sociedad civil ecuatoriana pudiera sentir más acompañamiento y respaldo internacional a nuestro trabajo de contención frente a los avances represivos”, resumió.
Los defensores de la libertad de expresión congregados en Bogotá coincidieron que las amenazas contra ella no cesan por parte de gobiernos, sin distingos de ideologías.
De hecho, en noviembre, la Rele alertó que la nueva ley contra el odio de Venezuela incluye duras sanciones penales y crea acciones de censura a los medios convencionales y digitales, así como a las redes sociales.
La Rele advirtió que la norma impedirá el ejercicio de la libertad de expresión y alentará la intimidación a periodistas y líderes de opinión.
