Este pasado 25 de julio, el Gobierno de Puerto Rico celebró de manera oficial el aniversario número 62 del Día de la Constitución, ocasión que, dependiendo la ideología política de la administración gubernamental en el poder, puede prestarse como foro para celebrar o criticar el estatus político de la Isla.
Es interesante resaltar que esta fecha tiene un significado distinto para los tres grupos político-ideológicos predominantes de la Isla, debido a la serie de eventos que han tomado lugar durante este día en los pasados 116 años de historia puertorriqueña: la invasión estadounidense en 1898, la celebración de la Constitución en 1952 y los asesinatos del Cerro Maravilla en 1978.
La conmemoración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nombre oficial de la Isla y todas sus posesiones, se ha convertido en sinónimo para la situación política del País y ha sido un punto de controversia entre los sectores anexionistas e independentistas de nuestra sociedad, argumentando que es una celebración de la situación colonial de Puerto Rico.
Por otro lado, el sector y liderato estadolibrista, defensores del status quo, ven la posibilidad que el ELA pueda evolucionar en alguna dirección, tras 62 años permanece inexplorada, o como dijo el gobernador Alejando García Padilla durante la celebración de los actos oficiales, “ese potencial es la capacidad de crecer, ensancharse, atemperarse a los tiempos”.
Hay dos realidades en todo eso: primero, la situación política de Puerto Rico es, en efecto, una colonial. Segundo, el ELA no tiene más capacidad de crecimiento, si es que una vez lo tuvo.
Tanto los anexionistas, independentistas, el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, la comunidad internacional e inclusive partidarios del bando estadolibrista, los llamados “soberanistas”, parecen entender esa realidad y son conscientes que en cualquier iniciativa para la determinación política permanente de Puerto Rico, el ELA no puede ser una de las opciones.
Ante lo que parece ser evidente para una inmensa mayoría, excepto para los defensores del ELA, el gobernador García Padilla, quien expresó su intención de hacer otro plebiscito de estatus para el 2016, criticó durante la actividad conmemorativa que las únicas opciones sobre la mesa para resolver la situación política de Puerto Rico sean la estadidad y la independencia, cuando el ELA demostró que había otra posibilidad.
Al parecer, al Gobernador se le ha olvidado que la comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos reconocen la existencia de una tercera opción para la autodeterminación política de un pueblo: la libre asociación o república asociada.
Esta opción fue presentada en el plebiscito de 2012 y merece ser incluida, de manera informada y bajo su verdadero nombre, en cualquier consulta futura. Digo “consulta futura” porque los resultados del referéndum del 2012, en donde la estadidad “ganó”, son altamente cuestionables, al considerar que la forma como estuvo estructurado el proceso no fue la mejor.
No estoy hablando del argumento sobre los votos en blanco (en efecto, dichos votos no deberían ser contados), sino de cómo la segunda pregunta pretendía que los que votaron ‘Sí’ con conformidad al estatus actual en la primera, tuvieran que escoger una de las tres opciones presentadas en la segunda, que no reflejaban la elección que hicieron en el encasillado anterior.
Por consiguiente, la elección del ‘Sí’ quedaba automáticamente cancelada por la segunda pregunta y le abría paso a la estadidad a obtener una “victoria” prefabricada, ya que se aseguraba de no darle ninguna opción a estos.
Quizás si el referéndum se hubiera llevado a cabo como dicta la lógica de la mayoría de los seres pensantes, con una consulta en una fecha y la segunda en otra, la interpretación de los resultados del plebiscito del 2012 sería otra y tendría mayor validez para el gobierno estadounidense.
Pero volviendo al caso de la libre asociación, que fue presentada en al anterior plebiscito bajo el nombre de “Estado Libre Asociado Soberano”, esta representa la vía lógica por donde el sector estadolibrista debe comenzar a mover su apoyo, aceptando que una evolución del ELA actual, (lo que se ha venido a conocer como “ELA mejorado”) es una incongruencia, que no tiene cabida en el derecho constitucional estadounidense ni en el derecho internacional.
Según se presentó en el 2012 en la papeleta electiva de la Comisión Estatal de Elecciones, la libre asociación es un “estatus fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal, basada en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.” Esta opción tiene precedente en los Estados Unidos, por medio de los Pactos de Libre Asociación, acordados con los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos.
Bajo este arreglo, ambos países, como entes soberanos, negocian el poder y alcance jurisdiccional que le competen a cada uno y tienen la prerrogativa de culminar la relación de manera unilateral, lo que contrasta con la situación política actual de Puerto Rico e inclusive con la estadidad.
Sin embargo, la libre asociación no es está exenta de sus detractores y cuestionamientos. Para comenzar, es considerada por los Estados Unidos como un tipo de independencia (que tampoco debe ser visto como algo malo), mientras que el lenguaje de la Resolución 1541, Principio IV de la Organización de la Naciones Unidas lo vislumbra como una situación aparte de la independencia tradicional. También, el gobierno estadounidense ha sido criticado en varias ocasiones por faltar en sus responsabilidades o no cumplir completamente con lo acordado en los Pactos de Libre Asociación que mantiene con las naciones mencionadas anteriormente.
Si bien este último punto es preocupante, es una realidad que puede suscitarse en las otras dos opciones de autodeterminación. Aunque hay independencias alrededor del mundo que pueden ser catalogadas como exitosas, muchas otras no han gozado de la misma fortuna.
Puede que la estadidad haya ocasionado una mejor calidad de vida de la población estadounidense, pero es irresponsable pretender que es una “varita mágica” que todo lo puede mejorar y resolver, máxime cuando observamos que los estados sureños de la Unión históricamente no se han encontrado en igualdad de condiciones, en comparación con los demás.
La libre asociación representa la opción que mejor puede alcanzar lo que se pretendió con el ELA, pero de una manera que se ajuste a la constitucionalidad estadounidense y las disposiciones de la comunidad internacional. A mi entender, es la opción más responsable para encaminar a Puerto Rico, que tristemente está acostumbrado a ser una pertenencia de otro, para formar parte de la comunidad internacional como un miembro igualitario, que debería ser la finalidad de cualquier pueblo en búsqueda de su autodeterminación.
Con la libre asociación, las palabras plasmadas en el Artículo I de nuestra Constitución finalmente podrán tener debida validez, al reconocer que el poder político de la Isla “se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América”.
El autor es Maestro en Administración Pública y egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
