Durante más de veinticinco años los vertederos han sido el método más común en Puerto Rico para que los ciudadanos dispongan de la basura que producen. Sin embargo, los serios problemas de contaminación ambiental que estos desataron, colocaron en jaque esta forma de manejar los desperdicios que generan los puertorriqueños -que se estima en poco más de cinco libras por persona diariamente-. Las actuales opciones, entre las que figuran las plantas incineradoras, tampoco están exentas de la controversia.
Antes de que en el país se habilitaran terrenos para la creación de vertederos y con la llegada de la revolución industrial, era común la existencia de lugares clandestinos donde se arrojaba la basura. Ante esta situación, en la década de 1950 en Puerto Rico se dispuso la creación de los rellenos sanitarios como muestran datos del estudio Landfill Site Suitability for Non-Toxic Solid Waste in Puerto Rico realizado por el Departamento de Geografía y Planificación de la Universidad de Akron en Ohio. No obstante, esta medida se implantó sin mayores disposiciones o reglamentaciones sobre su localización, por lo que la mayoría de estas localidades se ubicaron sin tomar las precauciones necesarias para proteger acuíferos y zonas de gran valor ambiental.
Precisamente, en 1989 la Junta de Calidad Ambiental llevó a cabo una investigación en la que se dio a conocer que de los 64 vertederos que para entonces operaban en la Isla, sólo dos operaban de forma correcta. Más adelante, en 1994 la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), dispuso por vez primera reglamentación para fiscalizar los vertederos. Esta acción de la EPA provocó la clausura de 34 de estos vertederos y la aplicación al resto de estos lugares de la “Cláusula del Abuelo”, que exponía que aquellos vertederos que no cumplieran con los requisitos federales, podrían cerrar con “requisitos más flexibles”, tomando en consideración el arduo proceso que conlleva una clausura inmediata.
Nuevamente en el 2000, la EPA reevaluó los vertederos y encontró que la mayoría de estos no cumplía con los requisitos federales que incluían disponer de capas de revestimiento doble para evitar que los lixiviados o líquidos residuales ganaran acceso a las aguas subterráneas, un sistema que permitiese la remoción de dichas sustancias líquidas, un sistema de recolección del gas metano y otro para quemarlo y un establecimiento de pozos de monitoreo de las aguas subterráneas. El incumplimiento con estas disposiciones provocó que esa agencia federal cerrara otros cinco vertederos: Aguadilla, Vega Baja, Florida, Toa Baja y Santa Isabel.
La mayoría de dichos depósitos de basura ubicaban en el norte de la Isla. Dicha situación fue el detonante para que la compañía Energy Answers propusiera la construcción de una “planta de recuperación de recursos” en Arecibo donde, según fuentes contactadas por Diálogo, próximamente se llevará a cabo el cierre del vertedero urbano. Esta compañía, con sede en Nueva York, ya había propuesto un proyecto similar en la Isla llamado “Renova” hace más de 10 años, sin embargo no prosperó, pues luego de que la compañía realizó estudios ambientales tomando en cuenta que la sede sería Arecibo, se sugirió su instalación en otros pueblos. Al tener que invertir más dinero en nueva investigación, -algo que no sería costo eficiente para la empresa- decidieron retirar la propuesta. En esta ocasión, en cambio, la propuesta parece correr con mejor suerte. La construcción de esta planta, que incluiría la combustión de basura procesada y que estaría ubicada en la Antigua Central Azucarera en el sector Cambalache es una idea que está cobrando mucha fuerza. Se dice que la estructura tendría la capacidad de procesar 2,100 toneladas y generar 80 vatios de energía diariamente.
Preocupaciones por efectos a la salud
Cuando el proyecto se hizo público, ciudadanos del pueblo de Arecibo crearon el Frente Amplio en contra del Incinerador. El grupo, que reúne a miembros del Sierra Club, madres residentes de la ciudad, profesores y médicos entre otros, realiza desde el año pasado diversas manifestaciones en lugares públicos, advirtiendo al pueblo sobre los peligros que alegan representaría dicha planta.
“Estamos sumamente preocupados porque estos son los principales productores de compuestos tóxicos como las dioxinas. Aquí quemarán plástico, y la quema de plástico produciría dioxinas. Particularmente, lo que nos preocupa son las nano partículas (sustancias extremadamente pequeñas), de las que salen todos estos tóxicos: las dioxinas, el cromio, el mercurio. No hay tecnología que impida que estas partículas salgan por las chimeneas de esta incineradora”, arguyó el médico internista Ángel González, quien está en contra de la construcción de la planta. González explicó que la dioxina es el tóxico más potente que existe en la naturaleza; es causante de diabetes, ocasiona problemas al feto y afecta la leche materna.
Al galeno también le inquieta el efecto de la dioxina en la industria lechera, uno de los renglones agrícolas más importantes en la zona norte. Anotó que las dioxinas podrían contaminar la yerba que ingieren las vacas, lo que convertiría su leche en un producto tóxico y por lo tanto no apto para el consumo. González, también explicó que las dioxinas producen síndromes parecidos al SIDA, que afectan los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo en hembras y varones.
“La gran difusión de los vientos alisios va a afectar a decenas de miles de personas en toda el área noroeste”, sentenció el galeno. “Es francamente decepcionante que pretendan empujarnos este tipo de proyectos en Puerto Rico”, lamentó.
Paul Connet, profesor de química en la St. Lawrence University en New York y activista en contra de las plantas incineradoras, participó de varias charlas en Puerto Rico en contra de los proponentes de Energy Answer. Connet criticó el que se le reste importancia a los tóxicos con el argumento de que “se encuentran normalmente en el ambiente”, ya que está probado que dichos contaminantes causan daños en la piel y otro tipo de enfermedades. Añadió que el hombre puede almacenar estos tóxicos durante toda su vida en el cuerpo. En el caso de las mujeres es más preocupante aún pues según Connet “a lo largo del embarazo las dioxinas cruzan la membrana placentaria y se trasladan al feto”.
“Una tecnología distinta”
Entre tanto, Energy Answer alega que la controversia que ha suscitado la construcción de su planta incineradora responde a la desinformación sobre las tecnologías existentes. El ecólogo Alexis Molinares, quien durante 14 años dirigió diversos programas del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y ha laborado en el Departamento de Recursos Naturales (DRN), y uno de los profesionales contratados por Energy Answer para orientar a las comunidades circundantes en torno a dicho proyecto, indicó a Diálogo que la planta no representa un riesgo para la ciudadanía porque la tecnología que se utilizará en Arecibo es distinta.
“Se están haciendo referencias a cosas del pasado. Están enseñando chimeneas de los años 60′, botando humo, o dicen que la gente se está enfermando, que tienen malformaciones genéticas, sacando imágenes que no están ligadas a esto. Esto es waste to energy, transformación de basura a energía. Ha habido un adelanto tecnológico dramático en lo que respecta al control de emisiones. Y el humo negro este que salía de los condominios que utilizaban incineradores, eso ya no existe”, agregó.
Molinares señaló que, aunque el grupo de ciudadanos en oposición “le llama de forma peyorativa como incineradora” la realidad es que la combustión es solamente una etapa dentro del proceso”. Informó que la planta procesaría 2,100 toneladas de basura de todo tipo, sin embargo, al procesar el material se sacaría inicialmente todo aquello que se le pueda dar uso [reciclable], luego lo que no sea reciclable pasa por una máquina donde se tritura. Simultáneamente los metales ferrosos [que contienen hierro como su ingrediente principal] y no ferrosos [incluyen aquellos que tienen aluminio, magnesio, zinc, cobre y plomo] son separados de este material triturado, ubicándose en el fondo de la cámara. Ahí, según Molinares, se recupera una cantidad sustancial de metales que de ordinario podrían ir al vertedero. El remanente triturado se lleva a una cámara de combustión donde ocurre el proceso de producción de energía. La ceniza que resulte de esta quema se convierte en un material homogenizado en forma de “pequeñas galletas” y “con la textura del empañetado” del cual se dispondrá en “vertederos que cumplan con las regulaciones de EPA, que serían los vertederos del sur”, según el entrevistado.
El ecólogo rechazó los argumentos de que las dioxinas puedan afectar los aires, puesto que la planta tiene un proceso de filtración de cuatro etapas para absorber todo tóxico y “un súper- catalítico” para el control de emisiones que “se le añade al sistema para atrapar las últimas cosas que vayan saliendo con tóxicos”. Según los diagramas presentados por Energy Answers, este “súper-catalítico” está compuesto por un purificador y un filtro de lona. Aun así, no descartó que salgan emanaciones por las chimeneas, aunque aclaró que las emanaciones estarían “muy” por debajo de lo reglamentado por la EPA.
Finalmente, el ecólogo comentó que la planta no busca eliminar los planes de reciclaje en la Isla sino trabajar “de forma integrada”.
Este punto, sin embargo, fue cuestionado por Orlando Negrón, presidente del Sierra Club en Puerto Rico. Negrón denunció que la construcción de la planta sabotea los esfuerzos del colectivo y otras entidades para promover el reciclaje, y provocará una disminución en la tasa de reciclaje en Puerto Rico puesto que le restará responsabilidad al ciudadano de reciclar los materiales que utiliza.
“Quemar la basura es lo peor que pueda hacer para trabajar con la basura. Tú no puedes extraer material útil para la producción y quemarlo. Lo justo, la modalidad del siglo 21 es reutilizar los materiales”, puntualizó Negrón.
Basura Cero
Sierra Club, como todas las organizaciones que forman parte del Frente Común contra el Incinerador, promueve el Programa Basura Cero como alternativa a la Planta de Incineración. Este proyecto esboza una política integral de manejo de residuos que apunta a reducir progresivamente el enterramiento y la incineración de residuos sólidos hasta llegar a cero desperdicios, adoptando una serie de medidas desde que se produce el material hasta que se consume y desecha. El plan consiste en reducir, reusar, reciclar y compostar -es decir, descomponer las sustancias orgánicas provenientes de alimentos desechados, restos de cosechas o desechos de animales y convertirlos en abono orgánico- construyendo su vez una planta de reciclaje que los detractores del incinerador sugieren que se establezca, precisamente, en la misma instalación de la Central Azucarera en Cambalache.
Al mismo tiempo proponen que se impulse la energía renovable, en lugar de la energía producida por la basura y que se elimine por completo el vertedero existente en Arecibo que en la actualidad presenta un gran riesgo a la Reserva del Caño Tiburones. Para esto, se reúnen frente a la alcaldía de ese municipio todos los miércoles al mediodía, para orientar a la gente y exigirle al alcalde Lemuel Soto, que se oponga a la instalación de la planta en el municipio.
¿Qué dice el Municipio?
Soto no ha asumido una posición clara al respecto. El primer mandatario de Arecibo expresó a Diálogo que “no está a favor ni en contra del proyecto”. Sin embargo, manifestó que “los ambientalistas que están en contra van tras un fin político de criticar la gestión del gobierno de turno, en lugar de estar preocupados por los daños ambientales que pueda causar la planta”.
El Alcalde cuestionó la autenticidad de los argumentos de los oponentes de Energy Answer. “La queja de esos mismos grupos es que [el vertedero] contamina con los lixiviados el Caño Tiburones, que contamina con el efecto de gas de invernadero el ambiente, la peste, daños en las carreteras, y obviamente el peligro inminente de tanto vehículo pesado en la carretera…Viene alguien con una alternativa y vienen esos mismos grupos y dicen que al vertedero se le puede dar más vida. ‘O te peinas o te haces rolos’”, dijo visiblemente molesto.
Soto comentó que al presentársele el proyecto no entendió por qué la gente se oponía al mismo puesto que, según las autoridades federales, las emisiones que emitirá la planta serían por debajo de lo estipulado por la EPA.
Además, señaló que el proyecto vino “planchado” del gobierno central por lo cual él no tiene injerencia alguna sobre su realización o sobre los permisos que debe tener la planta para operar. “Yo no soy quien va a tomar la determinación, que sea la EPA, que regula en Estados Unidos y Puerto Rico. Si quieren más que eso, hay que ser más papistas que el Papa. Tener más argumentos científicos por encima del gobierno federal, no creo. La bola está en la cancha de EPA”, concluyó.
