“Hay un denominador común, que es la descolonización de Puerto Rico.
Hace falta armar una carpa amplia donde quepamos todos los que amamos esta patria”.
–Oscar López Rivera
Con la crisis económica y la antidemocracia que vivimos, la idea de un Puerto Rico progresista parece estar más lejos cada día. No obstante, las crisis siempre traen oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Por eso, este artículo pretende darle continuidad a una discusión sobre qué podemos hacer desde la izquierda en el momento histórico en el que nos encontramos.
En primer lugar, la mayoría de los puertorriqueños de una forma u otra quiere resolver el asunto del estatus. En el 2012, el 54% de los electores dejó claro que no les interesaba continuar con el estatus colonial. En esa misma fecha, el Estado Libre Asociado (ELA) obtuvo sobre 800,000 votos y hoy, por más que sus viejos portavoces insistan, no es capaz de aglutinar ni 200,000. Por su parte, la estadidad, que aglutina más seguidores que el ELA va en un declive lento pero seguro a partir del plebiscito del 11 de junio.
El apoyo a estas dos fórmulas se derrumba en paralelo con los partidos que las representan. Por primera vez podríamos ver un fraccionamiento del Partido Nuevo Progresista (PNP) y una continuación del debilitamiento estrepitoso del Partido Popular Democrático (PPD). En las pasadas elecciones más de 300,000 participantes no optaron por candidatos del PNP ni del PPD y sobre un millón de electores hábiles no votaron en las elecciones.
El PNP movilizó alrededor de 400,000 personas en sus primarias y sólo alcanzó el 42% de los votos en las elecciones generales. Ese número representa una baja de más de 200,000 votos respecto a las elecciones del 2012 y de casi 300,000 en comparación con las primarias del 2008. El proceso de campaña, las caminatas, los mítines poco concurridos y los resultados del último plebiscito denotan que el PNP está desgastado. Todo esto sin tomar en cuenta que las políticas de austeridad propuestas para este cuatrienio serán las peores que se han implementado en la historia de Puerto Rico.
Por su parte, el PPD obtiene por segunda vez una disminución de casi 300,000 votos. Las pugnas internas entre soberanistas y estadolibristas se agudizaron con la creación del Junte Soberanista y con la asamblea del PPD donde ‘Tatito’ Hernández asistió con la intención de solicitar la renuncia a los líderes que habían participado del Junte. El PPD quiere ‘limpiar la casa’ como consecuencia del resentimiento que llevan cargando hacia los soberanistas desde que derrotaron el IVA en la Legislatura.
Las próximas elecciones serán determinantes para estos partidos porque llegarán destruidos y mantendrán posturas muy parecidas, especialmente si el PPD continúa acomodándose más a la derecha. La cantidad de electores que no votaron por estos partidos y las proyecciones estadísticas para las próximas elecciones sugieren que estos y sus propuestas de estatus, son simples mortales.
Si bien el bipartidismo está debilitándose, el sistema electoral de mayoría mantiene la apariencia de que no hay alternativas. Pero los cambios radicales en los sistemas de partidos en América Latina se han suscitado como consecuencia de crisis económicas y específicamente en momentos donde se implementan políticas extremistas (Véase El sistema de partidos en América Latina 1978-2015 de Flavia Freidenberg). Plantearnos la destrucción de estos partidos ya no es una idea lejana y determina nuestro proyecto social, político y económico.
Además del descontento hacia los partidos y la colonia, gran parte de la población rechaza las imposiciones de la Junta de Control Fiscal (JCF). Manifestaciones concretas de rechazo a sus medidas se expresan en diferentes luchas por toda la isla: por la conservación de Playuela en Aguadilla y el Bosque Seco de Guánica, contra el depósito de cenizas en Peñuelas y la incineradora en Arecibo, el cierre de escuelas, la defensa de derechos laborales y de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre muchas otras. Las luchas que han acaparado mayor atención pública llevan como bandera la oposición a las medidas de la JCF. A pesar de haber consenso en la oposición a la JCF, la abolición de Promesa es una propuesta incompleta. Para ser considerada una propuesta completa la misma debe incluir otros consensos; el rechazo a los partidos de mayoría y a la colonia.
Con la eliminación de Promesa aún seguirían vigentes las leyes norteamericanas sobre Puerto Rico. Previo a Promesa la economía ya estaba en recesión, la UPR ya había sufrido una serie de recortes y esperaba otros, miles de personas emigraban al año y se percibía el mismo deterioro social. Estas son solo algunas de las consecuencias de que Puerto Rico esté sujeto a leyes que no responden a las necesidades de los puertorriqueños e impiden cualquier propuesta de desarrollo económico.
En la redacción de nuestra constitución, el Congreso de Estados Unidos, deliberadamente y amparado en nuestro estatus político, eliminó la garantía del derecho a la educación superior y la sección 20 que disponía la redistribución de nuestras riquezas y enlistaba una serie de derechos progresistas. Además de estas enmiendas a nuestra constitución y entre una lista larga, nos prohibieron crear un gobierno productor, establecer un impuesto a Walmart y ahora en 2017 nos imponen austeridad.
Las colonias existen para extraer riquezas; generan pobreza y antidemocracia. Quienes crean que en Puerto Rico es necesaria la redistribución de las riquezas deben comprender que esto implica un cambio en las políticas económicas tradicionales que chocan con restricciones impuestas por Estados Unidos sobre nuestro archipiélago y el mundo.
En resumen: Promesa fue consecuencia de la crisis creada por nuestra situación colonial, no su causa. El fundamento del problema es el poder plenario que ejerce Estados Unidos sobre Puerto Rico con sus intermediarios del PNP-PPD. La autonomía fiscal que teníamos previo a Promesa no fue suficiente para contrarrestar los efectos nocivos de ser una colonia y la crisis no ha provocado que los partidos de mayoría cambien sus posturas. Ante esta coyuntura, queda preguntarnos: ¿qué se puede hacer para enfrentar la crisis económica? ¿cómo hacemos valer nuestras propuestas?
Ante una etapa determinante
Ya se han comenzado procesos de organización que delimitan planes de resistencia inmediata y/o acciones futuras. Hace algunas semanas la Colectiva Feminista en Construcción (https://www.facebook.com/colectiva.feminista.14/) publicó sobre 100 propuestas con las que entiende hay consenso e invitan al debate y a la discusión sobre la posibilidad de realizar una huelga general con el fin de alcanzarlas.
El documento enumera una serie de derechos de género, políticos, sociales, sexuales y educativos. Las propuestas son de reconocimiento y de redistribución de nuestras riquezas y enmarcan un proyecto político. Para asegurarlas, algunas de ellas sólo requerirían que el ejecutivo y agencias públicas cumplieran con su labor mientras otras implican la creación de leyes y enmiendas constitucionales.
Como movimiento social, la falta de propuestas no es un problema en este momento. El problema radica en que la mayoría de las propuestas con las que simpatiza la izquierda, como la descolonización, la redistribución de riquezas y la inclusión, no se concretizan. En ocasiones, cuando logran implementarse no se reutilizan de manera más amplia. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder político suficiente para transformar nuestra realidad.
Además de la Colectiva Feminista, son varias las voces que han propuesto caminos a seguir en esta coyuntura. Personajes como Nestror Duprey, Wilda Rodríguez, el doctor Ángel Israel Rivera (http://www.80grados.net/en-la-colonia-todo-es-simbolico/), el doctor Rafael Bernabe (http://www.80grados.net/neoliberalismo-punitivo-melancolia-financiera-y-colonialismo/), organizaciones como el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), el Colegio de Abogados y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) han hecho llamados a la movilización y/o a la creación de alianzas. Las personas y agrupaciones mencionadas coinciden en varios puntos pero sobre todo en la necesidad de construir un país soberano en el que podamos implementar un sistema contributivo más progresivo, garantizar ciertos derechos económicos y una serie de políticas de reconocimiento.
Teniendo estas y otras propuestas de consenso es importante que comencemos a delinear estrategias y a realmente aspirar a obtener el poder político. Esto implica establecer prioridades, que no quiere decir excluir reclamos. Más bien pretende aglutinarlos en ideas más abstractas o generales con propuestas concretas y estratégicas.
A pesar de que muchos de los mencionados coinciden en el asunto de la descolonización, el tema suele ponerse al mismo nivel que otros reclamos. Sin embargo, la descolonización y la autodeterminación son algo más abstracto; son categorías que reúnen múltiples dimensiones que determinan la economía. Si bien es cierto que esto no choca directamente con todos los reclamos, es evidente que el colonialismo obstaculiza nuestro desarrollo.
Con esto en mente, proponemos comenzar por aceptar que la solución del estatus en favor de la soberanía política es fundamental para lograr nuestro desarrollo socio económico. Para continuar moviendo el tema del estatus de manera productiva es necesario retomar la propuesta de la Asamblea de Estatus. Este es el procedimiento más democrático que tenemos y el único que agrupa un consenso mayoritario. En segundo lugar, debemos proponernos una alianza amplia con acuerdos mínimos con el fin de organizar una alternativa al bipartidismo y aglutinar fuerzas de cara a las elecciones del 2020. Los acuerdos mínimos deben abrirse a discusión, como nos invitan la Colectiva Feminista y Rafael Bernabe, de modo que logren organizar a la sociedad civil no sólo para las elecciones sino también en movilizaciones sociales.
Es decir, el proyecto de tomar el poder político no incluye sólo la descolonización, sino también la destrucción o debilitamiento de los partidos de mayoría. Hay que enmarcar el discurso en contra del PNP y del PPD, no contra los partidos como estructuras de organización política. La toma de poder político a la que aspiramos va de la mano con esta propuesta porque la transformación exige aprovechar la coyuntura para promover el desgaste y el potencial fraccionamiento de los partidos de mayoría. Los sistemas electorales de mayoría, como el de Puerto Rico, mantienen el bipartidismo, pero esa tendencia se cumple en los contextos en que la oposición no logra organizarse estratégicamente (La coordinación estratégica de los sistemas electorales en el mundo: hacer que los votos cuenten, Gary Cox).
Estamos ante una etapa determinante. El plan de los defensores del estatus-quo apuesta a desaparecer sectores enteros, debilitar la oposición y crear una hegemonía política y económica inquebrantable, nutrida por la emigración masiva. La oposición cada día corre el riesgo de que el descontento compre un pasaje, lo que nos empuja a transformar nuestra situación con urgencia.
Los movimientos sociales han impulsado cambios importantes en Puerto Rico pero el subdesarrollo ha minado el progreso potencial de nuestro país. Como movimiento social, hay que tener siempre presente que no hay una fuerza del pasado que nos lleve a la victoria. La crisis tampoco reconstruye por sí sola a los países. Eso depende de sus habitantes, gobernantes y de la forma en que los movimientos sociales y los partidos lideran a las masas.
En nuestra intención de cambiar el curso de la historia, según Zigmunt Bauman, disponemos de tres armas: coraje, esperanza y obstinación. Estas nos permitirán mantener la lucha firme y constante. Si realmente queremos transformar nuestro archipiélago debemos obsesionarnos con el cambio de nuestra situación colonial y partidista. Solo con la herramienta del poder político tendremos la fuerza suficiente para implementar nuestros criterios.
La autora es estudiante doctoral de Psicología Social y Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
