Recientemente, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de reforma educativa propuesto por el presidente del cuerpo, Eduardo Bhatia, en el que se relega la administración de las escuelas públicas del país a entidades no gubernamentales, municipios y universidades.
El Proyecto del Senado 1456 no fue discutido ante el pleno senatorial porque la mayoría parlamentaria suspendió el debate legislativo. Por ese motivo, la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico desarrolló un foro de discusión titulado: ‘‘Foro Proyecto del Senado 1456: ¿Acentúa la pública?’’.
Durante la discusión, los panelistas argumentaron que el proyecto de ley que pasará a la Cámara de Representantes durante la primera semana de noviembre, podría privatizar la educación pública, disfrazar de Escuelas Líderes al descartado proyecto de escuelas charter, buscar el cierre masivo de planteles escolares, el despido de miles de maestros y el desempleo de los futuros pedagogos.
‘‘Lo que más me preocupa no es la aprobación, sino la implantación’’, sentenció el presidente de Nuestra Escuela, Justo Méndez Arámburu.
Según el también maestro, la actual administración no será quien instaure la medida, sino que será la próxima quien ponga en marcha la medida. El temor de Méndez Arámburu radica en las disputas que sostuvo la administración de Luis Fortuño con los sindicatos magisteriales durante su incumbencia como gobernador.
Asimismo, otros ponentes de la tarde como Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros; Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y el decano de la Facultad de Educación de la UPR-RP, Roamé Torres González, cuestionaron la debilidad del estudio que sirvió de base para el Proyecto del Senado 1456.
Los ponentes coincidieron en que al sentar la base del estudio en las pruebas estandarizadas de aprendizaje, más conocidas como las Pruebas Puertorriqueñas, se descartó el aprendizaje de los estudiantes con inteligencias múltiples.
Además, destacaron que la propuesta no contempla el perfil socio-económico del estudiantado de escuelas públicas y cómo eso puede afectar su desempeño. Cuestionaron también la omisión de las tasas de emigración. Para ser más exactos, los 83 mil estudiantes que partieron de la isla y que no son desertores escolares.
Por otra parte, Karla Sanabria, líder estudiantil de la Facultad de Educación, instó a los profesores de la institución a discutir la medida senatorial.
Según Sanabria, los profesores no pueden educar sobre ningún filósofo sin antes explicar ‘‘cómo el futuro de los próximos maestros puede cambiar en semana y media’’.
La estudiante también exhortó a una unión entre todos los sectores del magisterio para desarrollar una propuesta educativa que contraponga la del presidente del Senado, Eduardo Bhatia.
No obstante, la versión de la reforma educativa aprobada por el Senado, que tiene 138 páginas, incluyó algunas enmiendas que resultaron del debate acontecido durante las 13 vistas públicas que se efectuaron en agosto.
La medida próxima a la consideración de la Cámara también contiene cambios en las palabras relacionadas al cierre de escuelas y le confiere al secretario de Educación la potestad de redactar un reglamento que determine un máximo ideal de escuelas públicas en el país: una diagramación en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación.
Cabe destacar que aunque el senador Eduardo Bhatia fue invitado al foro, su oficina comunicó que se encuentra fuera del país.
