La sangrienta represión contra las protestas callejeras que no amainan desde abril en Managua y otras ciudades de Nicaragua, con un saldo hasta ahora de 131 muertes, enturbian cada día que pasa la situación económica y social de este país centroamericano.
Las protestas, lejos de debilitarse con el uso de la fuerza pública y la organización de fuerzas irregulares progubernamentales, se han multiplicado en todo el país y paraliza zonas productivas, el tráfico nacional e internacional de mercancías y el comercio formal e informal.
Carlos Alberto Pérez Zeledón, analista político del centro de pensamiento Propuesta Ciudadana, graficó para IPS la compleja situación del país ante la crisis que estalló el 18 de abril.
Por un lado, explicó, la protesta social desnudó las características autoritarias y represivas del régimen y debilitó todavía más el liderazgo de “hombre fuerte” del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
En contrapartida, dijo, el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el poder desde 2007, mantiene un sólido apoyo de las instituciones y fuerzas fácticas que le aseguran su permanencia en el poder.
“Ortega siempre ha tenido una base social reducida en número, pero leal y beligerante para actuar en situaciones de crisis como la que hoy vivimos”, analizó Pérez Zeledón, que estima en 150,000 ese piso de seguidores leales.
La población de Nicaragua es de 6.3 millones de habitantes, de los cuales más de 3.6 millones son votantes activos mayores de 16 años.
En 2016, cuando Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva hasta 2021, después de una cuestionada reforma constitucional, obtuvo 1.8 millones de votos, en unos comicios calificados como “farsa” y “fraude” por organizaciones civiles, políticas, religiosas y económicas que se ubican en la oposición.
“Si a eso le sumamos el control total de la Policía y el Ejército, así como la falta de escrúpulos que el gobierno ha mostrado al utilizar grupos delincuenciales (pandillas), se hace comprensible que apuesta a sostenerse en el poder por medio de la violencia”, dijo el analista.
El detonante de la rebelión fue una reforma gubernamental de la seguridad social que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.
La medida, que perjudicaba aproximadamente a 1.3 millones de personas, desató el reclamo de jubilados y universitarios, que pasaron a encabezar las protestas, que el presidente no logró controlar con la retirada de la reforma en los primeros días de las movilizaciones.
Durante los 50 días de movilización hasta ahora, Ortega, un exguerrillero sandinista de 73 años y presidente entre 1985 y 1990, apareció en escena tres veces por televisión y las protestas han alcanzado a 93 focos distintos en ciudades, municipios rurales y carreteras de los 15 departamentos del país.
En esas zonas las poblaciones locales han instalado barricadas sobre las carreteras, afectando la movilización y provocando escasez de víveres, combustibles y materias primas, en iniciativas que comienzan a caer en niveles de descontrol y anarquía, con algunos saqueos y otros pillajes.
Enrieth Martínez, estudiante de la coordinadora universitaria que lidera las protestas, dijo a IPS que esos bloqueos son una propuesta de la sociedad civil, como medida de seguridad para evitar la movilización terrestre de las fuerzas policiales y grupos de choque.
El impacto económico de la crisis ha sido cuantificado por las diferentes cámaras de negocios en más de $800 millones, en un país con un producto interno bruto (PIB) que bordea los $14,000 millones, después de un crecimiento de 4.9% en 2017 y una previsión de incremento de cuatro por ciento para 2018.
Pero ahora, la proyección es que la economía caiga en al menos dos por ciento del PIB, si Ortega sigue en el poder en el tercer trimestre del año, según la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Tras la instalación de los bloqueos en calles y carreteras y el incremento de grupos incontrolados en las protestas, recrudeció la represión desde el comienzo de este mes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el uso de fuerza letal y cifró en 127 las víctimas morales y 1,200 los heridos, como saldo hasta el 6 de junio.
El hecho más grave ocurrió en Managua el 30 de mayo cuando una gigantesca marcha cívica en honor a las madres de víctimas de la violencia fue reprimida a balazos, en una jornada sangrienta que dejó 16 muertes registradas oficialmente por las autoridades.
Pese a la elevada cifra de muertos y heridos, la variada resistencia social, de partidos, fuerzas sociales y estudiantes, no ha logrado conformar una plataforma visible para presentarse como alternativa del cambio político, a criterio Pérez Zeledón.
“Hasta este momento se ha apostado [desde la resistencia ciudadana] por un modelo horizontal que es útil para evitar que el gobierno tenga la posibilidad de descabezar el movimiento popular. Eso representa una ventaja para garantizar que el movimiento sea lo más amplio posible y ha rendido frutos por ahora”, dijo.
“Sin embargo, comienza a hacerse latente la necesidad de generar una estructura organizativa capaz de resumir los objetivos de lucha en una base programática y una oferta electoral. La salida de dicha crisis, en un marco democrático como el que se pretende reconstruir, es en un proceso electoral”, planteó.
De la misma manera lo ha planteado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por líderes estudiantiles, empresarios privados y sociedad civil que se organizaron para participar en un frustrado diálogo nacional con el gobierno de Ortega.
Ese intento de negociar una salida pacífica al conflicto, auspiciada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se ha obstaculizado por el rechazo del presidente a la propuesta de promover unas elecciones inmediatas, que calificó como un golpe de Estado.
Ante el bloqueo del diálogo y el incremento de la represión, el caso nicaragüense llegó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se emitió una declaración, aprobada por aclamación, en la que se solicita el cese de la represión y búsqueda de salida pacífica a la crisis, promovida conjuntamente por Estados Unidos y Nicaragua.
La presión internacional contra el gobierno de Nicaragua se intensificó con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Organización de Naciones Unidas y decenas de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, gremios políticos y sociedad civil mundial.
Todo ello lleva a pensar al exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez (2002-2007), que el gobierno de Ortega no solo está aislado internacionalmente sino debilitado política y económicamente desde que Venezuela, su principal sustento económico desde 2007, entró en su actual colapso económico.
La asistencia venezolana, aseguró a IPS, se ha reducido al máximo y “ya no puede financiar el presupuesto paralelo” que gracias a ello controla discrecionalmente el presidente, aseguran sus críticos.
Ortega “ha perdido también capacidad de ejecución por la resistencia ciudadana en las calles y esto conlleva la pérdida de efectividad para transformar las demandas sociales en respuestas”, dijo el diplomático.
Velásquez consideró que la situación internacional de Ortega “es más grave” porque la alianza que forjó con sectores empresariales en los años de bonanza se descalabró tras la abortada reforma de la seguridad social y ahora el gran capital nicaragüense con sus socios internacionales presionan por un cambio de gobierno.
“Solo le queda la policía que cada día se desprestigia absorbiendo el costo de la represión y ya muestra síntomas de cansancio”, advirtió.
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