La ruta de los fondos ARRA

Tras la aprobación el 17 de febrero de 2009 del American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), el entonces presidente de la Junta de Síndicos, Carlos del Río, y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), licenciado Antonio García Padilla, cursaron sendas cartas en las que solicitaba al Gobierno asignaciones de $298.90 millones y $305 millones para los próximos dos años fiscales, respectivamente, para “restablecer la base presupuestaria que tuvo la Universidad en el año fiscal 2008-2009” y porque una aportación menor “debilitaría significativamente a la Universidad”.

No obstante, de los $647.6 millones que el Departamento de Educación (DE) federal concedió a Puerto Rico a través del State Fiscal Stabilization Fund (SFSF) de ARRA, la UPR recibió $105 millones para el año fiscal 2009-2010. Según un informe del Gobierno de Puerto Rico publicado en la página Recovery.gov, la Escuela de Artes Plásticas recibió $798,000; el Conservatorio de Música, $359,301,996, y el DE local, $359,301,996.

El presupuesto recomendado del Gobierno estima que, para el próximo año fiscal 2010-2011, la Universidad contará con $18.3 millones adicionales de estos fondos.

Ambas misivas, la primera dirigida al gobernador Luis Fortuño y la segunda a Cristina Custodio, coordinadora de educación del Grupo de Trabajo del Plan de Estímulo Económico Federal, argumentaban que el presupuesto universitario se reduciría debido no sólo a la disminución en los recaudos del Estado sino también a la legislación que excluye de la base de la fórmula de financiación universitaria los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) destinados a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

En la carta al Gobernador, se estimaba una disminución en la asignación del Estado de $118.2 millones para el año fiscal 2009-2010 y de $180.7 millones para el 2010-2011 en comparación con el 2008-2009. En la segunda carta (firmada también por la actual presidenta de la Junta de Síndicos (JS), Ygrí Rivera, entonces como segunda vicepresidenta) se pronosticaba una reducción en la inversión estatal de $121.3 millones para el año 2010 —unos $30.7 millones debido a la exclusión de los ingresos del IVU— y de $183.8 millones para el 2011 con respecto al 2009.

Según el presupuesto aún vigente aprobado por la JS, finalmente la asignación estatal para el año fiscal 2009-2010 ascendió a $724.2 millones, por lo que los fondos ARRA redujeron a $6 millones la diferencia de $111 millones con respecto al año anterior, cuando la Universidad recibió $835.1 millones del Estado. Sin embargo, para el próximo año, según el presupuesto recomendado del Gobierno, los gastos operacionales reflejan una reducción de $134 millones en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010 debido a una disminución en la fórmula producto de la reducción en los recaudos del Fondo General y en los fondos ARRA.

La distribución por unidad del sistema de los fondos ARRA para este año fiscal, reza el informe de presupuesto 2009-2010, “se realizó basada en la proporción de la participación de cada unidad en el presupuesto total y la misma sustituye igual cantidad de la disminución de los ingresos de la fórmula”.

De esta forma, Río Piedras recibió $27,349,110; Mayagüez, $15,996,813; Ciencias Médicas, $12,891,834; la Administración Central, $9,366,174; Servicios del Sistema Universitario $6,036,236; Humacao, $5,086,333; Cayey, $4,077,406; Bayamón, $4,054,954; Arecibo, $3,439,572; Carolina, $2,910,034; Ponce, $2,779,752; Aguadilla, $ 2,362,176; el Servicio de Extensión Agrícola, $2,104,858; la Junta de Síndicos, $2,047,179; la Estación Experimental Agrícola, $1,908,164; Utuado, $1,608,532, y la Editorial, $980,873.

Empero, el presupuesto recomendado del Gobierno indica que el total de fondos ARRA asignados a la UPR para el año fiscal 2010 ascendió a $120,726,000. Las unidades que presentan variaciones en la cantidad de fondos ARRA recibidos son Río Piedras, con $31,077,000; Mayagüez, con $21,081,000; Ciencias Médicas, con $20,632,000, y Humacao, con $8,243,000. 

Para el próximo año fiscal el presupuesto del Gobierno sugiere que los fondos se distribuyan de la siguiente manera: $4,077,000 para Cayey; $4,042,000 para Humacao; $2,910,000 para Carolina; $2,362,000 para Aguadilla; $2,063,000 para Ciencias Médicas; $1,236,000 para Mayagüez; $1,069,000 para Utuado, y $30,000 para Arecibo. El resto de las unidades (entre ellas, Río Piedras, Bayamón, Ponce, Administración Cental y Junta de Síndicos) aparecen con cero asignaciones.

La ley de estímulo federal

El Capítulo XIV de la legislación federal de estímulo económico dispuso que el DE federal asignara $48.6 mil millones a los gobernadores de los estados y territorios con el propósito de adelantar reformas educativas esenciales y de estabilizar los presupuestos para minimizar y evitar los recortes en los servicios educativos y retener a maestros y profesores. 

En el caso de las universidades, el Gobernador debía utilizar la asignación para proveer, para cada año fiscal 2009, 2010 y 2011, la cantidad de fondos necesarios para restaurar la aportación del Estado a dichas instituciones al nivel mayor entre el año fiscal 2008 y el 2009.

Por otra parte, dicha sección de la ley establece que las instituciones de educación superior deben utilizar los fondos “para la instrucción y gastos generales de forma que sea posible mitigar la necesidad de aumentar matrícula y cuotas o para la modernización, renovación o reparación de instalaciones utilizadas principalmente para instrucción, investigación o dormitorios estudiantiles”.

De hecho, según un informe del DE federal publicado en noviembre de 2009, los fondos ARRA fueron utilizados para paliar aumentos en la matrícula de universidades públicas en al menos 31 estados.

Por ejemplo, la Universidad de Massachusetts pudo reembolsar un aumento de $1,500 y utilizar el incremento anual estándar para cubrir el costo de la inflación. En la Universidad de Minnesota, el aumento en la matrícula fue reducido a la mitad. El sistema universitario de la Universidad del Estado de Minnesota redujo un aumento en la matrícula de 5 por ciento al 2 por ciento. Mientras, en Virginia, los fondos ARRA mantuvieron el aumento en la matrícula en su tarifa más baja desde 2002.

Además, la ley promueve que las universidades utilicen los fondos en áreas que generen resultados duraderos y que no produzcan costos recurrentes insostenibles.     

Ante la situación por la que atraviesa la UPR, sólo resta por preguntar: ¿pudo el Gobierno de Puerto Rico asignar más de estos fondos a la Universidad? ¿La manera en que se distribuyeron los fondos fue la propicia para cumplir con los objetivos de la ley? Si realmente un incremento de un 10 por ciento en el costo de la matrícula produciría sólo $15 millones durante los próximos dos años fiscales, como alega la carta suscrita por Carlos del Río, García Padilla y Rivera, ¿no son precisamente los fondos ARRA disponibles para el próximo año fiscal los fondos necesarios para evitar el aumento?

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