Justo dos semanas de plazo quedan para la celebración de las elecciones generales en España. Sólo en el breve periodo, que comprende desde el 11 al 25 de junio, la ley electoral permite la campaña abierta, incluyendo el uso de los medios de comunicación remunerados, entre éstos y sin limitarse a los anuncios de televisión, radio y la prensa escrita. Cuatro son los partidos principales: el Partido Popular (PP) de tendencia derechista y políticas conservadoras, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) miembro de la socialdemocracia europea y de tendencia liberal y centro-izquierda y los nuevos partidos de PODEMOS y CIUDADANOS.
Los dos primeros partidos son históricos e institucionales y se han turnado en el poder desde el 1978. Los últimos dos un fenómeno creciente de la última década en repudio a las políticas de los dos primeros. PODEMOS es una conformación de grupos progresistas regionales que incluye: Comu Podem, en Marea, Compromis Podemos, A la Valenciana y recientemente a Izquierda Unida (IU). Éstos se auto-denominan la nueva social democracia.
CIUDADANOS es una escisión de jóvenes votantes del PP en Cataluña, de tendencia centro-derecha, que proponen combatir la corrupción y el independentismo catalán para, según afirman, mantener a España unida en una sola nación. Así que se autodenominan archienemigos de los movimientos nacionalistas existentes tanto en Cataluña, como en el País Vasco, Valencia y Galicia y que ellos entienden, por lo que sucede en Cataluña, quieren dividir a España. El movimiento se convirtió en un fenómeno nacional en los últimos años.
Todas las recientes encuestas (CIS, 5 y 9 de junio y Metroscopia para el periódico El País, el 5 y 12 de junio) coinciden en que en las elecciones pautadas para el 26 de junio del 2016, los resultados serán bastante parecidos a las celebradas el 20 diciembre del 2015.
En el sistema parlamentario español, ningún partido goza de una clara mayoría simple del 50% + 1 y es necesario recibir el apoyo de otros partidos o que éstos se abstengan en el momento de la investidura del candidato a presidente que designa el rey a partir de los resultados electorales. Eso es muy parecido al patrón europeo de las monarquías parlamentarias. Aún en el resto de Europa, los pactos entre partidos para gobernar se concretan entre bandos antagónicos en sus políticas sociales, por ejemplo: en Alemania, Suiza y Dinamarca gobiernan coaliciones entre la social democracia y la derecha.
En las elecciones del 20 de diciembre del 2015, el partido más votado fue el PP, pero su candidato Mariano Rajoy declinó la autorización del Rey Felipe II, quién es Jefe del Estado, para que formara gobierno aceptando que no tenía los apoyos necesarios y no quería ser “machacado y criticado” públicamente en el debate de investidura. En una segunda designación del Rey, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez no recibió el apoyo, ni la abstención de PODEMOS o el PP. En ese momento, sin embargo, el PSOE concertó un sorpresivo pacto de gobierno con CIUDADANOS pero, los 89 diputados de uno y los 40 del otro, no fueron suficiente para alcanzar la cifra de 176 diputados necesarios para gobernar con la obligada mayoría que manda la Constitución Española (CE) en su Congreso de Diputados. Dicho cuerpo está compuesto por 350 escaños, que se disputan 37 agrupaciones o partidos políticos de todas las tendencias y programas imaginables.
Un análisis objetivo de las elecciones de diciembre del 2015, devela que los votantes españoles favorecen mayoritariamente las políticas de izquierda, es decir en un 48.2% (12,220,026 votantes). Esto, sin embargo, no ha aumentado la viabilidad de fraguar un pacto político que posibilite la investidura de un candidato de izquierdista y progresista, como sucedió a finales del año pasado en Portugal. El resto de los votantes en España, favorecen las políticas de centro-derecha en un 42.6% del total (10,715,976 votantes) y 10.6 % (2,689,697 votantes) de ese universo, eligieron entre las seis opciones de los partidos nacionalistas más votados. Estos partidos, por lo general, oscilan entre posiciones de izquierda a derecha y pactan con cualquiera de esas tendencias, contar que puedan adelantar los intereses nacionalistas de su región.
Ciertamente, la complejidad de la política partidista española, unida a los personalismos que gobiernan las relaciones entre las fuerzas políticas de izquierda con viabilidad de investidura, han creado esta situación inestable para el país, que ya lleva seis meses con un gobierno en funciones cuyo mandato no ha sido validado en las urnas y el panorama político hoy no luce mejor que a finales del año pasado. Para complicar más las cosas, las encuestan señalan que el número de abstenidos e indecisos siguen aumentando, pasando de 26.8% (o 9,280,429 votantes) en diciembre 2015 a 30% al 12 de junio del 2016.
Dos circunstancias son diferentes en esta segunda convocatoria a elecciones, que de hecho sería la primera vez que ocurre desde el establecimiento del Estado Social de Derecho español en las deliberaciones que aprobaron la Constitución del 1978. En primer lugar, el 76 porciento de todos los votantes en España, según las encuestas, favorecen que Mariano Rajoy (PP) no sea el candidato a la investidura como presidente para que sea posible formar el gobierno. De hecho, el 57% de los propios votantes de su partido apoyan esta medida. Lo que esto significa es que los votantes PP favorecen más que haya un pacto con otros partidos y entienden que el actual presidente en funciones es un impedimento para ese pacto y lo que CIUDADANOS llama la necesaria “regeneración política de España.”
Independientemente de esto, el PP solo podría formar gobierno con el apoyo de el PSOE, dado que CIUDADANOS, no contaría con los escaños suficientes para posibilitar el gobierno de los populares. El PP está llamando a la formación de una gran coalición, lo que las dos fuerzas políticas, es decir, el PSOE y CIUDADANOS hasta ahora rechazan. Ambos, sin embargo, advierten que de todas formas y para atender el reclamo de los ciudadanos habrá pacto de gobierno.
En segundo lugar, PODEMOS e IU se han unido y formaron UNIDOS PODEMOS para concurrir a las elecciones. Ese pacto los ha colocado en las encuestas y sondeos pre-electorales recientes en la segunda fuerza más votada, lo que le permitiría formar gobierno, si el PP aún manteniéndose como la fuerza más votada no puede hacerlo. La unión electoral de Pablo Iglesias y Alberto Garzón, PODEMOS e IU respectivamente, ha conseguido suficiente respaldo pre-electoral como para arrancarle al PSOE el segundo lugar en las encuestas y adicionar un punto porcentual en conjunto, al 24.4% del electorado que obtuvieron ambas fuerzas por separado en diciembre del 2015.
Ahora bien, para poder gobernar UNIDOS PODEMOS necesita pactar con el PSOE, lo que a partir del tono del debate entre las fuerzas de izquierda, especialmente del PSOE, parece hoy día imposible. El PSOE le recrimina a PODEMOS no haberle apoyado en su investidura en mayo pasado. Éste último se justifica argumentando que no podía aliarse a un pacto de izquierdas con la presencia de un partido de derecha, como es CIUDADANOS. Visto desde cualquier perspectiva, si comparamos las plataformas de gobierno de UNIDOS PODEMOS y PSOE, sus políticas públicas tienen un alto contenido social y proponen programas concretos de justicia social para los españoles. En fin, que ambas son muy similares.
La complejidad de la política partidista y las opciones de gobierno en España es muy compleja y precisamente la realidad de incertidumbre que vive el país es la mejor prueba de ello. Esto se maximiza con el funcionamiento del otro cuerpo electivo constitucionalmente el Senado español y su tendencia histórica de bloquear y atrasar las políticas progresistas del Congreso de Diputados. También por el rol de los partidos nacionalistas y la influencia determinante que significan en las políticas de pactos. Por otro lado, por las propuestas de la llamada “amenaza” independentista catalana liderada por una de las tendencias de derecha regional que crea una tensión política creciente. Finalmente, por la presión de la Unión Europea que amenaza con multar a España por incumplir con el presupuesto comunitario y la advertencia de que el país debe cumplir con recortes montantes a ocho billones de euros en los próximos cuatro años. Estos asuntos, además de un análisis de los programas de gobierno de los principales partidos, serán objeto de análisis posteriormente.
Continuará.
Primero artículo de la Serie: Gobernabilidad y Partidos Políticos en España.
El autor es guayamés y Catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como investigador invitado del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha.