La universidad que nos dejará el plan fiscal de la UPR

Para el beneficio de aquellos que no han tenido el tiempo o el acceso al último borrador del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presento en este artículo algunos de los cambios contenidos, al igual que algunas de las implicaciones que estos pueden tener, aunque no estén especificadas en el documento.

Cabe resaltar que, aunque fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR, el plan sigue siendo un borrador sujeto a cambios o afinaciones por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Primero que todo, los fundamentos de un plan fiscal deberían, en lo mínimo, basarse en auditorías y proyecciones precisas (lo cual no es real en este y otros casos), ya que afecta no solo a miles de estudiantes puertorriqueños, sino a empleados, al igual que a la comunidad a la que sirve.

Dejando esto claro, también entiendo pertinente aclarar dudas sobre la finalidad de los recortes que se plantean al sistema de educación superior público.

Los recortes y cambios propuestos en el plan fiscal de la UPR son parte de una estrategia de acciones sistémicas dentro del aparato gubernamental dirigidas principalmente en contra del pueblo puertorriqueño. Simultáneamente, se suman medidas dirigidas a otros sectores del País para abonar al pago de la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a más de $70,000 millones.

Anteriormente, varios medios y expertos de distintas disciplinas han traído a discusión la constitucionalidad de la deuda emitida por el Estado bajo administraciones pasadas, lo cual resaltó la importancia de la auditoría de la deuda (uno de los reclamos principales de la huelga estudiantil del 2017).

El problema se agrava con la imposición de una Junta de Control Fiscal, la cual —con autoridad legal por encima de leyes puertorriqueñas— le otorga el poder decisional de aprobación de planes fiscales, entre otras herramientas, a poco más de un puñado de individuos que responden a los intereses económicos de quienes esperan el pago de la deuda.

Por tal razón, la finalidad de los “ahorros” gubernamentales mediante recortes, al igual que la transformación estructural de las agencias públicas, no mejorarán las condiciones de vida, beneficios marginales o infraestructura alguna en el país, ni tampoco se optimizarán servicios y recursos mediante estas acciones.

Utilizando distintos mecanismos de acción, se contemplan consideraciones que afectarán a todos los estudiantes de la UPR como las siguientes:

Transformación de conglomerados

El plan fiscal proyecta una agilización operacional administrativa consolidando distintas oficinas por regiones, recortando personal temporero, tanto empleados docentes como no docentes.

Las implicaciones de este cambio redundan en la capacidad de servicio que tendrán dichas oficinas para el estudiantado, al igual que para el mantenimiento de los recintos y el ofrecimiento de cursos. Desde un punto de vista administrativo puede resultar caótico dirigir el mismo trabajo en tres localidades distintas, atendiendo a una mayor cantidad de usuarios y posiblemente servicios. Con esta reducción de personal no se contempla el impacto a la infraestructura de los recintos, como tampoco a la calidad de estudios o la oportunidad de cumplimiento de los estudiantes dentro de sus respectivos programas.

Si bien se ha resaltado la necesidad de cumplir con métricas de retención y graduación para los estudiantes, esta medida dificultaría la obtención positiva de dicha métrica. Por un lado, se reduciría sustancialmente la oferta académica, al tiempo que la carga académica adicional a docentes con plaza limitaría la capacidad de investigación que tienen los recintos (las cuales componen el 90% de investigaciones académicas producidas en el País).

Otros de los planteamientos contenidos en esta sección incluye la transformación de programas a distancia o traslados, la reducción de programas por colegios de región o a nivel de sistema y la eliminación de programas de forma gradual.

Esto tiene grandes implicaciones para la comunidad universitaria ya que primero resaltan un total de 72 programas subgraduados en la lista de cierre, de los cuales no proveen cantidad total de estudiantes ni profesorado afectado, con un supuesto de reubicación o redistribución en áreas de enfoque (sin establecer orden de prioridad o cupo aproximado), lo cual pudiese dejar fuera muchos más docentes con o sin plaza, afectando aún más la oferta académica de todas las disciplinas de cada recinto.

Segundo, plantean una consolidación de facultades y; tercero, da paso a un posible cierre de recintos debido a lo que justificarían con una “subutilización” de recursos físicos/académicos.

En el caso de las pensiones de empleados, proponen un rediseño total, bajo la lógica de que, en el futuro, el sistema no podrá soportar el pago de los mismos.

Por otro lado, el plan fiscal de la UPR incluye una sección donde detalla estimados en costos de reconstrucción por cada recinto luego del huracán María —que no están actualizados—, un aumento de matrícula ajustado al ingreso de los estudiantes y el recibimiento cuestionable de fondos externos de manera desacertada, entre otros ajustes a raíz de la reducción de presupuesto.

Vital una reforma universitaria desde la base

Los cambios propuestos en el recién aprobado plan fiscal no son distintos de los que se planteaban hace un año atrás, previo al comienzo de la huelga sistémica de la UPR.

Por otro lado, el impacto de estos cambios resultarían en un golpe contundente no solo a la UPR, sino al País, en un momento tan vulnerable para los puertorriqueños luego de la destrucción que ocasionó el huracán María.

La comunidad universitaria ha propuesto construir su propia reforma universitaria, la cual se debe crear por individuos electos por los distintos sectores, no impuestos por el Estado. Si bien se pueden optimizar los recursos y servicios del sistema UPR, no se debe dejar en manos de intereses económicos o tratarlo como un mero cálculo de contabilidad.

Basta ya de compararnos con otros países con menos beneficios o más vulnerables para aceptar lo que nos impongan, esos que trabajan mediante medidas de austeridad, escondidos detrás de un discurso retrógrada neoliberal.

Las condiciones en el país no mejoran limitando la educación ni el acceso a servicios esenciales. Al contrario, debemos construir aspirando a un futuro que asegure una mejor calidad de vida, un futuro que beneficie el interés general del pueblo.

El problema de corrupción en Puerto Rico no se atiende con privatización, se atiende con leyes de responsabilidad fiscal, con evaluación y planificación adecuada. El problema se atiende con educación.

Las medidas contenidas en este plan, al igual que en otros por parte del Gobierno, como la reforma educativa y la reforma laboral, son nefastas para nuestro País. Queda en nosotros unir esfuerzos, oponernos firmemente y concertar un frente unido. Como decía Eugenio María de Hostos, “vale más morir luchando que vivir muriendo”.