Desde hoy, Puerto Rico inicia otra etapa de la ley Promesa: la presentación de los llamados proyectos críticos bajo el Título V, mediante los cuales se buscará aprobar de forma expedita proyectos para construir o mejorar la infraestructura de utilidades públicas con la esperanza de inyectar más de $5,000 millones a la economía del país en los próximos diez años.
A juicio de expertos, funcionarios del gobierno y miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), incluyendo su presidente José Carrión, el Título V es la única disposición del estatuto federal que permitirá, bajo la jurisdicción de ese organismo, incentivar el desarrollo económico de Puerto Rico.
Con el Título V, el proceso para obtener los permisos y la aprobación de un proyecto –que, por ejemplo, modernice la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para utilizar gas natural en vez de petróleo– no podría extenderse a más de 150 días, o cinco meses, resumió esta mañana el coordinador de revitalización en infraestructura nombrado por la Junta de Control de Fiscal (JCF), Noel Zamot.
Al momento, adelantó Zamot, hay siete propuestas en el área de producción energética con el potencial de convertirse en proyectos críticos. Su prioridad, agregó, son las áreas de energía, acueductos, manejo de desperdicios y carreteras.
El ingeniero explicó que el gobierno necesita $1,600 millones anuales para invertir en infraestructura en áreas críticas, capital con el que no cuenta. De ahí que la inversión para los proyectos críticos descanse –en parte o totalmente– en capital privado.
Además de dicho capital privado, Zamot mencionó que los requisitos a considerar para que un proyecto sea aprobado como crítico son, en síntesis, que atienda una emergencia en infraestructura; que cree empleos; que considere el impacto en el ambiente; que estén “shovel-ready” –es decir, listos para comenzar su construcción–; y que tengan un impacto económico sostenible.
Recaerá en la JCF –con la recomendación del gobierno y Zamot– la aprobación final de tales proyectos críticos.
En términos generales, una vez una compañía o inversionista somete un proyecto crítico, se le notificará en cinco días la agencia gubernamental que está relacionada con tal proyecto. Dicha agencia tendrá 20 días para facilitar el trámite expedito de los permisos.
A preguntas de la prensa, Zamot señaló que los 150 días para obtener los permisos y la aprobación como proyecto crítico se limitarían a la esferal local. Dicho de otro modo, los permisos de agencias federales no caerían dentro del término de cinco meses ni sería necesarios para declarar el proyecto como crítico, aunque sí son requisitos para la aprobación del proyecto.
El proceso expedito del Título V no contempla necesariamente la celebración de vistas públicas: más bien, expresarse a favor o en contra de un proyecto crítico se limita a dejar un comentario por escrito en el portal donde se someterán las propuestas en un periodo de 30 días.
Inquirido sobre si el comentario público es un requisito contingente y el peso que tendrá sobre la aprobación de un proyecto crítico, Zamot reconoció que lo más que podría provocarse, en el caso de un rechazo de la ciudadanía, es el costo político al que están sujetos los funcionarios durante el proceso electoral. Cabría la posibilidad de celebrarse una vista pública aun cuando implique extenderse por más de 150 días, pero la oposición ciudadana no impediría la aprobación de un proyecto crítico.
Sobre el caso de que el gobierno no esté de acuerdo con un proyecto que sea certificado como crítico por la JCF, el ingeniero respondió que la ley “no es clara” en ese aspecto, pero despachó el asunto como uno poco probable porque existe afinidad entre el ente federal y la actual administración con respecto a las áreas que requieren mejoras en su infraestructura.
Promesa también es incierta con el proceder en cuanto a proyectos críticos que se presenten para corporaciones públicas –como la AEE– que al momento se encuentran bajo un proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III, admitió Zamot. Para esto, dijo, se creará un task force entre el personal de la JCF y las agencias de gobierno partícipes bajo el Título V que reconcilie las diferencias legales.
Con respecto a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y las iniciativas que puedan presentarse a través de esta corporación pública, Zamot planteó que la idea es que todos los potenciales proyectos críticos pasen primero por el análisis de Título V para, idealmente, lograr que todos –o al menos la mayoría– se aprueben a través de la ley federal.
