Aunque por más de 25 años han luchado por resolver los problemas de contaminación de aire que afectan a varios municipios en la Isla, la reciente explosión de 21 tanques en la Caribbean Petroleum Corporation (Capeco) en Bayamón ha puesto en esfera pública la problemática de los tóxicos que emanan de este tipo de industrias. Por ello, las Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCO) tienen ahora la esperanza de que el Gobierno las escuche esta vez y acepte su nueva propuesta de crear un combustible vegetal libre de sustancias dañinas. Y es que por más de una década, organizaciones comunales del área metropolitana han estado vigilantes ante el más mínimo detalle del funcionamiento de Capeco, pues no confían en el desempeño de la empresa. En especial CUCCO, que ha estado abogando desde el 1991 para eliminar por completo esta compañía petrolera dedicada al almacenamiento y despacho de aceite residual, gas propano licuado y otros combustibles para distintos clientes. Esta organización ambientalista no le ha quitado el ojo de encima a las industrias y plantas de generación de energía eléctrica ubicadas en lo que se conoce como la cuenca aérea de Cataño, pues las estadísticas de salud revelan que este municipio contiene la mayor cantidad de casos de cáncer en todo el País. Sin embargo, CUCCO también ha estado activa en lidiar con problemas de contaminación en los municipios de Guaynabo, Toa Baja y Bayamón. La portavoz de CUCCO, Rosa Hilda Ramos, opinó que la reciente explosión en Capeco debe haber sido a raíz de un acto accidental por negligencia sumado al deterioro en el que se encuentra la infraestructura o la “cafetera vieja”, como ella la califica. Según Ramos, Capeco lo que ha hecho con el pasar de los años es tapar con parches las grietas en las estructuras viejas sin importarle los escapes de tóxicos que ocurren en las tuberías y válvulas. Y esta es un de las razones por las cuales varios años atrás CUCCO le exigió al Gobierno Federal que obligara a Capeco a cerrar cualquier abertura en los conductos por donde se pudieran estar liberando tóxicos. Y su lucha fue tan ardua que lograron que la compañía cerrara sus operaciones como refinería por cuatro años entre 1995 y 1999, hasta que el Gobierno permitió de nuevo que se reabriera por una cantidad la inversión de más de $40 millones que la empresa alegró que utilizó en mejoras a sus facilidades para evitar nuevos problemas ambientales. La líder comunitaria aseguró que CUCCO ha luchado en innumerables ocasiones contra la refinería por los efectos en la salud y el medio ambiente que provoca esta empresa. Según Ramos, los productos almacenados en Capeco liberan tóxicos como el xileno, que es un irritante pulmonar, el benceno, que es un carcinógeno, y el tolueno, que es un ingrediente de la pega. Esta información preocupó de sobremanera a la Portavoz del CUCCO, quien varios años atrás se dio a la tarea de analizar un estudio realizado por expertos que comparaba los ciudadanos asmáticos del municipio de Loíza con los de Cataño. Esta investigación reveló que en el área de Cataño el aire contenía más carcinógenos nocivos a la salud. Además, Ramos narró a Diálogo Digital la impactante imagen con la que se encontró al visitar las escuelas de Cataño y descubrir que la mayoría de los niños son pequeños adictos a la pega que utilizan como material escolar. Algunos padecían de fuertes dolores de cabeza y tenían problemas a la hora de sumar. Ramos considera que esta situación se debe a la exposición en la que se encuentran estos niños a los tóxicos que emana la refinería. Esta es una de las grandes preocupaciones por las cuales Ramos viene encabezando en los tribunales, en la década de 1990, los reclamos de un municipio de unos 35 mil habitantes contra las emisiones contaminantes. Esta organización intervino activamente en el pleito que desde 1996 llevó la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por la pobre calidad del combustible utilizado en sus operaciones. En este caso, la sentencia resultó adversa a la corporación pública, que se vio obligada a usar combustible más costoso y de mejor calidad al que compraban hasta ese momento. La AEE llegó a utilizar combustible con 2.5 por ciento de nivel de azufre, que provocaba que se expulsaran al aire pequeñas partículas de petróleo químicamente transformado. A raíz de este pleito, la AEE tuvo que reducir en los pasados años hasta 0.5 el por ciento de azufre en el combustible que utiliza. A la Autoridad se le impuso en esta ocasión unas multas que ascendieron a $7 millones de dólares y que luego fueron dedicadas a proteger permanentemente la Ciénaga de las Cucharillas, uno de los últimos espacios abiertos del área y uno de los mayores ecosistemas de humedales de la región. Por otro lado, la EPA también intervino con esta compañía en 1995 cuando radicó la orden No. II RCRA-95-3008 (h) – 0303 para que Capeco fabricara unos tanques dedicados a la limpieza de aguas usadas, pues había encontrado en una evaluación al lugar que bajo el suelo donde se ubica la compañía existe un acuífero de aproximadamente 2.5 a 13.5 pies que contiene aguas contaminadas con desperdicios peligrosos como bencina, tolueno, cromo, mercurio y plomo. Cerca de estas instalaciones, el mayor cuerpo de agua que se encuentra es la quebrada Las Lajas, que sus aguas desembocan en la Bahía de San Juan, localizada aproximadamente a dos millas de este cuerpo de agua. Pero estas no han sido las únicas intervenciones, pues Capeco desde un comienzo tuvo choques con el Gobierno Federal por violaciones a las leyes ambientales que precipitaron una larga cadena de sanciones. Uno de los más graves incidentes se efectuó el 7 de enero de 1994 cuando la barcaza Morris J. Berman destinada a la refinería encalló frente a la playa del Escambrón derramando unos 800,000 barriles de petróleo en el litoral de San Juan en plena temporada turística. Municipios como Isabela, Quebradillas y Aguadilla también se vieron afectados, pues los residuos de combustible se extendieron por toda la costa, provocando que se movilizaran a más de cien expertos para hacer labores de limpieza. Este incidente le costó a la compañía y a su aseguradora $83.5 millones cuando transaron con el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal a principios de 2001. Por otro lado, Capeco también ha tenido pleitos con ciudadanos empresarios como Manuel Augusto Colón Cabrera y Melba Correa Miranda, quienes le arrendaron a la empresa una propiedad inmueble sobre la cual enclava una estación de servicio de gasolina. Estos demandantes radicaron una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra la compañía. Entre las alegaciones, incluyó una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 77 por discrimen en precios. Los empresarios solicitaron en el 2007 al Tribunal que se les permitiera acceder a la investigación efectuada por la Oficina de Asuntos Monopolísticos adscrita al Departamento de Justicia, porque consideraban que este documento sería de vital importancia para su demanda. Sin embargo, aunque el documento ya había circulado por los medios de comunicación del País, Capeco alegaba que esta evaluación era confidencial. El Tribunal Supremo determinó que se debía hacer un análisis para ver si la información estaba bajo investigación o si ya el documento- custodiado por el Estado- era público. De ser público, los demandantes tenían derecho a obtener copia de la investigación. Sin embargo, Capeco no ha fungido todo el tiempo como demandado, pues en el 2005 se enfrentó a la Unión de Trabajadores de la Industria de Petróleo por el despido del empleado Edwin Ariel López en el caso A-05-549. Y es que la empresa alegaba que el despido de López era justificado, pues este empleado ocasionó varios incidentes en la compañía como el descuido en la verificación de una alineación para una transferencia de gas propano licuado (LPG); el fallo en la certificación del cierre de válvulas que provocó que se transfirieron miles de barriles de aceite residual a un tanque equivocado; la contaminación de alrededor de 135,000 barriles de aceite residual de bajo contenido de azufre con aceite residual de alto contenido de azufre; y el error en la verificación en otro cierre de válvula que desembocó en la transferencia por error de 2,800 barriles de aceite residual. La más reciente demanda a la compañía fue radicada el pasado 23 de octubre por los abogados John F. Nevares y Camilo K. Salas quienes presentaron ante el Tribunal Federal una reclamación de clase que estaría compuesta por “todos los residentes y habitantes de San Juan, Puerto Rico y municipalidades circundantes, incluyendo Cataño, Levittown, Toa Baja y Bayamón, que han sufrido algún daño o pérdida por la explosión de la instalación de Gulf Oil el 23 de octubre de 2009”. De llegarse a certifica la clase, los abogados estiman que los daños exigidos sumarán $500 millones de dólares ($500,000,000.00). Actualmente, este pleito aparece encabezado por un matrimonio residente de la urbanización Las Vegas en Cataño, Eliezer Cruz Aponte y Magdalena Caraballo. La pareja alega que sintió la explosión en sus hogares, que han tenido que ser evacuados usando máscaras de gas, y que ella cayó al suelo con el estruendo y se lastimó la espalda. A raíz de esta explosión, la EPA le notificó el pasado 23 de octubre- por medio de un documento oficial- al gerente de Capeco, Julio D. Hernández, que esta compañía causó un grave derrame de petróleo sobre las aguas de los Estados Unidos, según se establece en la Sección 311 del Acta de Limpieza de Aguas (CWA, por sus siglas en inglés), 33 U.S.C. 1321 y que fue enmendada por el Acta de Contaminación de Petróleo (OPA, por sus siglas en inglés) de 1990. Además le solicitaba a la empresa por medio de este papel que le informara los pasos que se iban a tomar inmediatamente para limpiar, aplacar y remover el derrame ocasionado por la explosión. Los propietarios de la compañía serían los responsables de ciertos costos y daños relacionados al derrame de petróleo en las aguas navegables y se le impondrían varias penalidades. Por otro lado, aunque la EPA informó en este documento, firmado por el coordinador de operaciones de campo de la Región II, Geoffrey Garrison, que el fuego ocasionado por la explosión en la refinería Gulf y el derrame de aceite y petróleo que se liberó ese día provocó la contaminación en las aguas del caño La Malaria en Cataño, surgen incongruencias en la investigación pues el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán, y el presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Pedro Nieves aseguraron que hicieron un recorrido en aerobote a través del caño y no observaron daño asociado a la explosión. Por su parte, el portavoz de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Luis A. Ocasio, expresó que esta agencia todavía se encuentra recopilando la información necesaria para investigar a la compañía y se comprometió a facilitar en unos días a Diálogo Digital todo el material necesario sobre el incidente. Por cada una de las razones esbozadas anteriormente y las nuevas interrogantes que salen a luz con la reciente explosión de la refinería Gulf, el CUCCO propone sembrar microalgas para cosechar un combustible vegetal que es libre de mercurio y no es tóxico. Además, se producirían grandes cantidades de aceite y nacerían más peces ricos en Omega 3. Según Ramos, esta iniciativa ha sido avalada hasta el momento sólo por el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, quien se comprometió en ayudar a impulsar esta propuesta. Al CUCCO sólo le queda esperar y confiar en que el Gobierno escuche sus reclamos y ponga en acción esta nueva iniciativa ecológica. Vea documentos oficiales de la EPA a los cuales se les hace alusión en esta nota
http://cpipr.org/inicio/reportajes/40-reportajes/120-demanda-de-clase-por-fuego-en-gulf-reclama-500-mil-millones.html http://www.vocero.com/noticia-33417-historial_de_capeco.html http://www.gulfpr.com/espanol/index.html http://www.lexjuris.com/lexjuris/tspr2007/lexj2007048.htm http://library.law.emory.edu/1circuit/feb2000/99-1752.01a.html http://www.epa.gov/espanol/ http://www.gobierno.pr/JCA/Inicio/ http://www.dtrh.gobierno.pr/doc/pdfs/Mediacion_Arbitraje/Laudos/2005/A-05-549.pdf http://www.goldmanprize.org/node/732 Vea notas relacionadas
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