Irinea Buendía recuerda como si fuese ayer el último día en que vio a su hija, Mariana Lima. Su hija había tomado la decisión de dejar a un marido que la maltrataba. “‘Voy a denunciarlo… Sé que no le harán nada. Siempre ha dicho que no puedo hacerle nada porque es policía; pero quiero sentar un precedente jurídico'”, dijo Mariana.
“‘Volveré a las tres y comeré contigo, mamá’. Mi hija nunca llegó”, contó Irinea.
El 28 de junio de 2010, Irinea perdió a su hija Mariana Lima, víctima de feminicidio (asesinato de una mujer por razones de género). Solo tenía 29 años.
Entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo, 14 se encuentran en América Latina y el Caribe, con 12 mujeres asesinadas cada día. En México, siete mujeres fueron asesinadas al día en 2016.
La atención de los medios internacionales hacia los asesinatos infames de mujeres en Ciudad Juárez, México, en los años noventa, fue un llamado de atención a la región y generó como resultado una mayor atención a la recolección de datos, reportes y sentencias jurídicas.
Entre enero y junio de 2017, 800 mujeres fueron asesinadas en 13 estados en todo México, de cuyas muertes solo 49 por ciento se investigó como feminicidio. (Dzilam Méndez/ONU Mujeres)
En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), presentaron el Modelo del protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, una herramienta para la policía, los médicos forenses y otros funcionarios del sector judicial para la investigación adecuada del feminicidio/femicidio.
Hoy en día, 16 países de la región cuentan con una legislación especializada en el feminicidio, incluido México.
No obstante, en muchas partes de la región los asesinatos de mujeres han continuado y evidencian una impunidad generalizada, así como la falta de aplicación adecuada de la ley.
Parte del problema es que las muertes violentas de mujeres por razones de género son, con frecuencia, el último de muchos actos violentos que pasan desapercibidos y que no son atendidos.
Tal es el caso de la relación de Mariana Lima con su marido, que comenzó a deteriorarse después de que se casaron, a través de insultos verbales y amenazas que llegaban a la violencia física, hasta que él la asesinó.
El día en que Mariana murió, su marido, Julio César Hernández Ballinas, llamó a Irinea Buendía para informarle que su hija se había suicidado. “Yo desde el momento que me marcó, sabía que él la había asesinado”, recuerda Irinea, quien comenzó un largo proceso judicial con el propósito de enviar a Julio César a la cárcel.
“Desde hace seis años, no solo he sufrido el asesinato y la pérdida de mi hija. El calvario que las propias autoridades y sistemas de justicia me hicieron pasar solo aumentaba mi dolor por la impunidad y corrupción que caracterizan a estas instituciones”, añadió.
El esposo de Mariana Lima era un funcionario que utilizó su puesto para encubrir la evidencia y hacer declaraciones falsas. Luego de largos trámites judiciales, el 4 de septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acogió el caso.
El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia histórica a favor de Buendía.
Dicha sentencia analizó los procedimientos adoptados por los funcionarios involucrados en el caso y reveló que la ausencia de una perspectiva de género, había dado como resultado una violación a los derechos humanos tanto de la víctima, Mariana Lima, como de su madre. La Corte también otorgó protección jurídica para la madre de Mariana.
Finalmente, se detuvo a Julio César Hernández Ballinas. Este caso sentó las bases sobre cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres en México.
Hoy en día, como defensora de los derechos humanos, Buendía apoya a otras familias en el país que han perdido a sus mujeres por asesinatos por razones de género y les ayuda a acceder a la justicia.
Los esfuerzos de defensa y litigio llevados a cabo por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio –una alianza de 49 organizaciones de derechos humanos en todo México– ha incrementado la rendición de cuentas y el acceso a la justicia en casos de feminicidio en México y América Latina.
El Observatorio, que recibió financiación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las Mujeres (gestionado por ONU Mujeres) entre 2011 y 2015, continúa trabajando en colaboración con ONU Mujeres en ese país sobre este tema.
“Falta mucho para que las autoridades entren de fondo al tema de feminicidio, que tomen medidas como la Alerta de Género para salvaguardar las vidas de las mujeres”, comentó María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
De acuerdo con el Observatorio, entre enero y junio de 2017, 800 mujeres fueron asesinadas en 13 estados en todo México, de cuyas muertes solo 49 por ciento se investigó como feminicidio.
Mantener el problema del feminicidio bajo la lupa y poner a disposición información disponible y accesible a las mujeres, es clave para que las autoridades rindan cuentas y prevengan la violencia contra las mujeres y las niñas.
Desde 2011, ONU Mujeres, en colaboración con instituciones gubernamentales, ha publicado estudios periódicos que analizan el alcance, las tendencias y las características del feminicidio en México.
“Para poder eliminar la violencia contra mujeres y niñas, debemos continuar trabajando desde todos los frentes: organismos no gubernamentales, gobierno, sociedad civil, la academia y la sociedad en general. Al trabajar juntos, somos todas y todos nosotros los que podemos detener el feminicidio de tantas mujeres en México y el mundo”, concluyó Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México.
