“Nosotras, las indígenas, queremos ser consideradas como parte de la solución al desarrollo sostenible porque tenemos capacidades y conocimientos”, subrayó la periodista quechua Tarcila Rivera, defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Perú, en una conferencia de prensa sobre el “Empoderamiento de las Mujeres Indígenas”.
Rivera, al igual que muchas mujeres más que luchan por los derechos de las comunidades autóctonas en América Latina, el norte de Europa, Canadá, Asia, Australia, Nueva Zelanda y África, participa en la 60 sesión anual de la intergubernamental Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW60), que concluirá este jueves 24.)
La CSW se reúne con representantes de los países miembros de la ONU, agencias del foro mundial y organizaciones no gubernamentales internacionales, así como otras entidades de la sociedad civil para el avance político, económico y social de las mujeres y la eliminación y la prevención de todas las formas de violencia contra la población femenina.
En la inauguración de la CSW60, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien en sus nueve años al frente del foro mundial designó a más de 150 mujeres como secretarias generales adjuntas o subsecretarias generales, urgió a los gobernantes a tomar medidas para poner fin a la desigualdad de género.
“En los países donde hay niñas y niños ‘desaparecidos’, las abuelas organizadas reclaman justicia. En zonas asoladas por el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), las madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) reemplazan el estigma con esperanza. En las sociedades homofóbicas, lesbianas víctimas de violación sobrevivieron y se organizaron (…). Mientras se violen los derechos humanos de una mujer, nuestra lucha no termina”, declaró.
En el marco del lema de la convocatoria de este año “El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible” y de la Agenda 2030, las indígenas reclaman a los gobiernos que las reconozcan como fuerza para lograr el desarrollo económico y social.
En Kenia son principalmente las mujeres las que desempeñan un papel clave en la manutención de las familias, pese a vivir en una sociedad patriarcal, explicó Valerie Kasaiyian, una abogada maasai y educadora de derechos sexuales y reproductivos.
Hay grupos de mujeres indígenas, como las de Samburu, que desde hace 20 años se ocupan de su comunidad construyendo casas y escuelas. También crearon actividades económicas autosustentables mediante la venta de ganado y joyas tradicionales para sacar a sus familias de la pobreza, continuó Kasaiyian.
Mujeres de Marsabit, en el norte de Kenia, crearon granjas sostenibles en las que cultivan tomates y otros productos en invernaderos, que luego venden en su comunidad sin la participación de los hombres.
“El desarrollo sostenible se trata de preservar los recursos y la tierra para las generaciones futuras. Las comunidades indígenas, que durante siglos vivieron en aislamiento, encontraron su propio sistema para trabajar la tierra y conservarla”, acotó Kasaiyian en diálogo con IPS.
“Está en nuestra identidad y nuestra cultura ancestral”, recalcó.
“Sin embargo, vemos un etnocidio sistemático de nuestra cultura indígena a manos del gobierno, en que se pretende homogeneizar a las mujeres indígenas e integrarlas a una cultura dominante”, se lamentó.
Desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, junto con la resolución de la ONU 1325 sobre la importancia de las mujeres en las negociaciones de paz, así como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, hubo varios avances importantes para elevar las voces de las mujeres indígenas en el concierto internacional. Pero a un ritmo lento.
Las mujeres y las niñas indígenas, que no son campesinas, tienen su propia identidad, definida por su propia lengua, educación, valores socioeconómicos y conocimientos tradicionales, subrayó Rivera, fundadora del Centro de Culturas Indígenas de Perú (Chirapaq).
Sin embargo, ellas suelen quedar fuera de las políticas gubernamentales, pues no las tratan con dignidad humana, se lamentó la activista peruana.
“Muchos programas nos consideran como sujetos de asistencia. Pero no queremos depender de ese tipo de programas de alimentación. Tratamos de que nos consideren como sujetos de cambio y de desarrollo desde adentro gracias a nuestra capacidad”, subrayó.
A pesar de la falta de estadísticas nacionales exhaustivas, las indígenas sufren una enorme discriminación, violencia sexual y doméstica, pobreza extrema, trata, falta de acceso a los derechos a la tierra, educación y mala atención materna e infantil.
La indígena mixteca Myrna Cunningham, de la comunidad Waspam en Nicaragua, conversó con IPS sobre el problema de la falta de datos estadísticos en ciertos países, donde no cuentan a las poblaciones indígenas o las excluyen de algunos indicadores.
“Al hablar sobre estadísticas, la autodeterminación debería ser el principal indicador, que podría utilizarse para complementar otro tipo de preguntas indagatorias”, precisó Cunningham, quien preside el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi).
“Además, las estadísticas oficiales deberían utilizar indicadores culturalmente más sensibles, lo que ayudaría a definir las políticas públicas e implementarlas”, añadió quien también fuera presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la ONU creó un marco que impulsará la asociación entre los estados miembros y las comunidades indígenas a través del diálogo, propuestas y proyectos a fin de implementar el texto del documento y reconocer, así como proteger, a las mujeres indígenas, dijo a IPS la secretaria del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Chandra Roy-Henriksen.
“Vamos a impulsar una declaración de la ONU sobre los derechos de las mujeres indígenas, en especial, para que puedan entablar demandas en tribunales internacionales en casos de violación de sus derechos”, precisó Kasaiyian.
Las mujeres indígenas deben acortar la brecha entre académicos, profesionales y activistas creando su propia jurisprudencia y teorías del derecho en lo que respecta a la erradicación de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento de las futuras generaciones.
