No hay evidencia empírica de que, en general, los productos de las megatiendas extranjeras sean más económicos que los productos de las cadenas locales. Tampoco existen garantías legales que en estos momentos impidan que ciertas empresas asuman un control monopolístico en la Isla.
Así lo afirma José Caraballo Cueto, director del Centro de Investigación Censal, quien entiende que ante el escenario que enfrenta el País, el gobierno debería implantar –y reforzar– las leyes antimonopolio.
“Se puede legislar para que aplique el impuesto de 6.5% a las compras hechas entre subsidiarias [de una misma compañía establecida en la Isla] y así capturar más a megatiendas extranjeras que hacen daño a la economía local. De esta manera se evita el tecnicismo de que el 6.5% le aplique solo a una megatienda extranjera, Walmart, mientras las demás pagan el 2% de esas compras porque venden menos”, aseguró el profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey.
Los planteamientos de Caraballo Cueto se dan a pocos días que el juez federal José Fusté declarara inconstitucional la Ley 72 de 2015, que perseguía imponer un tributo de 6.5% por concepto de compras entre el ente matriz y el ente subsidiario de una misma compañía, en una transacción conocida como transfer pricing. En diciembre pasado, Walmart demandó al gobierno de Puerto Rico por entender que dicha ley atentaba contra la cláusula de comercio interestatal y contra las leyes de relaciones federales.
En entrevista con Diálogo, Caraballo Cueto sostuvo que ante ese panorama nuestra economía debe aspirar a crecer mediante el fortalecimiento de la producción local.
“Una de las formas que propongo para hacer crecer nuestra economía es empujar las empresas locales a exportar, encadenar las empresas locales con las fábricas extranjeras, y a disminuir el dominio de las megatiendas extranjeras. De hecho, calculé que si solo la mitad de las ventas en el sector detallista fuesen realizadas en pequeños y medianos negocios, se crearían 24,000 empleos nuevos directos. El gobierno debe ser más agresivo en ese sentido”, puntualizó el educador.
Asimismo, el docente manifestó que la práctica, tanto en el Departamento de Hacienda como en el Servicios de Rentas Internas federal, es que si una persona o entidad paga de más, toma un crédito en el próximo periodo. Subrayó, además, que “si todos fuésemos a parar de pagar impuestos mediante la impugnación de los mismos, el gobierno no tendría fondos para proveer servicios”.
De igual modo, Caraballo Cueto indicó que ante el fallo del juez Fusté, la economía perdió una oportunidad de estimular su empresarismo local al nivelar la desigualdad impositiva entre lo que paga Walmart y sus competidores locales.
“[Se] atrasó porque todavía hay múltiples mecanismos para nivelar este terreno y disuadir el dominio de estas empresas dañinas para la economía. Este impuesto a Walmart representaba cerca del 1.5% de sus ventas totales (sus ventas anuales alcanzan los $3,000 millones)”, destacó el profesor.
Según los señalamientos de la multinacional Walmart, el impuesto resultaba demasiado costoso para la compañía e incluso atentaba contra las operaciones a largo plazo de la empresa en la Isla.
“Si las empresas locales pueden pagar más del 1.5% sobre sus ventas totales por concepto de patente municipal, las megatiendas extranjeras también. Y es importante señalar que muchas de estas megatiendas extranjeras tienen decreto de exención de patente municipal y otros impuestos municipales”, aseguró.
