Un movimiento de mujeres campesinas que se organizó para pelear por las tierras agrícolas en Nicaragua, no solo busca una parcela para que ellas produzcan, sino también garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y de la población en general.
La agricultora Matilde Rocha López, vicepresidenta de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan), dijo a IPS que desde finales de los 80, cuando las mujeres capacitadas en la revolución sandinista se organizaron para crear cooperativas, el tema del acceso de la tierra ha sido una de las principales batallas de su gremio.
Según Rocha, desde 1997 la organización ha trabajado de forma coordinada para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras del campo no solo en lo agrario, sino también en lo económico, lo político y lo social.
Junto a otras 14 organizaciones gremiales, sociales y académicas, la federación de productoras rurales sumaron diversos aliados para impulsar en 2010 la aprobación de la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales, conocida como Ley 717.
También contribuyeron a la incorporación del enfoque de equidad de género en la Ley General de Cooperativas y la participación en las Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
De acuerdo con Rocha, esa incidencia les permitió a las mujeres campesinas actualizar el mapeo de actoras en las principales zonas productivas del país, fortalecer las capacidades de las productoras y capacitarlas en comunicaciones sociales y como promotoras de derechos de las mujeres para buscar recursos y tomar decisiones sin presiones de sus parejas masculinas.
“Para las mujeres campesinas, la tierra es vida, algo vital para la familia; la propiedad de la tierra y activos para hacerla producir están estrechamente ligados al empoderamiento económico de las mujeres, en la toma de decisiones para producir nuestros alimentos, preservar nuestro ambiente, y garantizar la seguridad alimentaria, cuidando nuestras semillas criollas para no depender de semillas transgénicas”, sintetizó Rocha.
Femuprocan es la única federación del país constituida solo por productoras agropecuarias: más de 4,200 socias organizadas en 73 cooperativas de seis departamentos del país: Madriz, Managua, Granada, Región Autónoma del Caribe Norte, Matagalpa y Jinotega.
El avance, para Rocha, ha sido más cualitativo que cuantitativo.
En 2010, cuando ellas lograron que se aprobara la Ley 717, se estimaba oficialmente que un 1,100,679 mujeres vivían en áreas rurales y una mayoría de ellas carecía de propiedades y bienes propios.
La norma nació para otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales, para así mejorar su vida económica y equidad de género, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza general del país, estimada entonces en 47%.
Seis años después Nicaragua cuenta con una población de 6.2 millones de habitantes, de los cuales 51% aproximadamente son mujeres y 41% viven en áreas rurales, según datos del Banco Mundial.
Datos de la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, publicada en junio por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, apuntan a que 39% de la población sufría pobreza general en 2015.
En el sector urbano el porcentaje de pobreza era de solo 22.1%, pero en el área rural se elevaba a 58.8%.
Datos de la organización humanitaria internacional Oxfam indican que de las mujeres rurales que trabajan en el campo en Nicaragua, solo 18% posee tierras, mientras el resto tiene que arrendarlas y pagarlas antes de la siembra.
“El acceso de las mujeres de Femuprocan a la propiedad de la tierra es una deuda pendiente para 40% de las afiliadas, lo que representa un total de 1,680 mujeres sin tierra”, confesó Rocha.
La batalla por el acceso a la tierra, agregó la lideresa, sigue siendo dura, pero su organización no desmaya.
“En 17 municipios del tendido territorial de nuestra federación, 620 mujeres entre líderes y promotoras trabajan en el proceso de búsqueda de tierras para nuestras afiliadas. El proceso de identificación de tierras para hacerlas producir, no solo cuenta con las mujeres que no tienen tierra, sino con el apoyo de las que ya tienen, así como de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos apoyan”, explicó.
Una de las socias de la organización aseguró que luego de la aprobación de la ley, no ha existido voluntad política ni financiamiento económico del Estado para hacerla cumplir.
“Cuántas puertas no hemos tocado, a cuántas oficinas no hemos ido a presionar, cuántas reuniones hemos tenido y nada que nos cumplan la ley”, expresó una productora durante un viaje a Managua, que pidió ser identificada solo como María.
“Lo que pasa es que todito el sistema jurídico y económico-productivo aún lo dominan los hombres y más que como competencia, nos ven como amenazas a sus negocios tradicionales”, planteó.
Otras organizaciones de mujeres incluso han llegado desde sus territorios rurales hacia las ciudades a protestar por la falta de cumplimiento de la ley de acceso a la tierra.
En mayo pasado, María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, denunció en Managua que “ante la falta de tierras propias, las mujeres tienen que pagar hasta $200 por el alquiler de una hectárea durante un ciclo agrícola”.
Además del pago de las tierras, las campesinas de esa organización en los últimos dos años han enfrentado problemas ambientales como la sequía, tolvaneras, cenizas volcánicas y plagas sin recibir el beneficio de las políticas públicas de créditos bancarios para enfrentar sus situaciones.
“Hace seis años se creó la Ley 717 que manda la creación de un fondo para la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, y aún no se ha incluido el fondo en el presupuesto general de la República para que las mujeres puedan acceder a un crédito hipotecario administrado por el banco estatal para tener tierras propias”, denunció entonces Fernández.
Sin un título legal de propiedad de tierra, el sistema financiero nicaragüense no otorga créditos para producción a mujeres campesinas, debilidad que el gobierno trata de paliar con programas de asistencia social como Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Patios Saludables y Programa Cristiano y Solidario (entrega de alimentos para consumo), entre otros.
Sin embargo para el sociólogo Cirilo Otero, director del no gubernamental Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, el apoyo gubernamental no es suficiente y reiteró a IPS que la falta de acceso de las mujeres a la tierra es uno de los más graves problemas de equidad de género en Nicaragua.
“Sigue siendo una deuda pendiente del Estado para las mujeres campesinas”, dijo.
Más allá de esta deuda de género, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúan a Nicaragua como uno de los 17 países latinoamericanos que cumplieron las metas de reducción del hambre y mejora de la seguridad alimentaria durante los primeros 15 años del siglo, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el organismo, entre 1990 y 2015 el país redujo la proporción de población subnutrida de 54.4% al 16.6%.
