Las relaciones de trabajo y las desigualdades en salud: reflexiones en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras

Por: Jullimar Lanzó Cortijo

Ha quedado establecido en consenso internacional que las desigualdades en salud son resultado de las condiciones en que la población crece, vive, trabaja y envejece (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). Desde esta definición, el trabajo remunerado y las condiciones de empleo forman parte esencial de los determinantes sociales de la salud. Principalmente, por su potencial para influenciar la condición socioeconómica de los individuos y consecuentemente, las oportunidades para desarrollarse, vivir en condiciones dignas y promover el bienestar de las próximas generaciones. La naturaleza del trabajo y las condiciones de trabajo no representan un asunto aislado, más bien, responden a las ideologías que rigen la economía política global, nacional y local. Todo se define a partir del modelo económico dominante: el capitalismo neoliberal. En conmemoración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras resaltamos la urgencia de reflexionar y actuar sobre los vínculos entre las relaciones de trabajo y las desigualdades en salud. 

El neoliberalismo es la manifestación del sistema económico capitalista donde las políticas económicas organizan las reglas de mercado entorno a las ventajas que pueden obtener las compañías. Estas políticas sumen a la clase trabajadora en un estado de precariedad que raya en la semiesclavitud y es posible observar las marcadas diferencias en los efectos que produce entre clases y grupos sociales con un carácter de perpetuidad principalmente en lo que respecta a la salud.

En las relaciones de trabajo neoliberal, uno de los mecanismos que propicia a la reproducción de la desigualdad social e inequidad es la precarización del empleo. El panorama estructural de las condiciones de empleo a nivel global ha estado caracterizado desde el último cuarto del siglo veinte por elementos neoliberales que intentan justificarse sobre las bases de la austeridad y la privatización que reclama el capitalismo ante las crisis económicas, como la recesión global del año 2008.

Sin embargo, representa una contradicción significativa, dado que existe una evidente desproporción entre la productividad y el valor excedente que es deliberadamente acumulado por una minoría. Todo esto, legitimado por las autoridades políticas, a expensas de una mayoría de la población que queda expuesta a condiciones sociales y económicas que comprometen la vida y la salud.

La precarización del empleo es una de las formas en que las políticas son atemperadas convenientemente a los intereses del capital, mediante la desregulación y flexibilización del mercado laboral. Es importante reconocer que la precarización del empleo y el trabajo no responde exclusivamente a las políticas públicas establecidas, sino que incluye las políticas o acciones omitidas concernientes al trabajo informal. El gradiente de precariedad de empleo incluye los trabajos a tiempo parcial, temporales, a domicilio, contingentes o informales. Estas formas de relaciones de trabajo están directamente vinculadas a las desigualdades en salud. 

La OMS identificó a través del Informe de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud en el año 2009, que la naturaleza y condiciones del empleo tienen efectos importantes sobre el estado de salud y la equidad sanitaria. El trabajo o la ocupación determinan el ingreso y la posición socioeconómica, entre otros aspectos que son fundamentales en la causa de enfermedad de la población. Según esta institución internacional, la mayor parte de la fuerza laboral del mundo está en el sector no estructurado y tiene una posición sumamente precaria.

Esta es una preocupación que comparte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe de la OIT del año 2019 sobre las tendencias en el empleo menciona que al 2018, de un total de 3,300 millones de personas trabajadoras, el sesenta y un por ciento (61%) (2,000 millones) están en el sector informal, mal pagados y con nulo acceso a la protección social y los derechos laborales. Solamente un treintainueve por ciento (39%) está bajo la categoría de trabajo formal, aunque esto no signifique que los ingresos son suficientes para la vida y el sustento. Se informa que más de una cuarta parte de las personas trabajadoras en los países de ingreso bajo y moderado viven en condiciones de pobreza extrema o moderada.

A estos hechos se añade la realidad que viven los grupos sociales más vulnerabilizados por razón de género mujer, etnia y estado migratorio. Los trabajos más productivos están ocupados mayoritariamente por hombres, mientras que los trabajos que reproducen la vida (creación de vida, cuidado, educación reproductora de cultura) son poco reconocidos económica y socialmente y están ocupados mayormente por mujeres.

Esto aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante las condiciones flexibles del empleo adoptadas por las políticas públicas y sociales. La OMS identifica a las mujeres dentro de los grupos más vulnerados ante las condiciones de empleo. Los datos muestran una protección y beneficios del trabajo menor para las mujeres en comparación a la de los hombres aumentando las desigualdades en salud en este sector de la población.

Puerto Rico no está exento de estas realidades. Las políticas públicas sobre las condiciones de empleo en el país son cada vez más flexibles, en detrimento de la clase trabajadora. La aprobación de legislaciones como la Ley Num. 7 del 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), la Ley Num. 66 en el 2014 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico), la más reciente Ley Núm. 4 del 2017 (Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral), han lacerado de forma abrumadora los derechos y las protecciones de las personas trabajadoras en Puerto Rico.

Es necesario tomar en serio el efecto de estas políticas sociales, principalmente porque la mayor parte de la fuerza laboral en Puerto Rico está insertada en el sector privado, estimado en un 68% (United Satates Census Bureau [USCB], 2019), donde las características de flexibilización y precarización suelen ser mucho más radicales que en el sector público y donde la mayoría no está cubierta por los acuerdos sindicales. 

Al considerar las dimensiones de la precariedad laboral en el contexto puertorriqueño, es necesario destacar que las inequidades que reproduce afectan profundamente a las familias, pero especialmente a las mujeres. Luego, esa inequidad se desplaza a la niñez, extendiendo los efectos de la clase social pobre de una generación a otra en la perpetuidad. Esto queda evidenciado en el informe sobre desarrollo humano en Puerto Rico, publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el año 2016, el cual indica que la Isla se ubicaba en la sexta posición de los países más desiguales del mundo en el año 2013 cuando se comparó con el resto del mundo al considerar el Índice de Gini.

Afirman, la desigualdad ha aumentado constante desde el año 2005. De igual forma, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) (2020), en su publicación sobre el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico revela que el territorio de Puerto Rico, comparado con otras jurisdicciones de Estados Unidos tiene una calificación “D- Deficiente” en asegurar el bienestar de la niñez y la juventud. Según el mismo informe, el país es la jurisdicción con mayor cantidad de menores viviendo bajo el nivel pobreza y está representado por el 57%; menor mediana de ingresos en las familias con menores, la cual es de $19,097; mayor cantidad de familias con menores cuyos padres/madres no tienen empleo, representado por un 45%; y también, mayor cantidad de jóvenes entre las edades de 16 a 19 años que no están matriculados en una institución educativa ni tienen empleo. Un futuro saludable para la niñez puertorriqueña queda profundamente comprometido ante las políticas públicas vigentes y omitidas relacionadas al trabajo. 

Un número creciente en la fuerza trabajadora que es expuesta a este tipo de políticas públicas en el sector laboral representa un efecto multiplicador que lesiona la salud colectiva, trastoca el tejido social y aumenta la brecha de las inequidades en salud de la población puertorriqueña. Desde la academia tomamos cuenta de esta realidad social y proponemos atender con sentido de urgencia los asuntos de organización y relaciones del trabajo mediante legislaciones que garanticen las conquistas históricas en derechos laborales, el acceso a trabajo y el salario digno permitiendo mejores oportunidades de salud y vida digna. 

La autora es estudiante del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico(UPR), DrPH Determinantes Sociales de la Salud.