Por: Gustavo Capdevila
La Organización Mundial de la Salud (OMS), que vence o por lo menos aplaca las epidemias más severas, como ha sucedido con el ébola, arrastra desde hace cinco años una definición de sus relaciones con el sector privado y la sociedad civil.
La Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que realizó entre el 18 y el 26 de mayo en Ginebra su 68 sesión anual, aplazó otra vez la aprobación de un marco legal que debería regular la colaboración de la OMS con industrias, sociedades filantrópicas y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
La redacción del documento, denominado Marco para la colaboración con los actores no estatales, se detiene porque una gran mayoría de los 194 estados miembros de la OMS actúan con precaución extrema ante la delicadeza del tema.
Lo que está en juego son los conflictos de intereses que pueden surgir una vez reguladas las relaciones de la OMS con el sector privado.
Un punto del borrador del documento alude a la colaboración con determinadas industrias que afectan la salud humana. Un parágrafo de esa sección, que aparentemente ya tiene consenso, especifica que “la OMS no colabora con las industrias tabacalera y armamentística”.
Entre “los numerosos detalles sin resolver figura precisamente la del listado de algunas industrias”, observó Thiru Balasubramanian, representante en Ginebra de la organización no gubernamental Knowledge Ecology International (KEI), con sede en Washington.
La lista de industrias mencionada por el experto de KEI a IPS también debería darse a conocer si se aprueba la segunda parte del párrafo sobre las manufacturas de tabaco y armas.
El borrador del texto propuesto y aún no aprobado cita: “Además, la OMS actuará con particular cautela a la hora de colaborar con otras industrias que afecten a la salud humana o estén concernidas por normas y patrones de la OMS”.
La doctora en medicina Kavitha Kolappa, que representó ante la AMS a las organizaciones no gubernamentales Health Action International (Hai) y Young Professionals Chronic Disease Network (YP/CDN), suministró a IPS ejemplos de la denunciada interferencia de la industria en la salud pública.
En 2014, “unas 25 firmas farmacéuticas aparecieron implicadas en una campaña planificada para obstruir un borrador de reformas a la política de propiedad intelectual de Sudáfrica”, dijo.
Las reformas tenían como objetivo “incrementar el acceso a los medicamentos en ese país”, precisó Kolappa.
En 2013, “los límites al contenido de azúcar en las bebidas que había establecido el Consejo de Salud de la ciudad de Nueva York, fueron cuestionados por una campaña financiada por la industria de las bebidas, y finalmente eliminados por la justicia”, agregó la médico.
Y hace solo dos meses, se conoció que la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA, en inglés) “había ejercido presiones ante los estados miembros de la OMS para asegurar que sus industrias no fueran excluidas del marco sobre actores no estatales”, recordó Kolappa.
El documento en discusión extiende las relaciones oficiales de la OMS “hacia las fundaciones filantrópicas, las instituciones académicas y el sector privado, en particular las asociaciones de empresarios, sin distinguir entre las organizaciones no gubernamentales que podrían estar más cerca del sector de los negocios que del sector público”, observó la experta Lida Lhotska a IPS.
Llotska, que representa a la Red Internacional de grupos pro alimentación infantil (IBFAN, en inglés) advirtió que “si el Marco es aprobado como se lo presenta, tememos que pueda conducir a una pérdida de credibilidad de la OMS”.
Representantes sin fines de lucro pusieron reparos a diferentes aspectos del borrador que será discutido en una reunión intergubernamental que la directora general de la OMS, Margaret Chan, deberá convocar antes del 15 de octubre próximo.
El texto “da la falsa impresión de que los riesgos de interacción con las compañías transnacionales y las fundaciones filantrópicas, incluidos los conflictos de intereses, están abordados adecuadamente”, sostuvo Lhotska.
Balasubramanian subrayó otro aspecto, el de las contribuciones voluntarias, de gobiernos y entidades privadas, que han llegado a representar 80 por ciento de los ingresos presupuestarios de la OMS.
El 20 por ciento restante proviene de las “contribuciones señaladas”, como se denominan en la OMS a los aportes obligatorios que hacen los Estados miembros de montos calculados según su riqueza y población.
El representante de KEI apuntó que el mayor contribuidor es Estados Unidos, “lo que está bien porque es un Estado miembro, y el segundo sería la Fundación Bill y Melinda Gates”.
Entonces, “al ocuparse este Marco de como la OMS colabora con la sociedad civil, con los intereses de los sectores de negocios y las fundaciones filantrópicas, creo que debería prestarse más atención a pensar de qué manera grandes organizaciones filantrópicas, como la fundación de los Gates pueden influir en la OMS”, dijo.
“En especial, en términos de actividades relacionadas con la adopción de normas (de la OMS) y de cómo exactamente se gasta el dinero”, alertó Balasubramanian.
La última palabra la tendrá la próxima sesión de la AMS, en mayo del 2016, que podrá establecer definitivamente la forma en que se relacionará la OMS con los actores no estatales o aplazar otro año la decisión, como ocurre desde 2011.
Mientras tanto, queda flotando una observación de Kolappa, quien dijo que una vez incorporados a la OMS, “todos los actores no estatales harán lo que están incentivados a hacer, y nosotros no debemos ignorar esto”.
