El 11 de agosto de 2007, cerca de la playa Punta Santiago en Humacao, Miguel Cáceres fue ultimado a balazos por el agente de la Policía, Javier Pagán. El oficial policíaco intervino con la víctima porque obstruía una vía de rodaje con su motocicleta. En el proceso hubo un altercado entre ambos y el policía se dispuso a arrestarlo. Agredió a Cáceres, lo mantuvo en el suelo y finalmente le disparó en cuatro ocasiones. El crimen no quedó impune, porque a diferencia de otros casos de violencia policial, este fue grabado por la cámara del celular de un aficionado.
El vídeo fue altamente difundido a través de la prensa y fungió como la prueba principal de este caso. Un panel de jurados encontró a Pagán culpable por homicidio y Ley de armas. Este suceso se convirtió en un ejemplo de cómo los medios y la tecnología ha transformado el sistema de justicia. Hoy en día, en el desfile de pruebas de un juicio, puede haber fotografías, vídeos y hasta la reconstrucción animada de la escena de un crimen.
Sobre este último aspecto, el teórico de la comunicación Marshall McLuhan indicó que la importancia de un medio de comunicación no radica en su contenido, sino en su capacidad de cambio. McLuhan sostuvo dicha aseveración proponiendo que las tecnologías son extensiones de los seres humanos, con la capacidad de ampliar sus sentidos, transformar sus prácticas cotidianas e ideológicas. De esta forma, podemos decir que aquellos que interpretan la justicia -como los jurados y los jueces- en muchas ocasiones emiten decisiones basándose en pruebas representadas a través de las tecnologías de la comunicación. Y así, las huellas dactilares, los testigos presenciales, casquillos de bala, etcétera, quedan relegados por los medios de comunicación que -como también menciona el teórico de comunicación y cultura Nicholas Mirzoeff- nos permiten visualizar lo que no es visible.
Esta inserción de las tecnologías de la comunicación en los procesos de justicia, proviene de la idea de que un veredicto de culpabilidad debe ser probado más allá de toda duda razonable. Tal concepto responde a los cambios que han sufrido los sistemas punitivos a través de la historia. Dichas modificaciones están sujetas a los giros económico-políticos de la sociedad, según ha planteado Michel Foucault . Antes del siglo 18, los castigos se enfocaban en el sufrimiento corporal del sujeto y respondían a un sistema de justicia dominado por la monarquía y sus allegados. La ley se consideraba paralela a la corona y desobedecerla significaba atacar al mismísimo monarca. Administrar la justicia recaía en manos de la subjetividad del rey y de sus simpatizantes.
Michel Foucault explicó los cambios en los sistemas de justicia a través del tiempo en su obra Vigilancia y Castigo. (Suministrada)
La caída de ese sistema monárquico en conjunto con el advenimiento de la corriente positivista, que buscaba la objetividad en la experimentación, sentó las bases para una nueva forma de investigación criminal. Muchas de estas ideas aún perduran, como la regla de la verdad común que sugiere Foucault. La misma sostiene que un delito no puede ser adjudicado hasta que se compruebe la culpabilidad del acusado a través de pruebas.
Esta idea ha sido fortalecida por la cultura visual. El momento histórico en el que vivimos, conocido como posmodernidad, está marcado por el desarrollo de las tecnologías de la visualización, que han generado un cambio paradigmático, haciendo que se relegue al texto como sistema discursivo, para dar paso a la imagen como método para interpretar la realidad, según expone Mirzoeff en su libro Qué es la cultura visual.
La cultura visual no depende en sí de las imágenes, sino de la tendencia de plasmar la realidad en imágenes o visualizar la existencia. Por tanto, alrededor del despliegue de vídeos y fotografías como pruebas de un crimen, se crea la noción de que son un referente fidedigno de lo ocurrido. Sin embargo, la visualización de la vida cotidiana no significa que conozcamos lo que observamos. Parecería sensato creer que una imagen o vídeos pueden demostrar un acto delictivo, pero dicha prueba no es más que una interpretación no objetiva de la realidad. Esto no quiere decir que el acto que se considera delictivo no haya ocurrido en la materialidad, pero sí refuerza el planteamiento de que la justicia depende de lo que llamó el sociólogo y filósofo francés Jean Baudrillard, un simulacro.
Jean Baudrillard desarrolló el concepto de la híper-realidad en su escrito Cultura y Simulacro. (Suministrada)
Esto quiere decir que, la imagen de la acción ilegal que se toma como prueba en un tribunal, es un sistema de signos que recodifican la realidad y la sustituyen. Es una copia sin referente, una representación que significa el fin de la realidad. A través del simulacro, construimos un mundo híper-real, que no parte de la materialidad. Dentro de este contexto, la experiencia humana es solo aquello que podamos visualizar. Este proceso de representación lo tomamos por sentado, según plantean Marita Sturken y Lisa Cartwright en su libro Practice of Looking. Como establece Mirzoeff, le damos tanta credibilidad a la imagen que nos olvidamos del contexto y lo que hay detrás de este. Ignoramos que ver también es interpretar. Una interpretación que está condicionada por nuestra ideología.
La ideología fue en primer lugar concebida por el marxismo como una “falsa consciencia”, determinada por la base económica de la sociedad (el capitalismo) y que interpelaba las acciones de los seres humanos sin que estos pudiesen darse cuenta. Para Karl Marx, sobre dicha base económica se ubicaba el aparato de Estado, que incluía al gobierno, la administración, el ejército, la policía y los tribunales. Según el marxismo, el aparato de Estado se encargaba de promulgar la ideología de las clases dominantes entre el proletariado.
Más adelante, Louis Althusser (1970) señala que ninguna clase tiene la capacidad de mantener su dominio en solitario, así que establecen acuerdos con otras clases o fracciones de clases para, en un intercambio de beneficios, conservar el poder. Añadió que el aparato de Estado al que Marx se refirió es realmente un aparato represivo de Estado (ARE), que ejerce su dominio utilizando la violencia. No obstante, cuando la coerción no funciona existe algo más poderoso, los aparatos ideológicos del Estado (AIE), o sea instituciones privadas que cumplen con la función de perpetuar la ideología dominante.
Según esta teoría, los AIE son las escuelas, iglesias, familias, el sistema jurídico y el político, los sindicatos, los medios de comunicación y la cultura. Sin embargo, contrario al ARE, los AIE pueden ser escenario de luchas de clases y no tienen la capacidad de mantener el poder tan fácilmente. La razón es porque las antiguas clases dominantes pueden conservar posiciones en ellos por largo tiempo y además las clases explotadas pueden encontrar el medio de expresarse a través de los mismos.
El vídeo del asesinato de Miguel Cáceres, representa una estancia en la que un aparato ideológico -representado por los medios de comunicación- es utilizado para apoyar la lucha de clases. El cuerpo policíaco, aunque se asocia al propósito de mantener la seguridad de los individuos, también se encarga de proteger los intereses del Estado. En Puerto Rico, de acuerdo al informe Isla de la Impunidad, de la American Liberties Civil Union, hay 17,000 policías. De forma proporcional, esto significa que hay más agentes por habitantes que en los Estados Unidos de América.
Durante el período del 2004 al 2010, hubo 1,768 denuncias por violencia policíaca en Puerto Rico, en su mayoría las víctimas pertenecían a estratos sociales con desventaja. Para muchos de los civiles, defender su postura en los tribunales es complicado, pues se enfrentan a un ente que mantiene una relación simbiótica con el Estado y este último a su vez administra el aparato de justicia. En este contexto, la inserción de las tecnologías de la comunicación en los procesos judiciales ha significado un aspecto positivo para la lucha de clases, pues mediante un aparato ideológico, han podido enfrentarse a otro. Esto quiere decir que el advenimiento de las tecnologías de la comunicación también ha moldeado la manera en que se manifiestan las relaciones de poder entre agentes y civiles en los casos de violencia policial.
De esta forma, la influencia de las tecnologías de la comunicación en los procesos judiciales los ha convertido en un nuevo panóptico. Este concepto viene del panóptico de Jeremy Bentham, una cárcel cuya arquitectura permitía a los guardias de seguridad vigilar a los reos sin que estos lo notaran. Con esto intentaban reducir los actos delictivos, pues imperaba la idea de la vigilancia constante. “Así, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se convierten en complejos y poderosos aparatos de vigilancia panóptica, en flujos muy flexibles y multidireccionales de determinación del comportamiento selectivo”, establece Rafael Jiménez Vidal en el ensayo El nuevo “panóptico” multidireccional: normalización comunista y espectáculo.
Finalmente, reforzando el concepto de McLuhan, el advenimiento de los medios de comunicación ha transformado el aparato ideológico de la justicia, ha cambiado las prácticas en los juicios, así como la noción de vigilancia en los sujetos.
El autor es reportero de Diálogo y estudiante del Programa Graduado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Este artículo fue publicado inicialmente en un blog producido para el curso “Comunicación y Cultura Popular”, dictado por el profesor Rubén Ramírez Sánchez. Ver el texto original aquí.
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Ronald Ávila Claudio
Periodista. Cursa una Maestría en Periodismo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee un Bachillerato en Publicidad y un Grado Asociado en Tecnologías de la Comunicación.ronald.avila@upr.edu | ronald.avila.claudio@gmail.com
