El Senado de Puerto Rico aprobó ayer un paquete de medidas entre las que se incluye una resolución para investigar situaciones de hostigamiento y agresiones sexuales en la Universidad de Puerto Rico.
La Resolución del Senado 919 ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria realizar una investigación exhaustiva al respecto, según informó la Legislatura en un comunicado de prensa.
La senadora Zoé Laboy Alvarado, autora de la medida, denunció en la resolución, que se le han acercado estudiantes de la UPR para exponer que han recibido acercamientos inadecuados por parte de profesores de varios recintos de la universidad del Estado.
Del documento legislativo se desprende que varios medios han destacado un patrón de hostigamiento sexual a estudiantes por parte de algunos miembros de la facultad de la UPR en Aguadilla.
Se plantea, además, que en el Recinto Universitario de Mayagüez, la historia no ha sido muy distinta. En el año 2015, un medio dio a conocer los hallazgos de una investigación realizada por el Programa de Sociología de esa institución que reveló que el hostigamiento sexual por parte de profesores y administradores es un fenómeno del que alegó estar siendo víctima la mitad de los estudiantes que participaron de la investigación.
Estos tipos de actos sexuales son contrario a la política contra el discrimen y hostigamiento sexual de la UPR, ya que la Universidad estableció por escrito que “no permitirá el hostigamiento sexual, independientemente de la jerarquía o posición de las personas que puedan estar involucradas”.
A esto se suma que no se estarían velando las disposiciones legales de la ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo del 1988, según la senadora.
“Los delitos de agresión sexual y hostigamiento sexual son actos repudiables que atentan contra la dignidad y la integridad física de las víctimas. Una gran parte de las víctimas de estos delitos optan por no querellarse por temor a ser humilladas y que se tomen represalias en su contra”, señaló.
“La UPR debe ser un centro de crecimiento académico y profesional que provea un ambiente seguro y de respeto para la comunidad estudiantil como el personal docente y no docente”, opinó.
También se procurará evaluar la efectividad de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
La Resolución del Senado 953 ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer investigar el alcance, efectividad y necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Existen al menos 15 leyes que de una manera u otra inciden en las funciones y responsabilidades de la OPM por lo que la convierten algunas en una oficina de alta complejidad que requiere de una evaluación continua.
“Lamentablemente, eventos relacionados a casos de hostigamiento sexual acontecidos durante los pasados años en municipios y agencias gubernamentales han puesto de manifiesto lagunas en los reglamentos existentes y en el proceso del manejo de querellas, tanto a nivel de la OPM como en las agencias y municipios implicados”, sostiene la medida de la autoría de la legisladora Laboy Alvarado.
Por otro lado, existe una realidad fiscal que ha minado la capacidad económica de la OPM. De acuerdo con información ofrecida a varios medios noticiosos por la Procuradora, Lersy Boria, la Junta de Control Fiscal redujo $1 millón a su oficina, lo que dificulta el cumplimiento de sus responsabilidades.
