Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
Durante el reciente ciclo de protestas de grupos feministas para exigir que se declare un “Plan de Emergencia Nacional contra la Violencia de Género”, varias mujeres alegaron haber sido empujadas violentamente por agentes de la Policía para evitar que se acercaran a La Fortaleza a entregar un documento con sus peticiones. (Valeria Rodríguez Sotomayor/Facebook Colectiva Feminista)
El ciclo de protestas de grupos feministas para exigir que se declare un “Plan de Emergencia Nacional contra la Violencia de Género” culminó hace unas semanas con enfrentamientos entre oficiales de la Policía de Puerto Rico y manifestantes frente a La Fortaleza.
Las autoridades arrojaron gas pimienta a las mujeres, admitió la Policía. Otras alegaron haber sido empujadas violentamente por los agentes para evitar que se acercaran a La Fortaleza a entregar un documento con sus peticiones.
La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria lamentó la respuesta violenta de la Policía; pero sostuvo que no podía investigar si hubo un manejo inadecuado de fuerza de la parte de la uniformada.
“Nosotros estamos en total desacuerdo de violencia contra las mujeres. Por supuesto que lo hablo. Un asunto es hablarlo y otro asunto es si yo tengo algún poder para imponer alguna sanción en cuanto a ese acto en específico”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con Boria, los poderes delegados a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) no la facultan para investigar, ni imponer alguna sanción a la Policía de Puerto Rico, a menos que se radique una querella en la Policía de Puerto Rico.
“Si tenemos la querella, ellos tienen que proceder según el Centro que tengan de radicación de querellas. No puedo entrar antes que se dé ese proceso”, respondió la procuradora.
Recalcó que la OPM establece las guías y protocolos para evitar el discrimen y abuso contra los derechos de las mujeres en agencias, municipios y en el sector privado. Aseguró que solo puede intervenir si se incumple con los protocolos y luego de agotar todos los remedios internos.
– “Instruimos a la Policía y revisamos que en efecto eso esté dándose…”, dijo la procuradora.
– ¿Y se está dando? ¿En la Policía?, le preguntó una periodista.
– “Eso tiene que preguntarle a la Policía”, respondió.
– O sea que si no está funcionando…
– “Eso tiene que preguntárselo a la Policía”, insistió Boria.
La Ley 20 que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en 2001 establece como política pública garantizar los derechos de igualdad de las mujeres y le confiere a la OPM la facultad de fiscalizar el cumplimiento de esta política pública en agencias de gobierno y entidades privadas, con funciones educativas, investigativas y fiscalizadoras, de reglamentación con poderes cuasi judiciales con el propósito de investigar y se provean los remedios y actuaciones correctivas que sean necesarios ante acciones y omisiones que lesionen los derechos de las mujeres.
Contrario a lo expresado por Boria, la OPM tiene la obligación de atender toda querella que se radique en su oficina, pero, además, puede iniciar ‘motu proprio’ cualquier investigación, si lo estima necesario, según se desprende de la Ley 20 revisada por el Centro de Periodismo Investigativo.
Para ello, la OPM está facultada en ley para citar testigos, reclamar documentos e imponer multas administrativas de hasta $10,000 por acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres.
Entre sus deberes, puede radicar, a su discreción, ante los Tribunales, foros administrativos e instrumentalidades del gobierno cualquier acción que estime pertinente para representar a una mujer individual o como clase, por actuaciones en las que se violenten los derechos de las mujeres.
“Realizar investigaciones, por su propia iniciativa o en relación con las querellas que investigue, obtener la información que sea pertinente, celebrar vistas administrativas y llevar a cabo inspecciones oculares”, lee el estatuto como parte de los poderes generales otorgados a la Procuradora para obligar a hacer cumplir el propósito de la ley.
Al menos tres activistas vinculadas por años a la lucha por la protección y derechos de las mujeres coincidieron que Boria tiene la facultad y obligación por ley de investigar las agresiones de miembros de la Policía de Puerto Rico contra las manifestantes el pasado 25 de noviembre Día de No Más Violencia contra la Mujer.
Amárilis Pagán de Proyecto Matria, Edda López de Coordinadora Paz para la Mujer y María Dolores Fernós, primera mujer en dirigir la OPM, cuestionaron las expresiones de la funcionaria porque según estas, evidencian su desconocimiento de las responsabilidades y funciones del cargo que ostenta, entre ellas, la independencia de criterio que debe tener.
Según la portavoz de Proyecto Matria, las actuaciones de Boria desde su confirmación demuestran que más que representar a las mujeres, como le pide la ley, la funcionaria se ve como si dirigiera una agencia que responde al gobernador Ricardo Rosselló.
“Claro que puede investigar. No necesita una querella. No solo la ley la faculta. Boria tiene que entender que no le responde al gobernador. La OPM es una entidad independiente, con poderes cuasi judiciales. No es una agencia más”, dijo Pagán al CPI.
Aunque ante este incidente la procuradora de las mujeres dijo que no puede investigar ni imponer multas sin que medie una querella, en verano había anunciado la imposición de multas por incumplimiento a varias agencias y municipios.
Para la portavoz de la Coordinadora Paz para la Mujer, todo parece indicar que Boria está rehuyendo a los poderes que el estatuto le delega.
“Me parece irónico que entre multando y ahora diga que no puede fiscalizar. Ella no puede elegir cuáles son las funciones porque hay una ley que determina cuáles son sus funciones. ¡Que se ponga a leer la ley!”, dijo López.
Por su parte, Fernós recomendó a Boria que lea la ley para que entienda los poderes de la OPM, principalmente el de fiscalizar al poder ejecutivo. “Me parece que es importante sobre todo que ella vea que [la OPM] es una agencia independiente. Que es una agencia que tiene que fiscalizar al propio gobernador, si es necesario. Tiene que fiscalizar. Esa es su función, si no pues es una agencia más”, puntualizó la abogada.
Añadió que ante los múltiples recortes de presupuesto que ha pasado la agencia, quizá no tenga los recursos legales para realizar este tipo de investigación, en cuyo caso, al menos se debió referir la querella a los fiscales o al Monitor Federal.
“En este caso, entiendo que lo más apropiado era referirle la situación al Monitor de la Policía. Tal vez la actuación más afirmativa era referir la preocupación”, insistió.
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