Uno de los nominados a Coordinador de Revitalización de infraestructura por la junta de control fiscal (JCF), el ingeniero arquitectónico Riz Shah, trabajó por 15 años en la compañía Deloitte Touche Tohmatsu Limited, subsidiaria de Deloitte LLP, la cual ha tenido contratos por más de $17.5 millones con el gobierno de Puerto Rico en los pasados diez años, según la página del Contralor de Puerto Rico.
Shah, uno de los tres candidatos nominados por la JCF para identificar, coordinar y acelerar la ejecución de proyectos críticos de infraestructura, fue el director ejecutivo de la firma líder en auditoría en Estados Unidos, Deloitte desde el 2001 hasta el 2016. El arquitecto, quien se graduó de la Universidad de Penn State, se especializó en proyectos de Medio Oriente, y trabajó en iniciativas multimillonarias en países como Dubai, Indonesia, India, Rusia y Arabia Saudita, entre otros.
Junto a Shah, la JCF, autoridad que controla las finanzas de Puerto Rico bajo la Ley de Supervisión, Gerencia, y Estabilización Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), nombró una terna que también incluye a Aaron Bielenberg y Joseph Fontana. Asimismo, le dieron un plazo de diez días al gobernador Alejandro García Padilla, para elegir entre los tres a la persona que estará interina o permanente en el puesto. Si el gobernador no cumple con el plazo que vence este miércoles, 9 de noviembre, la JCF elegirá al Coordinador de Revitalización por voto mayoritario. Además, la junta podrá cambiar al coordinador según su discreción.
Los candidatos debían ser elegidos por su “conocimiento sustancial y pericia en planificación, predesarrollo, finanzas, desarrollo, operaciones, ingeniería o participación en los mercados de proyectos de infraestructura”, según establecido en Promesa. No obstante, no pueden tener familiares, ya sea cónyuge, padre, madre, hijo o hermano que provea o haya provisto bienes y servicios al gobierno de Puerto Rico en los pasados tres años. Asimismo, tampoco es permisible que estén dando servicios actualmente en Puerto Rico o que hayan sido funcionarios del gobierno en los pasados tres años.
Shah trabajó en Deloitte hasta el pasado febrero. La empresa ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, asesoría de riesgo e impuestos, y tiene su sede en Nueva York. Entre las agencias gubernamentales en Puerto Rico que la han contratado se encuentran el Departamento de Hacienda, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros, la Universidad de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, y la Compañía de Turismo, entre otros.
La empresa cuenta con más de 245,000 empleados en 150 países, y es conocida por ser líder de las “Cuatro Grandes Auditoras”, entre las que figuran PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, y KPMG. Sus ganancias para el año fiscal 2016 llegan a $36,800 millones.
Posible conflicto de interés en el nombramiento
Según el catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Doel R. Quiñones Núñez, el conflicto de interés que podría suscitarse de ser escogido Shah, es personal, no de la empresa. “Hay que averiguar qué vínculos, desde la empresa, tiene con Puerto Rico: si es directo o indirecto. Directo es que trabaja o haya [realizado] trabajos aquí. Indirecto es que recibe dinero que se saca de ganancias de Puerto Rico”, aunque ya no trabaje para Deloitte.
Para Quiñones Núñez, el candidato deberá demostrar que no tiene vínculos con el gobierno puertorriqueño. Podría haber en su contrato, estipulaciones que establezcan que si consigue acuerdos con el gobierno puertorriqueño, obtendría ganancias. Sin embargo, el catedrático dijo que no es fácil determinar en esta etapa si hay conflictos en este posible nombramiento, “porque hay detalles que no tenemos”.
No hay constancia de que Shah haya participado directa o indirectamente en los contratos que PwC y Deloitte tuvieron con el gobierno de Puerto Rico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contactó al ingeniero, pero tras haber dado una cita para la entrevista telefónica, Shah indicó que no hará expresiones sobre Puerto Rico por instrucciones de sus reclutadores.
La compensación anual del Coordinador de Revitalización es desconocida, y será emitida por la JCF con dinero del gobierno de Puerto Rico. El director ejecutivo de la junta, que aún no ha sido nombrado, tendrá la potestad de asignar más personal para ayudar al coordinador. Una vez elegido, un promotor —una agencia o cualquier persona que proponga el desarrollo de un proyecto de infraestructura o energía— deberá someter un proyecto que será evaluado por el coordinador, quien tendrá 20 días para identificar todas las agencias de Puerto Rico “que tendrán un rol en la obtención de permisos, aprobación, autorización y otra actividad relacionada con el desarrollo de dicho proyecto sometido”.
Proyectos multimillonarios de Shah
Con más de 18 años de experiencia en servicios a empresas privadas y entidades públicas, la mayoría de los trabajos de Shah han sido con capitales multimillonarios, y trabaja con propietarios de proyectos, inversionistas, contratistas, entre otros. Se ha especializado en sectores de infraestructura, petróleo y gas, transporte, bienes raíces e industriales.
Además de Estados Unidos, ha trabajado en Europa, Asia, África y Oriente Medio. Laboró con la mayor empresa de petróleo, Saudi Aramco, para mejorar la eficiencia del capital, diseñar su manejo, construcción, entre otros servicios. También, participó de diversos proyectos multimillonarios de reestructuración en “Dubai World”, una serie de compañías de inversión que se dedican a la construcción de grandes infraestructuras.
Ha dirigido actividades de recuperación y reconstrucción para el estado de Misuri, que recibió dos subvenciones para pagar su déficit, conocidos como CDBG-DR del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El trabajo de Shah incluyó la coordinación de todas las actividades de planificación y ejecución de infraestructura asociadas con el financiamiento federal de emergencia para el “alivio de desastres”. En el proyecto, trabajó junto con planificadores urbanos y agencias federales para completar la planificación de capital, financiación, evaluaciones ambientales, adquisiciones y supervisión de construcción.
También, supervisó los fondos de emergencia asociados con los esfuerzos de reconstrucción en Cachemira, India, luego del catastrófico seísmo de 7,6 en la escala de Richter que sacudió Pakistán, India y Afganistán en octubre de 2005. El candidato ofreció servicios de asesoría en la reconstrucción de centros de salud primarios y escuelas, coordinando esfuerzos con múltiples organizaciones internacionales como USAID, DFID, World Bank y ADB, así como las empresas Pfizer, UPS, Xerox, GE y Citigroup.
Empresa donde labora Shah le da sugerencias a la JCF
Actualmente, Shah forma parte de la compañía PriceWaterhouseCooper’s (PwC) Capital Projects and Infrastructure (CP&I), dedicada en la asistencia de sectores privados y públicos, ofreciéndoles trabajos que combinan la ingeniería y las finanzas en proyectos a gran escala y de infraestructura, según su página web. Desde febrero de este año en las oficinas de Estados Unidos, Shah es el encargado de ayudar a empresas internacionales y el sector público en proyectos multimillonarios para mejorar su capital.
La empresa PwC publicó recientemente una evaluación sobre Promesa, indicando que esta ley “le ofrece una oportunidad” a Puerto Rico “de hacer cambios estructurales a la economía para que crezca”. Le recomienda que, primeramente, debe establecer una buena estructura de gobierno y luego enfocarse en tres aspectos que deben ser a largo plazo: control del sistema fiscal, reestructurar la deuda y, finalmente, cambios en el sistema de gobernar y “hasta en la cultura dentro del gobierno”.
En las recomendaciones de PwC, a nivel fiscal, sostienen que la JCF debe enfocarse, primeramente, en establecer la gobernanza mediante las siguientes recomendaciones: establecer sistemas financieros, repasar y crear políticas, establecer controles internos y manejo de recursos ambientales, y actualizar el manejo financiero de la mano de obra. Su segunda recomendación es crear un proyecto a largo plazo que dure varios años, donde se prepare el presupuesto, evalúe la información financiera y se implanten nuevos sistemas, y calcular los costes y riesgos. Por último, recomiendan aumentar las ganancias, mediante el cumplimiento del pago de los impuestos, que se creen estrategias corporativas de impuestos, se dé prioridad a cambiar las políticas de impuestos, así como actualizar los registros de propiedad, y que se reduzcan los gastos.
En el manejo público, hay dos recomendaciones de PwC a la Junta: establecer estrategias de comunicación donde “interactúen mediante actualizaciones públicas en los medios y redes sociales” y “analizar información de los medios”. En su relación con el gobierno puertorriqueño, le recomiendan poner “objetivos” y un plazo de tiempo para cumplirlos.
En cuanto a la reestructuración del gobierno, recomiendan privatizar compañías, reformar el sistema de pensiones, el sistema de salud, cambiar el “sistema de capital humano”, cambiar las políticas del Acta de Jones, la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés), entre otras. También recomiendan evaluar las políticas del Estado Libre Asociado, del gobierno centralmunicipales.
PwC también facturó sumas millonarias en la Isla
La entidad PricewaterhouseCoopers LLP(PwC), con más de 223 mil empleados y con oficinas en 157 países, tiene su sede en el distrito de Washington, D.C., y sus ganancias del último año fiscal aumentaron un 7%, generando $35,900 millones anuales, solo superadas por Deloitte. En la isla, tiene registrada una corporación, bajo el nombre de PriceWaterHouse Coopers(PwC) y ubicada en Hato Rey, que ofrece servicios de control de calidad, impuestos, consultoría y cumplimiento de pago de impuestos.
Sus servicios al gobierno de Puerto Rico le han dejado ganancias de casi $21 millones. Hasta el pasado 30 de junio, sus últimos dos contratos fueron con la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y sumaron en total $1 millón.
