La exclusión de las parejas del mismo sexo de las protecciones que brinda la Ley de Prevención e intervención con la Violencia Doméstica, la Ley Número 54, tendría un efecto divisorio en la sociedad puertorriqueña y estaría creando dos tipos de sociedades, según indicó la profesora de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Isabel Montañez Concepción.
“Tendríamos dos sociedades, una a la que yo le reconozco derechos, privilegios, y otra a la que no, y esos ciudadanos, entonces, ¿cuándo pueden reclamar el que el Estado les facilite los procesos, los resguarde, los proteja? Porque esa otra sociedad, que no pertenece a la sociedad mayor, que es invisible, a la que no le estoy reconociendo ni ciudadanía, porque la definición de ciudadanos habla de alguien que tiene derechos y deberes inherentes a su condición de ciudadano, estaría en la periferia de la sociedad”, cuestionó Montañez.
Para prevenir el efecto divisorio, la profesora considera necesario que el Estado, responsable de establecer políticas públicas que dirijan la formación y la educación de la estructura social, revise, no solo la Ley Número 54, sino todas las políticas públicas que excluyen las parejas del mismo sexo, como por ejemplo, la Ley de Adopción. Además, para Montañez el Estado también debe establecer política publica educativa de perspectiva de género.
Explica la trabajadora social que, cuando las excluyes las parejas del mismo sexo, “levantas la barrera, los conviertes en invisibles, no los reconoces, están definiendo esa relación de manera distinta a como defines la relación hombre-mujer. Es una barrera porque no le permites al resto de la sociedad empezar a incorporar”.
La exclusión de las parejas del mismo sexo de la Ley Número 54, a sido producto de una visión ideológica fundamentalista del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la que el País a estado inmersa en los últimos años, según la profesora, además de la tradición judeo-cristiana, que se mezcla con el análisis jurídico-legal. El resultado es que se quiera mantener la definición de que el matrimonio se trata de una unión entre un hombre y una mujer, porque así lo dice la Biblia, porque así se ha aprendido y porque esa es la formación ética, moral y religiosa.
“Todos tenemos la libertad de culto en este país. Muy bien. Pero el Estado no se puede hacer cargo también de validar eso, el Estado tiene que seguir con sus políticas publicas porque la relación de pareja, al final del camino no tiene que ver con la iglesia, la relación de pareja es un contrato civil”, puntualizó Montañez.
Para la profesora, la violencia doméstica se trata de un problema social, más allá de que suceda en una pareja constituida por personas del mismo género o no. Factores como la crianza y patrones culturales son elementos que se vinculan a la violencia doméstica.
Por su parte, José Toro-Alfonso, Catedrático del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, añade que la experiencia de vivir en un ambiente o lugar de origen donde hubo violencia, provoca que esa acción se normalice, es decir, que se aprenda que la violencia es una alternativa para solucionar problemas.
La mayoría de las personas que recurren a la violencia doméstica, lo vivió en su hogar antes de establecerse con su pareja. Según el profesor, un agresor probablemente fue víctima de violencia doméstica por parte de alguno de los padres o hermanos.
Además, otro elemento vinculado a la violencia doméstica, es que el agresor vive dentro de una sociedad que le permite “salirse con la suya”, explicó Toro-Alfonso. En una pareja homosexual, es muy probable que el agresor cometa el acto violento sabiendo que legalmente no le sucederá nada.
Según el Catedrático, las personas que recurren a la violencia tienen indicadores pobres de destrezas para solucionar conflictos y recurren a la violencia como la única alternativa que conocen para solucionar un problema. Sin embargo, el elemento clave es que se trata de una decisión. Esto significa que, entre otras alternativas, los agresores optan por la violencia. Este hecho cambia la mirada tradicional de la violencia doméstica como violencia de género, partiendo de la premisa de que los hombres son todos agresores o posibles agresores y las mujeres todas son posibles víctimas.
“Ese esquema, que es el esquema feminista, no encaja en los modelos de personas del mismo sexo, porque si el hombre siempre es agresor por ser hombre, ¿cómo explicaría que un hombre se convierte en víctima en una relación de dos gays? O si la mujer siempre es víctima, ¿cómo una lesbiana en una relación se puede convertir en una agresora?”. Contestando sus propias interrogantes, el profesor explicó que el planteamiento detrás de la violencia es la diferencia de poder. Es decir, se trata de relaciones de poder, donde la persona que tiene más poder se atribuye el derecho de agredir a la pareja.
En parejas homosexuales el poder puede significar la educación, preparación académica, nivel de aceptación social, quién tiene más amistades y quién es más simpático, quién es más atractivo o atractiva, quién tiene el pene más grande entre dos hombres, etc.
Muchos de estas definiciones de poder aplican también a relaciones heterosexuales, lo que quiere decir que el género no es el único indicador de poder o violencia en una relación heterosexual y existen varias formas en las que el género se puede instituir en una relación.
Según José Toro-Alfonso, autor del libro Al margen del género: La violencia doméstica en parejas del mismo sexo, era clara la intención de la Ley Número 54 de incluir a las parejas del mismo en las protecciones que brinda esa política pública. Sin embargo, el profesor añade que “la legislación no está exenta del sesgo moralista y prejuiciado y a raíz de la decisión del Tribunal Supremo quedan fuera, lo que coloca un sector importante de la comunidad en Puerto Rico al margen de la protección de la Ley”.
El profesor, quien ha realizado varios estudios de violencia doméstica entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico, indica que la prevalencia de violencia en parejas heterosexuales y homosexuales es muy similar. Un 30 por ciento de las parejas heterosexuales y un 30 por ciento de las parejas del mismo sexo, viven en relaciones de violencia doméstica en Puerto Rico, por lo que es necesaria la inclusión de las parejas homosexuales en la Ley Número 54 y el reconocimiento formal y legal de todo tipo de relación por parte del Estado.
Precisamente, el hecho de que una víctima de violencia doméstica en una pareja del mismo sexo no encuentre apoyo en los sistemas legales y sociales gubernamentales, es una de las causas principales por las cuales una víctima se expone a la posibilidad de daño físico repetitivo o re-victimización, pues no encuentra otro remedio que regresar a la situación de maltrato.
“Desde el punto de vista psicológico, la sensación de desamparo, la sensación de abandono y de desvalorización de su situación, aumenta los estresores psicológicos que, desde luego, tiene como consecuencia altos niveles de depresión y altos niveles de ansiedad”, indicó Toro-Alfonso.
Para ambos expertos, la profesora Isabel Montañez y el profesor José Toro-Alfonso, el Estado tiene que reconocer ya las relaciones de parejas del mismo sexo. Según Toro-Alfonso, es necesario que todas las leyes protejan en igualdad de condiciones a parejas heterosexuales y homosexuales.
Mienstras que Montañez añade que, el Estado tiene que reconocer que hay diferentes tipos de familia y debe trabajar para fortalecer cada uno de esos tipos, en lugar de pelear contra una realidad.
Esto, ya que para los expertos, una relación no se construye partiendo del género al que cada cual pertenece, sino del amor y el deseo de compartir y vivir unas experiencias. Dice la profesora Montañez que no se trata de tolerar la diversidad, “yo no la tolero, yo la vivo, la reconozco y la celebro… Este es el espacio donde cabemos todos”.
Tercero y final de una serie especial.
