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Fotograma de la promoción del programa Cara a Cara con Cimadevilla
La junta de control fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público.
“Precisamente ese es el problema. En estos momentos la junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral. La empresa que dirige y que obtuvo el contrato con la junta, Forculus, tuvo más de $1 millón en contrataciones durante la administración de Fortuño.
En la tarde del lunes, la JCF publicó un comunicado donde aparece por primera vez un contacto de prensa, Edward Zayas, exjefe de comunicaciones de La Fortaleza durante la administración de Fortuño, exeditor jefe de El Vocero, exreportero de El Nuevo Día y Caribbean Business quien ahora trabaja para Forculus. Las comunicaciones anteriores de la junta habían sido enviadas por el equipo de prensa de Alejandro García Padilla en La Fortaleza.
La mayoría de los puertorriqueños nombrados a la JCF tienen claros vínculos con el PNP. Carlos García, uno de los miembros de la JCF, fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración Fortuño y organizó eventos de recaudación de fondos para este. José Carrión III, presidente de la JCF, es hermano de María Elena Carrión, presidenta de Cultural Capital, empresa que tiene como clientes a fondos de cobertura con bonos del gobierno y quien está casada con el también penepé Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington y miembro del Grupo de Trabajo del Congreso establecido por la ley Promesa para evaluar propuestas económicas para Puerto Rico. Fortuño negó que haya cabildeado a favor de candidatos para la JCF.
Pero la contratación de Forculus, que destaca entre sus cualidades su “acceso sin precedentes a los jugadores clave en los medios de comunicación, el gobierno y la comunidad empresarial de Puerto Rico”, abona a la influencia de exfuncionarios del PNP en la JCF.
“La contratación (de Forculus) fue el resultado de un proceso competitivo en contestación a una solicitud de propuestas”, dijo Zayas al CPI. Sin embargo, las únicas dos solicitudes de propuesta que ha publicado la JCF en su página de Internet corresponden a una para asesoramiento legal y otra para consultoría estratégica. El comunicado se publicó precisamente para “aclarar dudas” respecto a las solicitudes de propuestas que vencen el jueves 27 de octubre.
“La transparencia es principio rector del funcionamiento de la junta. Todos los contratos de la junta estarán sujetos a divulgación pública. La junta está aún en el proceso de determinar los procedimientos administrativos que seguirá para hacer disponibles al público todos los contratos que otorgue, ya que no le aplican los del gobierno de Puerto Rico. En cuanto esos procedimientos se hayan establecido, se harán públicos”, contestó más tarde Zayas a la solicitud del contrato que hizo el CPI. Al margen de proveer el documento, Zayas no contestó cuál es el monto del contrato ni la duración del mismo.
El limbo administrativo
“Según la Constitución, toda contratación que conlleve fondos públicos del gobierno de Puerto Rico hay que registrarla en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, dijo Lisandra Rivera, portavoz de prensa de la Oficina del Contralor, donde hasta la fecha no se ha registrado el contrato entre la JCF y Forculus.
La ley Promesa que rige la junta de control fiscal establece en el artículo 103 que “cualquier disposición de las leyes del territorio abarcado que rijan la contratación pública no aplicarán a la junta de control fiscal”.
No obstante, en el Título I, Promesa dispone que todos los miembros de la JCF estarán sujetos a requisitos del United States Code, el cual vela por los conflictos de intereses de empleados federales. Además, todos los miembros y el personal designado por la JCF quedarían sujetos a divulgar sus intereses financieros siguiendo los requisitos de la Ley de Ética del gobierno estadounidense. Esa misma sección de Promesa promueve la transparencia de los contratos y obliga a la JCF a trabajar con la “Oficina del Contralor del territorio” para asegurar que se registren y se publiquen los contratos del gobierno y las entidades de Puerto Rico.
“¿Pero cómo y quién los va a detectar, si no se registran los contratos de forma estructurada?”, cuestionó Carlos Ramos González, abogado constitucionalista.
“Esa ley ‘Promesa’ está diseñada para que exista ese vacío, con ribetes federales y territoriales. Hace claro que la junta no se tiene que regir por las leyes por las que se rigen las agencias del gobierno de Puerto Rico. Es una junta con muy pocos controles. No es del gobierno de nadie, ni del territorial ni del federal, sino que es del Congreso, pero no se sabe cómo se fiscaliza”, observó Ramos González.
El CPI había solicitado información al Departamento de Hacienda (DH) sobre qué tipo de cuenta de banco tiene la JCF, quién maneja los desembolsos y dónde estarán registrados los contratos. Maru Quintero, directora de comunicación de la agencia contestó que “la cuenta es de la junta, cualquier pregunta relacionada al tipo de cuenta, los controles y los desembolsos, debe ser dirigida a la junta. Tampoco nos corresponde el tema de los contratos”.
A diferencia de Puerto Rico, en la ciudad de Detroit, la junta de control fiscal rinde cuentas al Departamento de Hacienda de Michigan, pues en Estados Unidos son los estados quienes establecen las juntas de control fiscal y no el Congreso.
Contratista de la administración Fortuño
Los contratos que obtuvo Forculus con la administración Fortuño incluyen uno por “servicios de consultoría” con la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($50,000), y cinco con la Oficina del Gobernador por “compra, venta, y alquiler de equipo” y “servicios relacionados con procesamiento electrónico de datos”, que sumaron $382,500.
Entre 2009 y 2011, Forculus obtuvo siete contratos por “servicios de consultoría” que sumaban $563,600 con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuando el presidente de esa entidad era Carlos García, quien firmó algunos de los acuerdos entre el BGF y Forculus, según los documentos registrados en la Oficina del Contralor.
Ahora Carlos García, como miembro de la junta de control fiscal, es parte del comité encargado de identificar a un director ejecutivo y contratar personal para la junta. Ana Matosantos y José Carrión III, presidente de la junta, también forman parte del comité, como se estableció en la primera reunión del organismo que tomó control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico por medio de la ley federal.
Forculus Strategic también firmó cinco contratos entre 2009 y 2012 con la Compañía de Fomento Industrial (CFI), tres de ellos de $100,000, por “servicios de publicidad, de representación o artísticos”. En total, los contratos con la CFI suman $380,000.
Forculus tiene como clientes a las empresas Pattern Energy, empresa encargada la plantación de los molinos de viento en Santa Isabel; Doral Bank, Quirch Foods, Centro Comprensivo de Cáncer y Johnson & Johnson. También tiene como clientes al consorcio Metropistas y su matriz Abertis, quienes desde el 2009 operan las autopistas PR-22 y PR-5 a través de una alianza público privada impulsada por la administración Fortuño.
Entre 1993 y 1999, bajo la administración de Pedro Rosselló, Cimadevilla trabajó para el Departamento de Estado como secretario auxiliar de asuntos del Caribe, y como subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). En el DDEC, Cimadevilla fue “responsable de investigación, análisis y formulación de la política pública del gobierno local en el desarrollo económico, y asistió al Secretario del DDEC en la supervisión y coordinación de las ocho agencias y dos empresas públicas responsables del desarrollo económico y el comercio de Puerto Rico”, según indica en su perfil corporativo.
De 1999 al 2009, Cimadevilla fue editor jefe del semanario Caribbean Business y actualmente es conductor del programa Cara a Cara con Cimadevilla en el canal Mega TV, cuyo primer programa en agosto de este año trató el tema de la junta y contó con la participación del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Pierluisi y Fortuño.
Los donativos de Cimadevilla
En 2016, Cimadevilla donó $500 a Thomas Rivera Schatz, senador y vicepresidente del PNP, y realizó tres donativos de $500 a Miguel Romero, actual aspirante al senado y exsecretario de la gobernación y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos bajo la administración de Fortuño.
En 2014, Cimadevilla donó $250 a José Luis Fernández, republicano aspirante a la Cámara de Representantes del Congreso.
En 2015, aportó $500 a Pedro Pierluisi. El mismo año, realizó tres donativos de $51 a Igualdad Futuro Seguro Inc., un Comité de Acción Política estadista fundado por Hernán Padilla, exalcalde de San Juan.
En 2012, Cimadevilla hizo dos donativos de $2,500 al Partido Nuevo Progresista y uno de $2,500 a Luis Fortuño. El mismo año donó $1,500 al comité Pierluisi Inc., según la Comisión Federal de Elecciones disponibles en ABRE Puerto Rico.
En 2011, donó $1,000 a Fortuño y $1,000 al PNP.
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