Como evidencia el relato de Wilfre Carrasquillo que presentamos ayer en la primera parte de la serie, la llegada a Puerto Rico del servicio de transporte Uber ha causado gran conmoción a lo largo de la pasada semana. Protestas violentas de taxistas, multas a los conductores de la compañía y pleitos legales son solo parte del escenario que se ha creado a partir de la presencia uberiana en las calles.
Y la realidad es que, si nos dejamos llevar por lo que ha sucedido en decenas de países, dicho panorama no debería sorprender a nadie. A pesar del innegable crecimiento del que ha gozado -o más bien debido a ello-, la confrontación física en las calles y las batallas legales entre Uber y las agencias reguladoras han sido la orden del día en muchos de los lugares en que se ha presentado la empresa con la intención de plantar bandera.
Las controversias legales de Uber -una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los usuarios conseguir transportación a precios generalmente más baratos que los taxis tradicionales- se han manifestado en lugares tan diversos y distantes como California, Francia, India, Brasil y España, entre muchos otros.
En España, por ejemplo, una corte de Madrid puso en 2014 un alto a todas las operaciones de Uber en el país, mientras que en Alemania se decretó el año pasado que el servicio más barato que ofrece la compañía, UberPOP, era ilegal, puesto que violaba las leyes de transporte, por lo que se impusieron cuantiosas multas. La razón principal para los bajos precios de UberPOP es que los conductores no cuentan con licencias comerciales para transportar pasajeros.
Tan reciente como en junio, una corte en París multó a Uber y a dos de sus ejecutivos en Francia por un total de $1.1 millones. Al igual que en Alemania, y otras naciones europeas como Bélgica, Holanda y Suecia, UberPOP dejó de funcionar en Francia, lo que de acuerdo con el artículo del Wall Street Journal, le costó a la compañía cerca de 500 mil clientes en el país.
A las cuestionables maniobras legales de Uber para establecerse en cientos de ciudades alrededor del mundo -en total ofrecen servicios en 483 ciudades, según su página web- se le suma la fuerte oposición que han presentado los gremios de taxistas en prácticamente todos los lugares en que ha aparecido la empresa, construyendo así una ecuación que genera el caos que ahora estamos experimentando en Puerto Rico.
Francia, México, Chile, Canadá y Colombia son solo algunos de los países en donde los taxistas han enfrentado violentamente vehículos de Uber que transitaban por las calles, provocando situaciones como la que vivió Carrasquillo hace unos días.
El turno de Puerto Rico
El limbo legal en el que existe Uber, tanto en lo que se refiere a los permisos de transportación de los conductores como a los parámetros -al momento inexistentes- para fiscalizar las ganancias económicas que genere el servicio, se ha hecho sentir a su máxima expresión en Puerto Rico.
Desde el viernes, una orden de la jueza Rebecca de León paralizó las operaciones de Uber en la isla, entretanto se determina cuál agencia gubernamental es la encargada de regular a la empresa. Al mismo tiempo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas le concedió una licencia provisional para continuar operando en el país, pero la Comisión de Servicio Público (CSP) -la parte demandante en el caso- no la aprobó. Por lo tanto, la compañía presentó este lunes un recurso de apelación.
“La controversia según yo la veo, es la misma que hay en otros países. El sistema obviamente no está hecho para compañías que ofrecen servicios y crean una dinámica como Uber. Así que las leyes y reglamentos no lo contemplan, y mi opinión es que no saben donde meterlo y qué hacer con ellos”, expresó a Diálogo la abogada Yolanda Cabrera.
La decisión del tribunal fue parte de una ajetreada primera semana para la compañía en Puerto Rico.
El lunes 11 de este mes, Uber se estrenó en la isla ofreciendo transportación gratuita a modo de prueba. A pesar de ello, su presencia no estuvo exenta de controversia, ya que además de las protestas encabezadas por la Federación de Taxistas, la Compañía de Turismo (PRTC, por sus siglas en inglés) se vio en la obligación de multar a al menos siete choferes de la empresa que decidieron ofrecer sus servicios en el área del aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Uber no contaba con permiso de Aerostar Airport Holdings, compañía que administra el aeropuerto, ni de la PRTC, para operar en los predios del Luis Muñoz Marín.
A partir del miércoles comenzaron a cobrar por el transporte de pasajeros unas tarifas que arrancan en $3 y aumentan según la distancia y duración del trayecto, hasta que llegó el interdicto de la corte.
De hecho, hace dos días, la CSP le ofreció a Uber la oportunidad de retomar sus operaciones en la isla mediante un permiso provisional, bajo la condición de que se adhirieran a sus parámetros, a lo que la compañía se negó, aduciendo que los reglamentos de la comisión no se ajustan a su modelo empresarial.
Es precisamente ese modus operandi de Uber, particularmente en lo referente a la relación contractual que mantiene con sus conductores lo que ha causado grandes dolores de cabeza en otras jurisdicciones y, pudiera presumirse que causaría dolores de cabeza en Puerto Rico más adelante, de llegar a ese punto.
“Uber clasifica a sus conductores como contratistas independientes. Hay unos criterios para determinar si una posición es de contratista independiente o de empleado bonafide. Lo que pasa es que tanto el IRS (Internal Revenue Service) como la jurisprudencia son bien poco específicos cuando tocan el tema”, explicó Cabrera.
Para la experta en derecho laboral, sin embargo, en el trato de Uber hacia sus choferes se perciben unas inconsistencias que llevarían a algunos a cuestionar si, realmente, se puede considerar a estos últimos contratistas independientes.
“Uber puede castigarlos si no cumplen con ciertos requisitos, ya sea sacándolos del programa o de alguna otra manera. Ahí se rompe un poquito [esa relación patrono-contratista]. Ser contratista conlleva que tú no tienes ningún beneficio como licencia de vacaciones, pero puedes trabajar cuando quieras, el tiempo que tú creas es conveniente para ti”, puntualizó Cabrera.
Este tema reviste de importancia puesto que salió a relucir que Uber -cuyo valor superaría los $68 mil millones de acuerdo con Forbes– planificaba reclutar hasta 16 mil conductores solo para el área metropolitana.
El disgusto de los taxistas con Uber, en gran medida, se debe a que consideran que, al no requerirle a sus conductores el mismo volumen de permisos, representan para ellos una competencia desleal a sus labores.
“Los conductores de Uber no cumplen con ninguno de los requisitos que se le exigen a todos los taxistas y transportistas, ya sea de guagua bajo la CSP o bajo Turismo en el caso de los taxistas. Uber no tiene que cumplir con nada de eso, no tienen que hacerlos porque esto es alguien que está dando pon, lo que pasa es que es un pon bien organizado y estructurado”, manifestó Cabrera.
“Yo no sé si es competencia desleal, pero debe modificarse el sistema para que sea más flexible y atemperarlo a esta nueva realidad y desarrollo que ha surgido de estas compañías. [Si no se flexibilizan los permisos] no hay ningún incentivo para ser taxista, y para utilizarlo tampoco porque es más caro. Y como son más fiscalizados lamentablemente están en unas áreas determinadas, es más difícil coger un taxi. Aunque apoyo que Uber esté en Puerto Rico hay que modificar el sistema para que sea más equitativo”, reiteró la licenciada.
En fin, que este UberCaos es uno que pica y se extiende a nivel global, y solo resta por ver si Puerto Rico lo vivirá desde el terreno de juego, o si por el contrario, se limitará a disfrutarlo desde las gradas con popcorn en mano.
