Líderes comunitarios del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, en conjunto con los licenciados Judith Berkan, Pedro Saadé y Mary Jo Méndez, se preparan para la argumentación oral que tendrán que presentar este año, frente a un panel de jueces del Circuito de Apelaciones de Boston, para denunciar las supuestas acciones inconstitucionales que está realizando el Gobierno. Ya se tiene conocimiento que la vista del caso se verá este próximo mes de marzo en Puerto Rico, aunque no se sabe todavía ni el día, ni la hora, ni el lugar en que se efectuará. “Nuestra meta con esta vista es lograr que el injunction preliminar se entienda y que podamos demostrar la inconstitucionalidad de la Ley 32”, comentó María E. Hernández Torrales, presidenta de la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso. Hernández Torrales manifestó en un comunicado que los líderes comunitarios solicitaban con esta apelación un interdicto para detener las acciones del Municipio de San Juan, expresadas a través de su Alcalde, de otorgar durante los meses de diciembre y enero más de 2,000 títulos de propiedad individual sobre tierras que ya son de la comunidad a través de su Fideicomiso. El pasado viernes, 22 de enero, los residentes del Caño Martín Peña recibieron la noticia de que el Circuito de Apelaciones de Boston había paralizado la Ley 32 que firmó el gobernador Luis Fortuño el 23 de junio de 2009 y que de forma retroactiva pretende arrebatarle las tierras al Fideicomiso. Fue la directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Lyvia Rodríguez, quién comunicó esta inesperada noticia de la victoria legal tras ganar el injunction preliminar. “Este injunction tiene el impacto de proteger las tierras del Caño. Por cuanto, los efectos de la Ley 32 quedan detenidos. Este recurso legal dispone que el Gobierno no puede practicar esta Ley”, expresó Hernández Torrales, quien también es abogada ambiental. Los licenciados Judith Berkan, Pedro Saadé y Mary Jo Méndez fueron los que de forma gratuita representaron al Fideicomiso en este caso, con la ayuda de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las contribuciones de otros individuos y organizaciones solidarias. Esta apelación surge a raíz de la decisión del juez Francisco Besosa, del Tribunal de Distrito Federal en San Juan, de desestimar, el pasado 10 de noviembre, el caso sin entrar en sus méritos. Celebran los residentes del Caño “Recibimos con euforia y alegría este injunction, porque es la segunda vez que se toma en cuenta nuestro caso. Con este recurso podemos tener las de ganar”, opinó Mario Núñez Mercado, presidente del Grupo de las Ocho Comunidades aledañas al Caño Martín Peña (G-8). Por su parte, la abogada Berkan dijo a un rotativo local que “el Tribunal del Circuito de Apelaciones ha entendido nuevamente la importancia de los planteamientos de nuestra apelación. En octubre, le dio al Tribunal de (Primera) Instancia la oportunidad de otorgar un remedio provisional, lo que no ocurrió. Estamos sumamente complacidos con la decisión y convencidos de la fortaleza de nuestros reclamos y de la probabilidad de prevalecer”. Tras recibir la noticia, los residentes del G-8 se llenaron de alegría y de esperanzas de que la argumentación oral de marzo dé buenos resultados. Como comentó la lideresa Felícita Maldonado, este injunction les augura un buen futuro, pues podrían haber grandes posibilidades de ganar el caso. “El Gobierno actúa de manera contradictoria porque un día apoya a las comunidades y otro día las quiere desalojar”, añadió Maldonado. Esta líder comunitaria insistió en que el G-8 necesita el apoyo del Gobierno para poder realizar un Plan de Desarrollo Integral. “Queremos que el Gobierno no nos vea como enemigos, sino como aliados”, dijo Maldonado. Por su parte, la residente Amparo García coincidió con Maldonado al expresar que el Gobierno debe ser solidario con los ciudadanos para ahorrar trabajo y dinero. “Al final vamos a prevalecer”, opinó García. Pasos a seguir El Fideicomiso presentó recientemente ante el Gobierno su alegato que contenía las réplicas a los planteamientos que el Estado ha sometido y la importancia que tiene el Fideicomiso para el beneficio del G-8. “Los licenciados encargados han trabajado arduamente en la redacción de este documento y ya fue sometido. Ahora sólo nos resta esperar a la vista en su fondo”, expresó el Presidente del G-8. Fideicomiso de la Tierra del Caño El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, aprobada unánimemente por la Legislatura. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera similar a un condominio. Por su parte, el G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. El G-8 se compone por las comunidades: Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
